Ley de Medios lista para debate

Micrófonos en estudio de radio
Image caption El proyecto determina sanciones para los medios: amonestaciones, multas, suspensión y clausura.

El proyecto final de Ley de Comunicación fue entregado este sábado a la Asamblea Nacional por parte de la comisión legislativa encargada de su elaboración, y pronto despertó el rechazo de medios de comunicación y organizaciones periodísticas que lo calificaron de atentatorio a la libertad de expresión.

Con los votos del oficialismo, la Comisión de Comunicación de la Asamblea redactó un proyecto legal que determina sanciones para los medios de comunicación que incluyen amonestación escrita, multas por hasta US$10.000, suspensión de uno a 30 días, y clausura del medio.

Junto con ello se crea un Consejo Nacional de Comunicación e Información que velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley, y que sería integrado por dos representantes del gobierno, uno de las facultades de comunicación, y tres de la ciudadanía.

De igual forma, el proyecto establece que las direcciones editoriales y la elaboración de la noticia en los medios de comunicación deberán estar a cargo únicamente de periodistas profesionales o comunicadores sociales titulados.

A última hora, la comisión legislativa no incluyó en el proyecto legal una limitación a los juicios de opinión relacionados con la administración de justicia que había sido aprobado previamente.

"Proyecto restrictivo"

César Ricaurte, director de Fundamedios, organización de defensa de la libertad de expresión, dijo a BBC Mundo que el texto entregado a la Asamblea es "un proyecto restrictivo de las libertades y derechos de los ciudadanos, que vulnera gravemente la libertad de expresión".

A decir de Ricaurte, el proyecto impulsado desde el oficialismo ha sido diseñado con un carácter punitivo.

"Se está creando un tipo de delito especial para los medios, que equivale a los delitos mediáticos que se inventaron en Venezuela", manifestó Ricaurte, al criticar el que la comisión legislativa que redactó el proyecto amplió el concepto de responsabilidad ulterior sobre el accionar de los medios a lo que determine la Ley de Comunicación, más allá de lo que ya dispone el ordenamiento jurídico general ecuatoriano.

Ricaurte señaló que el proyecto legal debió, al contrario, avanzar hacia la supresión de normas legales como las del desacato, "algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que sea sacado de las legislaciones en la región".

El presidente de la Asamblea Nacional y asambleísta del partido de gobierno, Alianza País, Fernando Cordero, dijo que si hay una ley en Ecuador, sea la de Comunicación u otra, que restrinja derechos como el de la libertad de expresión "merecería desecharse, archivarse o, como dice se dice popularmente, botarse a la basura".

No obstante, Cordero descartó que ese sea el caso del proyecto de Ley de Comunicación. "No creo que en este caso estemos frente a ese escenario, pero eso será calificado por el pleno. Si la ley tiene una serie de artículos positivos y tiene algunos que pueden ser motivos de debate o cambio, se la revisará", expresó, al lamentar que la discusión en torno a la Ley hasta el momento haya sido "llena de prejuicios, y verdades a medias".

La presidenta de la Comisión de Comunicación y también asambleísta de Alianza País, Betty Carrillo, por su parte, defendió el trabajo de su comisión.

"No es una ley que coarte la libertad de expresión, más bien es una ley que garantiza el debido acceso a una información verificada, y que, por supuesto, que tiene que tener sanciones frente al incumplimiento de la ley y a la violación de los derechos de las personas", dijo Carrillo a BBC Mundo.

La asambleísta explicó que para que un medio de comunicación sea sancionado de acuerdo con este proyecto de ley, una denuncia contra un medio primero deberá ser conocida por un Defensor del Público, y luego resuelta por el Consejo Nacional de Comunicación e Información (CNCI).

"Para todos los tipos de sanciones que prevé la ley, la resolución del CNCI puede ser apelada ante un juez de lo Contencioso Administrativo. Es decir que existe todo un procedimiento en el caso de establecerse una sanción para un medio de comunicación", puntualizó Carrillo.

Opinión consultiva

En este contexto, el director de Fundamedios, César Ricaurte, dijo a BBC Mundo que su organización pedirá una opinión consultiva de la relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, en torno a la Ley de Comunicación que se aprueba en Ecuador.

"Nos parece fundamental que la comunidad internacional deje oír su voz en un debate que no es solo importante para Ecuador, sino para toda América Latina. De aprobarse una ley como la que se plantea en el país, se abre un camino peligroso para que otros gobiernos que tienen malas relaciones con los medios de comunicación intenten legislaciones tan restrictivas como la que se está aprobando en Ecuador", manifestó Ricaurte.

El presidente de la Asamblea, entre tanto, dijo que pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe a un delegado a que presencie el debate de la Ley por el pleno del organismo legislativo.

"No tengo ningún reparo, voy a pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos ayude a vigilar los procedimientos y, si la Sociedad Interamericana de Prensa quiere estar aquí, la Asamblea está abierta", manifestó Cordero.

El proyecto de Ley de Comunicación será tratado en primer debate por el pleno de la Asamblea el próximo 10 de diciembre, y se espera su aprobación final en un segundo debate previsto para enero de 2010.

A decir de Cordero, dichos debates en la Asamblea, donde Alianza País es la fuerza mayoritaria, serán la oportunidad para que la Ley de Comunicación sea definida.

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