Allanan casa de dueña de Clarín

En Argentina continúan las repercusiones tras un sorpresivo allanamiento ordenado por un juez este miércoles en el hogar de Ernestina Herrera de Noble, la dueña del Grupo Clarín, el principal multimedios del país.

Image caption En el allanamiento, se sustrajeron cepillos de dientes y de cabellos con muestras de material genético.

El procedimiento se produjo en el marco de una investigación que lleva a cabo la justicia argentina para determinar si los hijos adoptivos de la empresaria fueron apropiados de personas desaparecidas durante el último régimen militar (1976-1983).

La causa fue iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo a instancias de dos familias que afirman que Felipe y Marcela Noble Herrera, ambos de 33 años, podrían ser hijos de sus familiares, secuestrados y asesinados por los militares en los años 70.

El abogado de la familia Noble, Jorge Anzorreguy, expresó este miércoles su sorpresa por el registro realizado por la policía, en el que se sustrajeron cepillos de dientes y de cabellos con muestras de material genético.

Según el letrado, no está claro por qué el magistrado Conrado Bergesio ordenó el procedimiento cuando hace tan sólo 24 horas Felipe y Marcela Noble acudieron voluntariamente a entregar una muestra de su sangre para que sea cotejada con la de las dos familias que iniciaron la querella.

Lea: Pruebas de ADN a hijos de dueña de Clarín

Anzorreguy señaló que pedirá la nulidad de las nuevas muestras por considerar que se obtuvieron de forma ilegal y sin fundamentos.

Nueva ley

El juzgado de Bergesio rehusó darle detalles a BBC Mundo sobre el motivo del allanamiento, pero la mayoría de los analistas coinciden en que tendría relación con una ley aprobada en noviembre pasado, que permite la obtención de muestras de ADN ante una sospecha de que alguien pueda ser hijo de desaparecidos.

Según Anzorreguy, la ley no es aplicable en este caso, debido a que "no hay ningún dato objetivo en la causa que autorice a sostener que los jóvenes son hijos de desaparecidos".

De acuerdo con el abogado, la obtención de nuevos datos genéticos en el allanamiento -que, según dijo, fueron entregados de forma voluntaria- tendría como fin hacer de "contraprueba" a las muestras de sangre sustraídas el martes.

Cuestionamientos

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había cuestionado las extracciones de sangre ordenadas por el juez Bergesio por considerar que éstas debían ser comparadas con todas las muestras de familiares de desaparecidos y no sólo con la de las dos familias demandantes.

Por pedido de la familia Noble, la toma de muestras de sangre se efectuó en el Cuerpo Médico Forense y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como establece la ley sancionada recientemente.

El martes, Carlotto adelantó que interpondría "los recursos legales correspondientes a fin de garantizar que de una vez por todas se realice una investigación eficaz e independiente".

La dirigente afirmó que podría promover un pedido de juicio político contra Bergesio por considerar que tomó una medida "ilegal" en la causa.

"Es una incógnita saber qué delitos habrá detrás de este caso para que se tergiverse y se dilate todo de tal manera", sostuvo Carlotto, quien afirmó que el magistrado "no puede ignorar la ley en una causa tan conflictiva".

¿Trasfondo político?

La investigación para determinar el origen de los hijos de la dueña del Grupo Clarín, que lleva más de seis años, está inmersa en un contexto político más amplio: la confrontación que mantiene ese multimedio con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando se aprobó la ley de extracción compulsiva de ADN en casos de sospecha de hijos de desaparecidos, la líder opositora Elisa Carrió acusó al oficialismo de impulsar el proyecto específicamente con el fin de perjudicar a Herrera de Noble.

Para Carrió, líder de la Coalición Cívica, la ley fue "un instrumento de venganza personal" de la mandataria y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, contra Clarín.

Los dichos de la dirigente fueron negados por las autoridades y recibieron severas críticas por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos humanos que trabajan para identificar a los cerca de 500 hijos de desaparecidos que, se estima, fueron apropiados por los militares.

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