Condenas por desapariciones en Guatemala

Guatemalteca muestra foto de su hermano desaparecido
Image caption Se calcula que el conflicto dejó más de 200.000 muertos y más de 600 comunidades destruidas.

Un ex coronel del ejército de Guatemala fue condenado este jueves a 53 años en prisión por su papel en la desaparición de ocho personas durante la guerra civil (1960-1996) que asoló al país, convirtiéndose en el primer alto rango del ejército en ser condenado por estos crímenes.

El Tribunal de Chiquimula, en el oriente de Guatemala, sentenció al militar retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa, de 72 años, por el delito de desaparición forzada de estos campesinos, cuyos cuerpos permanecen en paradero desconocido.

Según reconoció el coronel durante el juicio, las ocho personas, que desaparecieron el 19 de octubre de 1981 en la aldea el Jute, fueron capturadas porque colaboraban con la guerrilla.

Junto a Sánchez fueron condenados también a 53 años los ex comisionados militares —grado concedido por el ejército a civiles para que vigilaran a los ciudadanos— Salomón Maldonado Ríos, Gabriel Álvarez Ramos y Domingo Ríos Martínez.

Sin embargo, y a pesar de que el Ministerio Público había solicitado una sentencia de 570 años para cada ex militar, estos pasarán 50 años en la cárcel, de acuerdo al Código Civil del país.

El Tribunal dejó abierta también una investigación en contra de los generales retirados Ángel Aníbal Guevara y Benedicto Lucas García, quienes eran ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de la Defensa cuando ocurrió la desaparición de estas personas.

"Un paso trascendental"

Grupos de derechos humanos guatemaltecos celebraron la condena de Sánchez.

"Es un paso transcendental en la lucha contra la impunidad, ya que es la primera vez en la historia de nuestro país que un alto oficial del ejército es sentenciado por un crimen de lesa humanidad, por un delito político de violación de los derechos humanos", destacó Mario Polanco, director de la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que acompañó a los familiares de los desaparecidos en el proceso.

En declaraciones a BBC Mundo, Polanco subrayó además la importancia de que se pusiera bajo investigación la labor del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor durante aquellos crímenes.

"Podríamos estar frente a un desmoronamiento del sistema de impunidad que ha prevalecido en el país y en el inicio de nuevos procesos de investigación", dijo.

El director del GAM aseguró que su organización aún está pendiente de la resolución de un centenar de casos en los que ex militares y policías habrían participado en algunas de las cerca de 45.000 desapariciones acontecidas durante las cuatro décadas de conflicto.

Se calcula que el conflicto entre el gobierno y la guerrilla dejó más de 200.000 muertos y más de 600 comunidades destruidas.

El 80% de los crímenes fueron cometidos por el ejército, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que bajo el auspicio de Naciones Unidas (ONU) investigó violaciones a los derechos humanos. Pero son pocos los soldados que han sido llevados a juicio, según la organización.

En septiembre, Felipe Cusanero, un ex comisionado militar, se convirtió en el primer condenado a prisión tras haber sido encontrado culpable de la desaparición de seis campesinos mayas, en la región de Chimaltenango, entre 1982 y 1984.

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