Polémica por examen de ADN en Argentina

En Argentina causa controversia un proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional que establece la obligatoriedad de los exámenes de ácido deoxirribonucleico (ADN) para aquellas personas que podrían ser hijos de desaparecidos.

Image caption Se estima que unos 500 niños fueron apropiados por las autoridades militares y entregados a terceros.

La iniciativa fue aprobada en la noche del miércoles por la Cámara de Diputados, y deberá ser debatida ahora en el Senado.

La norma propuesta por la mandataria Cristina Fernández de Kirchner le permite a la justicia extraer pruebas de ADN a una persona "cuando ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación".

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El proyecto estipula que el análisis genético podrá realizarse a través de la obtención de "mínimas extracciones de sangre, saliva, piel y cabello u otras muestras biológicas", aunque también permite al juez secuestrar objetos "que (las) contengan ya desprendidas del cuerpo", como cepillos de pelo o de dientes.

La iniciativa es respaldada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de derechos humanos que se dedica a localizar e identificar a los niños nacidos en cautiverio, cuyos padres fueron secuestrados por el Estado durante el último régimen militar (1976-1983).

Se estima que unos 500 niños fueron apropiados por las autoridades militares y entregados a terceros que, en muchos casos, los criaron sin informarles sobre su verdadero origen.

Este martes, las Abuelas dieron a conocer el hallazgo del "nieto recuperado" número 98: un joven de 29 años que se había acercado a la organización debido a las dudas que tenía sobre su procedencia.

Para la presidenta de las Abuelas, Estela de Carlotto, la ley propuesta por el gobierno va a permitir encontrar al resto de los niños apropiados por el Estado que aún no han sido identificados.

Opiniones divididas

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta medida.

El abogado Julio César Strassera, que fue el fiscal a cargo del juicio contra las juntas militares acusadas de haber secuestrado y desaparecido a entre 15.000 y 30.000 personas, es uno de los críticos del proyecto de ley.

"Hay que respetar a quienes no quieren averiguar su origen", afirmó en declaraciones a Radio Continental.

Para el letrado, este tipo de medida sería admisible en caso de menores, pero no debería usarse para hallar a los hijos de desaparecidos que ya son mayores de edad.

"No se puede tratar de defender los derechos humanos contra los derechos humanos", sostuvo.

En tanto, una encuesta publicada en la edición online del diario argentino La Nación mostró un fuerte apoyo a esta visión, con un 76,56% de opiniones en contra de la obligatoriedad de los exámenes de ADN.

Quien no comparte esa opinión es la diputada oficialista Victoria Donda, una de las impulsoras de la ley.

Donda es hija de padres desaparecidos, y descubrió su verdadero origen en 2003, tras someterse a las pruebas de identificación. El hombre que la apropió y la crió está detenido y afronta un juicio por crímenes de lesa humanidad.

"Es un derecho de la sociedad conocer la verdadera identidad de quienes fueron víctimas de la dictadura", señaló, defendiendo el proyecto.

Para la legisladora, si el Estado obliga a los posibles hijos de desaparecidos a someterse a una prueba de ADN les quita de encima "la culpa" que sienten al someterse al examen de forma voluntaria.

Perseguir a los responsables

Según el gobierno, el proyecto de extracción compulsiva de ADN se inscribe en la obligación del Estado argentino de perseguir y sancionar penalmente a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Para muchos, aquí reside el principal dilema de la nueva ley, ya que algunos jóvenes se rehúsan a someterse a los exámenes genéticos porque saben que éstos se usarán para procesar a quienes los criaron.

Ese fue el caso de Evelyn Vázquez Ferrá, una joven que se negó en 2001 a someterse a un análisis de sangre para determinar su procedencia.

En 2003, la Corte Suprema de Justicia avaló su postura y determinó que no se le podía extraer sangre de forma compulsiva. Sin embargo, una segunda resolución del tribunal permitió que la justicia obtuviera objetos suyos que contenían material genético.

Las pruebas de ADN determinaron que era efectivamente hija de desaparecidos. Sus padres adoptivos fueron detenidos y en la actualidad afrontan en libertad un proceso judicial.

¿Trasfondo político?

Además de los muchos cuestionamientos morales que suscita la propuesta, en los últimos días también ha surgido un fuerte debate respecto a posibles motivaciones políticas que pudieron haber inspirado la nueva propuesta gubernamental.

Image caption Las Abuelas dieron a conocer recientemente el hallazgo del "nieto recuperado" número 98.

La líder de la opositora Coalición Cívica, Elisa Carrió, acusó al gobierno de impulsar la ley para perjudicar a la dueña del Grupo Clarín, el principal multimedios argentino, que está duramente enfrentado con las autoridades nacionales.

En una conferencia de prensa, Carrió aseveró que el proyecto "está dirigido a los hijos de la señora (Ernestina Herrera) de Noble", la dueña de Clarín, que, junto a su marido, adoptó a una niña y a un niño a mediados de los años 70.

Una vocera de las Abuelas de Plaza de Mayo le dijo a BBC Mundo que la organización recibió denuncias afirmando que Felipe y Marcela Noble podrían ser hijos de desaparecidos.

La organización inició una causa contra la empresaria en 2002, junto con los familiares de cuatro víctimas de la represión que -creen- podrían ser los padres biológicos de los jóvenes.

Un juez federal ordenó la detención de Herrera de Noble en diciembre de 2002 tras hallar irregularidades en los trámites de adopción, pero la empresaria fue liberada y la causa aún permanece abierta.

En tanto, Felipe y Marcela Noble se han rehusado a cumplir con la orden de someterse a un examen de ADN.

"Venganza personal"

Para Carrió, el proyecto del gobierno es "un instrumento de venganza personal" de la mandataria y de su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, contra Clarín.

"Los hijos de la señora de Noble son nuestros hijos", afirmó, en rechazo de la propuesta de ley.

Sus dichos fueron duramente criticados por Estela de Carlotto, que acusó a la líder opositora de "minimizar la búsqueda de 32 años de las Abuelas".

La dirigente social afirmó que el proyecto del Poder Ejecutivo fue propuesto por su organización y afirmó que está en línea con los convenios internacionales suscritos por Argentina.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, lamentó que Carrió "pretenda desconocer el reclamo histórico de las Abuelas de Plaza de Mayo".

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