Ortega: nuevo conflicto con el Legislativo

Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega
Image caption La disposición ya fue denunciada por la oposición como inconstitucional.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció este sábado la promulgación de un decreto que extendería el plazo de los funcionarios del estado que deben ser nombrados por la Asamblea Nacional mientras el parlamento no designe a sus reemplazantes.

La disposición afecta, entre otros, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y el Procurador de Derechos Humanos, y ya fue denunciada por la oposición como inconstitucional.

El puesto de Procurador de Derechos Humanos está vacante desde finales del año pasado, pues las fuerzas políticas en el parlamento no logran llegar a un acuerdo para la designación de su sucesor.

Tiempos de la sucesión

En febrero se vence el período de dos magistrados del Consejo Supremo Electoral y el de ocho de los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (el tribunal de cuentas de Nicaragua).

En abril habría que sustituir (o ratificar) a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mientras que en junio se vence el plazo del resto de integrantes del Consejo Supremo Electoral, duramente criticado por su gestión de las elecciones municipales de noviembre del 2008 y afectado por las señalamientos de corrupción en contra de su presidente, Roberto Rivas.

En todos los casos la constitución de Nicaragua reserva para la Asamblea Nacional el derecho de nombrar a estos funcionarios, si bien eligiendo de ternas a ser propuestas por el ejecutivo.

Pero en el acto publico de conmemoración de su tercer año de gobierno durante el que anunció la medida, Ortega adujo que la misma era necesaria para evitar "elcaos y la anarquía".

"Es nuestra responsabilidad garantizar la estabilidad del país. No podemos permitir el caos y la anarquía...es mi obligación, tal como manda la Constitución, prevenir y no venir después a lamentar" dijo el mandatario, quien respondió así a la negativa de la principal fuerza de oposición el el Parlamento -el Partido Liberal- a sentarse a negociar los nombramientos.

Según Ortega, con la medida no está usurpando ninguna función, porque a los diputados "les corresponde elegir" y él no está eligiendo a nadie, simplemente extendiendo el plazo de las autoridades ya electas.

"Golpe de Estado heterodoxo"

Pero la oposición, no sólo calificó la disposición de ilegal sino que la ofreció como evidencia de la vocación autoritaria de Ortega.

Edmundo Jarquín, coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista, calificó la acción como "un golpe de Estado heterodoxo".

"Hay que decirle al mundo, si necesitan más actos dictatoriales para corroborar las intenciones de Ortega de instaurar una dictadura, que esto es un golpe a la democracia" dijo por su parte el ex presidenteArnoldo Alemán, quien ya anunció su intención de ser el candidato del Partido Liberal en las próximas elecciones presidenciales.

Tanto la oposición como el partido de gobierno están claros que la integración del Consejo Supremo Electoral será decisiva para la batalla electoral de noviembre del 2011, lo que explica en parte la polémica.

Y es que en el caso nicaragüense el tribunal electoral no es un órgano completamente independiente de los partidos políticos en contienda, sino que se integra con representaciones partidarias.

Un acuerdo político -el "pacto de los caudillos"', suscrito entre Alemán y Ortega antes del nombramiento del actual consejo- había permitido una distribución más o menos equitativa que servía a los dos principales partidos.

Con el paso del tiempo, sin embargo, algunos de los magistrados próximos a Alemán cambiaron de bando. Esto le dio al Frente Sandinista un control casi absoluto sobre el poder electoral, el que se hizo particularmente evidente durante las elecciones municipales de noviembre del 2008, denunciadas por la oposición como fraudulentas.

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La misma lógica de cuotas partidarias también determina la conformación de la Corte Suprema de Justicia -misma que recientemente autorizó al presidente Ortega a buscar su reelección inmediata a pesar de la prohibición expresa contenida en la Constitución- e incluso del tribunal de cuentas.

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Y aunque el vencimiento del plazo de un buen número de funcionarios en teoría podría permitir la transformación de estas importantes instituciones estatales, la correlación de fuerzas en el parlamento lo hace poco viable.

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