Argentina juzga a presuntos torturadores

Capucha, un centro de detención clandestina de la ESMA, en Buenos Aires
Image caption Represores que operaron centros de detención, como el de Capucha (arriba), se sentaron en el banquillo.

"Club Atlético", "El Banco" y "El Olimpo". Así se llamaban tres de los centros clandestinos de detención más conocidos de Buenos Aires durante el último régimen militar argentino (1976-1983).

Este martes, 17 personas que operaron en estos centros se sentaron en el banquillo de los acusados para comenzar a ser juzgados por la privación ilegal de la libertad y las torturas cometidas contra 181 personas que pasaron por esas cárceles ilegales.

A diferencia de otros juicios que enfrentan en la actualidad algunos altos mandos del ejército por las órdenes que impartieron durante los llamados "años de plomo", en el proceso que comenzó esta semana se enjuicia a los presuntos autores directos de los crímenes.

Diez de los imputados eran miembros de la Policía Federal, otro era agente del Servicio Penitenciario Federal, dos eran gendarmes, tres formaban parte del Ejército y uno era un agente civil de inteligencia.

La mayoría de ellos están detenidos y muchos fueron condenados en otras causas.

El hombre a quien se responsabilizó por el manejo de los centros de detención, el general en retiro Jorge Olivera Róvere, fue condenado a fines de octubre a cadena perpetua y aguarda en libertad que la pena quede firme.

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En tanto, el máximo responsable de los centros, el general Carlos Suárez Mason, falleció en 2005.

Imputados famosos

Algunos de los hombres juzgados por el Tribunal Oral Federal Nº 2 son personas que ganaron notoriedad más allá de las causas que se le imputan en este juicio.

Tal es el caso del subcomisario Samuel Miara, que cobró trascendencia luego de que se revelara que se había apropiado de dos hermanos mellizos, cuyos padres habían sido secuestrados y murieron a manos de las fuerzas de seguridad.

Image caption Gracias a una investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo, hijos de un desaparecido volvieron con su familia.

Miara fue condenado en 1998 a 12 años de prisión por el secuestro de los niños, a quienes crió como propios.

El caso de los mellizos -a quienes en 1993 se les restituyó su apellido original, Reggiardo Tolosa- fue uno de los episodios más renombrados de "niños recuperados" en Argentina.

Tras revelarse su identidad, gracias a una investigación propiciada por las Abuelas de Plaza de Mayo, los jóvenes fueron separados de su familia de adopción y pasaron a vivir con un tío biológico.

Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, los hermanos decidieron volver a vivir con sus padres adoptivos.

Custodia presidencial

Otro de los acusados de cometer abusos en los centros "Club Atlético", "El Banco" y "El Olimpo" es Raúl Antonio Guglieminetti, un ex agente civil de inteligencia del Ejército.

Con el regreso a la democracia, en 1983, Guglieminetti logró infiltrarse en la custodia presidencial del entonces jefe de Estado, Raúl Alfonsín.

Unos años más tarde, también integró una famosa banda delictiva que fue responsabilizada por uno de los secuestros más resonante de la época: el del empresario Osvaldo Sivak, que fue asesinado en cautiverio en 1985.

Seguidilla de juicios

El juicio que comenzó este martes se enmarca en la llamada "megacausa" que investiga los crímenes cometidos por el Primer Cuerpo del Ejército.

Según los expertos, el proceso oral y público podría durar unos ocho meses, y contaría con las declaraciones de unos 400 testigos, algunos de quienes son sobrevivientes de los centros clandestinos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó a BBC Mundo que en la actualidad hay más de 200 causas abiertas en la Justicia, en contra de ex represores acusados de violar los derechos humanos durante el último régimen militar.

La mayoría de los casos fueron abiertos o reabiertos en 2005, luego de que fueran anuladas las llamadas "leyes del perdón", que ofrecían una amnistía a quienes cometieron abusos.

Hasta el momento ya han sido condenados 53 ex militares, ex policías, sacerdotes y civiles, por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, que -según los grupos de derechos humanos- le habrían costado la vida a unas 30.000 personas.

Se espera que en diciembre comience uno de los juicios más esperados, el que investiga los crímenes cometidos dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro de detención más tristemente famoso de Argentina.

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