Bolivia: polémica por el Poder Judicial

El presidente de Bolivia, Evo Morales
Image caption Los opositores temen que Morales acabe controlando los tres poderes del Estado.

En Bolivia se ha desatado una fuerte polémica porque el presidente Evo Morales decidió impulsar la designación transitoria de autoridades judiciales con la finalidad de llenar los cargos jerárquicos vacantes que habían dejado semiparalizado a ese poder.

Constitucionalistas bolivianos han advertido que la ley que propone el presidente para esos nombramientos, de concretarse, violará la Constitución Política del Estado, pues ésta establece que los magistrados deben ser elegidos por voto directo del pueblo.

Los opositores temen que Morales, al tener el control de la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional, termine también copando el Poder Judicial, con lo que controlaría los tres poderes del Estado.

Morales, en entrevista con el diario La Razón, sugirió una designación de magistrados de forma conjunta entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, mediante "una ley corta", que no fijará las reglas de juego para la elección sino que establecerá un procedimiento expedito para el nombramiento de magistrados transitorios.

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Poder semiparalizado

Durante el mandato de Morales, han existido tensiones entre los poderes Ejecutivo y el Judicial, al punto que este último quedó semiparalizado por las sucesivas renuncias de jueces que alegaron motivos personales o presiones del gobierno.

Ahora, con el 64% de los votos logrados en la última elección, Morales quiere resolver ese problema tras la instalación de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que ocurrirá este 22 de enero.

“La duda que tengo todavía, no soy un experto por supuesto, es que mientras se aprueben estas normas para ir a la elección, qué vamos a hacer con el Tribunal Constitucional, qué hacemos con esos vacíos que tenemos, con la inseguridad que tenemos en el Poder Judicial”, dijo Morales al diario La Razón.

Este lunes, el vicepresidente Álvaro García Linera explicó que, “lo que se propone es que en estos seis meses o en este año que se tarde para la elección de autoridades por voto, el sistema judicial no colapse, se elija autoridades que cumplan su función transitoriamente”.

Sin embargo, los juristas Carlos Alarcón y Gonzalo Mendieta le dijeron a BBC Mundo que esa decisión es inconstitucional.

"Jueces sumisos y serviles"

Alarcón asegura que la única salida legal es aprobar la ley del Poder Judicial para convocar a una elección de magistrados para que "se garantice la conformación de un Poder Judicial independiente e imparcial".

Este constitucionalista dice no entender cuál es el apuro de hacer estas designaciones, puesto que esos cargos estuvieron vacantes los últimos tres años.

En su criterio, más parece un interés de "llenar los puestos para tener jueces sumisos y serviles", lo que en su criterio, sería repetir los errores del pasado.

El jurista Gonzalo Mendieta coincide en que la norma propuesta por Morales es inconstitucional y agrega que "no es una forma sabia de encarar el problema".

Image caption El vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo que el país no puede seguir con la justicia semiparalizada.

Este analista cree que debió incluirse un artículo transitorio en la Constitución para elegir estas autoridades sin tener que esperar la ley del Poder Judicial ni las elecciones de magistrados.

Pero, en vista de que eso no sucedió, Mendieta propone que se busque consenso con los sectores de la sociedad, a fin de evitar la zozobra.

Con esta actitud, en criterio de Mendieta, se está "deslizando la sospecha de que van a nombrar miembros del Poder Judicial afines al gobierno".

Mendieta también reconoce que el tema de fondo es que el país no puede seguir con la justicia semiparalizada.

5.000 causas paralizadas

Ese es precisamente el argumento utilizado por el gobierno para demandar la aprobación de la ley de designación de autoridades judiciales.

El vicepresidente Álvaro García Linera explicó que actualmente existen alrededor de 5.000 causas estancadas.

La oposición, que no tiene el poder del veto ni del bloqueo en la Asamblea Legislativa, ha rechazado la decisión de nombrar autoridades porque a decir del diputado electo por Convergencia Nacional, Alejandro Zapata, "estaríamos hablando de que el Presidente tendría el control del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial".

Según este parlamentario, la decisión "ocasionaría una cacería de brujas y persecución de líderes de la oposición como está sucediendo actualmente".

Él hace alusión a la situación del líder de su partido, Manfred Reyes Villa, quien tiene una orden de detención, pero está desaparecido.

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