Polémica por nuevo jefe militar en Chile

Juan Miguel Fuente-Alba. Foto cortesía presidencia de Chile
Image caption Organizaciones de derechos humanos acusan al militar de estar involucrado en la Caravana de la Muerte.

La nominación de Juan Miguel Fuente-Alba al mando del Ejército de Chile despertó críticas de las organizaciones de derechos humanos, que fueron desestimadas por la justicia.

Cuando la presidenta Michelle Bachelet designó como nuevo comandante en jefe del Ejército a Juan Miguel Fuente-Alba su decisión generó reacciones adversas, ya que se lo acusó de estar involucrado con los crímenes lesa humanidad de la llamada Caravana de la Muerte, durante el régimen de Augusto Pinochet.

Los cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos al general recaen en la calidad de subteniente que ostentaba en Calama en octubre de 1973, cuando el escuadrón militar que recorrió el país persiguiendo opositores después del golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año, pasó por esa ciudad ubicada a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago.

Fuente-Alba declaró en el proceso que él se encontraba fuera de Calama, vigilando la mina de cobre de Chuquicamata, cuando el grupo liderado por Sergio Arellano Stark terminó con la vida de 26 prisioneros.

Sin embargo, abogados de derechos humanos y representantes de las víctimas rechazaron su nombramiento. Así lo manifestó a BBC Mundo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.

"La situación es en extremo delicada, porque estamos dejando al mando de un ejército que no se ha depurado y que tiene las manos manchadas con sangre, a un sujeto que fue cuestionado por su vinculación con una de las causas más brutales del terrorismo de Estado, como la Caravana de la Muerte", afirmó.

Respaldo judicial

El juez Víctor Montiglio es el encargado de llevar adelante el caso de la Caravana de la Muerte y, ante las múltiples reacciones tras el nombramiento del nuevo comandante en jefe del Ejército, dio a conocer su visión respecto de la causa, aclarando que Fuente-Alba no tiene relación con el caso.

"Lo que concretamente yo puedo sostener con seriedad es que en el proceso, en estos momentos, no hay antecedentes para dirigir alguna acción contra el general mencionado por ustedes", manifestó a los medios de comunicación.

Montiglio recalcó que, si tuviera datos respecto de una eventual vinculación del general con la muerte de los detenidos de Calama, ya se habrían adoptado "otro tipo de medidas". "Pero como eso no es así -añadió-, la situación de él es que no tiene por ahora mayor responsabilidad en los hechos".

Las palabras del juez fueron un respaldo esperado en las altas esferas del gobierno, que tras el anuncio del pasado viernes ha insistido en defender la inocencia del uniformado en los hechos que se le imputan.

Apoyo de una víctima

La abogada de derechos humanos Carmen Hertz estaba casada con el periodista Carlos Berger para el golpe de Estado y el 19 de octubre de 1973 su esposo murió tras el paso de la comitiva de Arellano Stark por Calama.

Image caption A pesar de las críticas, Bachellet nominó a Fuente-Alba como nuevo comandante en jefe del Ejército.

Aunque Hertz ha buscado siempre justicia por el crimen de su marido, el lunes salió a respaldar la decisión presidencial sobre el nuevo comandante en jefe del Ejército.

"El general Fuente-Alba, entonces subteniente, no tiene responsabilidad alguna en la masacre ordenada por Sergio Arellano Stark", declaró la abogada, quien recordó que el origen de la acusación contra el uniformado está en otro militar procesado por violaciones de los derechos humanos.

"Cabe señalar que el gran acusador de Fuente-Alba es un conocido perpetrador de crímenes contra la humanidad como el ex brigadier Pedro Espinoza, miembro de la plana mayor de la DINA (policía secreta del régimen) y mentiroso profesional, que se ha caracterizado, junto a Manuel Contreras (ex jefe de la DINA), por urdir maquinaciones y patrañas desde los penales donde están cumpliendo condena", indicó.

Fuente-Alba, de 56 años, asumirá el cargo el 9 de marzo de 2010 en reemplazo del actual comandante en jefe, Óscar Izurieta.

Y aunque desde el gobierno reiteraron su respaldo y en los tribunales defendieron su inocencia, la AFDD estudia -junto con abogados de derechos humanos- los pasos legales por seguir para evitar que el general se haga cargo de la rama castrense.

"Lo que conversamos con el abogado Hugo Gutiérrez es que vamos a evaluar lo que vamos a hacer, porque la situación es en extremo grave y en extremo delicada", recalcó Lorena Pizarro.

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