Colombia: informe salpica a ex presidente y candidatos

Belisario Betancur
Image caption La actuación del ex presidente Betancour fue criticada por la Comisión de la Verdad.

Veintitrés años después de la sangrienta toma del Palacio de Justicia de Bogotá, un informe de una comisión de la verdad, creada por la Corte Suprema de Justicia, agitó el panorama político colombiano.

El informe final de la comisión salpicó a un ex presidente, a dos candidatos presidenciales, a varias instituciones del Estado, al desaparecido M-19 y al Cartel de Medellín.

Después del llamado Bogotazo, ocurrido en abril de 1948, la toma del Palacio de Justicia –que duró 27 horas y dejó un saldo de más de cien muertos, una docena de desaparecidos y muchos heridos- se convirtió en el episodio más sangriento ocurrido en Colombia en el siglo XX.

La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia estuvo integrada por tres magistrados de alto nivel, entre ellos el actual presidente de la Corte Constitucional.

La comisión critica la actuación del ex presidente Belisario Betancur ante la toma, cuya ministra de comunicaciones era la actual candidata presidencial Noemí Sanín.

El informe asegura que el Cartel de Medellín le dio al menos 2 millones de dólares a un jefe del M-19 para que hiciera la toma del Palacio. En ese entonces, Gustavo Petro, actual candidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo, militaba en esa organización guerrillera.

El gobierno

Según la comisión, el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) fue co responsable de los hechos por "acción y por omisión".

Por eso, la comisión le pidió a Betancur y a sus colaboradores "aceptar la responsabilidad política que les compete por las acciones y omisiones en las que incurrieron… como una manera de superar el dolor de las víctimas y sus familiares y de dar una lección de grandeza al país".

Betancur, que había iniciado accidentadas negociaciones de paz con el M-19 y con otras guerrillas, se negó a dialogar con el grupo durante la toma del Palacio y dejó la interlocución en manos de otros funcionarios, como el director de la Policía.

La Comisión de la Verdad asegura que "la solución armada, el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de diálogo y la negación de las evidencias no contribuyen a defender sino, por el contrario, a socavar las instituciones del Estado de Derecho".

Cuando ocurrieron los hechos, Betancur aceptó "la responsabilidad" por las decisiones adoptadas por el gobierno, pero nunca más ha vuelto a hablar públicamente del tema a profundidad.

Noemí Sanín

Image caption La toma del Palacio de Justicia fue uno de los episodios más sangrientos en Colombia en el siglo XX.

La Comisión sostiene que la ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, "tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio era consumido por las llamas".

La candidata, que personalmente llamó telefónicamente a los jefes de los medios de comunicación durante la toma, respondió que lo único que hizo fue pedir que se informara "con responsabilidad" y negó que haya aplicado "censura".

"Yo quería evitar que ocurriera otro Bogotazo (cuando la radio alentó las revueltas en Bogotá)", respondió Sanín, que compite por la candidatura presidencial del Partido Conservador.

Fuerzas Militares

El informe se conoce en momentos en que varios ex oficiales y ex suboficiales del Ejército están siendo procesados por los hechos del Palacio de Justicia. Por el caso están detenidos dos ex generales y dos ex coroneles, entre otros.

La Comisión de la Verdad asegura que por lo menos ocho guerrilleros fueron ejecutados por las fuerzas armadas que retomaron el Palacio y reconoce que al menos otras once personas fueron desaparecidas.

Uno de los puntos más sensibles del informe se refiere al retiro de la protección al Palacio de Justicia por parte de la Policía, pese a las amenazas que se conocían en contra de los magistrados.

El día de la toma el Palacio solo estaba protegido por seis guardias privados, que rápidamente fueron reducidos por los 35 guerrilleros que entraron al edificio.

La Comisión dice que una hipótesis del retiro de la seguridad estatal es una estrategia llamada "ratonera", un acto deliberado para permitir el ingreso del grupo guerrillero y "tender una trampa a la guerrilla".

El M-19

"Todo indica que hubo una conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto del Palacio de Justicia", dice la Comisión.

El informe le da credibilidad a los testimonios según los cuales el cartel de las drogas de Medellín aportó cerca de 2 millones de dólares a uno de los jefes del M-19 para financiar la toma del Palacio de Justicia, en momentos en que la Corte debatía si permitiría o no la extradición de colombianos a los Estados Unidos.

La confirmación de los nexos de la mafia con el M-19 salpica las aspiraciones de uno de los candidatos a la presidencia para las elecciones de 2010, Gustavo Petro.

Aunque Petro no hizo parte de la toma, en 1985 pertenecía al M-19, de cuya comisión internacional llegó a hacer parte. Hasta el momento, el candidato no se pronunciado sobre este informe.

Cuando Petro lo ha criticado por su proceso de paz con los paramilitares de derecha, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha fustigado reiteradamente al M-19 por no haber reparado a sus víctimas.

Más allá del tema de la reparación, el proceso con el M-19 ha sido el más exitoso hasta el momento con una guerrilla colombiana.

Las negociaciones de paz con el M-19 fueron conducidas por Rafael Pardo, el candidato presidencial del Partido Liberal para las elecciones de 2010.

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