La boda gay y la batalla legal

Pareja gay
Image caption Las bodas gay siguen enfrentando obstáculos legales en Argentina pese a los avances.

Más allá de todas las cuestiones morales y religiosas que hacen al debate sobre el matrimonio homosexual, las principales objeciones que llevaron a la suspensión del primer casamiento entre hombres en Argentina son de carácter legal.

Según los letrados que pidieron frenar la boda entre Alex Freyre y José María Di Bello - que iba a llevarse a cabo en Buenos Aires este martes-, el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que compete a la Justicia civil.

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Por eso, ellos cuestionaron la competencia de la jueza Gabriela Seijas, quien con su fallo había dado luz verde a la ceremonia, alegando que se desempeña en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el abogado Francisco Roggero, uno de los responsables de la presentación legal que puso freno al casamiento, la decisión de la jueza de declarar inconstitucional dos artículos del Código Civil que establecen que el matrimonio únicamente puede darse entre personas del sexo opuesto, es “un acto de gravedad institucional”.

Roggero dijo a BBC Mundo que el fallo de Seijas “tira por la borda 150 años de Código Civil y más de 100 de matrimonio civil”.

Un Juzgado Nacional en lo Civil le dio la razón, y fue el primero en ordenar la suspensión del casamiento, unas 24 horas antes de que éste se celebrara.

Segundo fallo

En tanto, la Cámara Nacional en lo Civil, un tribunal de segunda instancia, también hizo lugar a otro pedido de nulidad y ratificó este mismo martes la suspensión de la boda.

La demanda había sido presentada por el abogado Pedro Andereggen, quién también objetó la competencia de la jueza Seijas para dirimir un tema relacionado al matrimonio.

“El sentido común indica que un juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario no es un tribunal especializado en materia de familia”, dijo a BBC Mundo.

“La causa debe ser resuelta por los tribunales civiles”, afirmó.

La Ciudad de Buenos Aires no tiene juzgados civiles propios, por que lo que, de determinarse que el fuero competente es el civil, la causa debería ser decidido por un tribunal nacional.

Autonomía

Para el abogado Iñaki Regueiro, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), el trasfondo de la polémica es una batalla de competencias entre la Justicia nacional y la de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hoy no sólo es un día de luto para la autonomía personal de un grupo históricamente postergado, como son las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, sino un día de luto para la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

Según Regueiro, la Constitución nacional argentina permite a todas las provincias aplicar el Código Civil, por lo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que no tiene estatus de provincia) es la única que queda relegada.

No obstante, el letrado señala que el Código Contencioso Administrativo y Tributario aprobado por la Legislatura porteña le da explícitamente al juzgado de ese fuero la potestad para actuar en causas donde el gobierno de la Ciudad es parte, como ocurre en este caso.

Sin embargo, para Andereggen, el problema lo generó el gobierno de la Ciudad, que no debió aceptar ser contraparte en la causa judicial que iniciaron Freyre y Di Bello al pretender casarse ante el Registro Civil de Buenos Aires.

“Cuando recibió la demanda, el gobierno porteño debió haber pedido la declaración de incompetencia de la jueza”, afirmó Andereggen.

Última palabra

Hay una sola cosa en la que todos los actores están de acuerdo: quien tendrá la última palabra será la Corte Suprema de Justicia.

Este martes, uno de los jueces de la Corte, el magistrado Carlos Fayt, anunció que el tribunal prepara un fallo en el que decidirá sobre la validez del matrimonio gay.

La causa no es por el casamiento de Freyre y Di Bello, sino por un recurso que iniciaron otras dos parejas, pero lo que decida el Tribunal Supremo pondrá fin a todo el debate legal sobre la materia.

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