Banco Central argentino tiene nueva jefa

  • Veronica Smink
  • BBC Mundo, Cono Sur

Casi un mes después de verse sumido en una de las crisis institucionales más conflictivas de los últimos tiempos el gobierno de Argentina ratificó este miércoles la remoción del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, y nombró a su reemplazante.

Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (izq.) junto a la nueva presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont
Pie de foto,

Las tensiones con el anterior titular del Banco Central habían generado una crisis institucional.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner designó a la economista Mercedes Marcó del Pont, actual jefa del Banco Nación, como la nueva titular de la entidad monetaria.

La mandataria puso así fin a una odisea que comenzó el pasado 6 de enero cuando su gobierno exigió la renuncia de Redrado y luego lo despidió a través de un decreto, por oponerse a utilizar reservas del BCRA para garantizar el pago de la deuda.

Según lo establecido por la carta orgánica del organismo, Fernández debió esperar hasta que se pronunciara sobre la destitución una comisión del Congreso, antes de tomar su decisión.

Esa comisión, integrada por representantes de la Cámara Baja y del Senado, y encabezada por el vicepresidente, Julio Cobos, le entregó en la noche del martes su decisión a la jefa de Estado.

A pesar de que la mandataria optó por no hacer público el contenido de ese consejo -que no era vinculante- fuentes parlamentarias dejaron trascender que, por una mayoría de dos a uno, habría favorecido el alejamiento de Redrado.

El vicepresidente Cobos, enemistado con la presidenta, habría apoyado la destitución del funcionario, aunque no por los motivos esgrimidos por el gobierno.

El ex presidente del BCRA ya había presentado su renuncia el viernes último, en medio de fuertes críticas al gobierno por su injerencia sobre la independencia del organismo monetario, pero dicha renuncia no fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

"Desgaste institucional"

Durante una conferencia de prensa, Fernández admitió que el conflicto que se suscitó por la remoción de Redrado generó un “desgaste institucional”, pero culpó a la oposición por esa situación.

Según dijo, la facultad de remover al presidente del BCRA es “exclusiva y propia del jefe de Estado” y relativizó la importancia del proceso de destitución establecido detalladamente en la carta orgánica del organismo.

"Hay un excesivo ritualismo usado por algunos para obstruir en vez de colaborar", acusó.

Los dirigentes de la oposición habían criticado en duros términos la decisión de la mandataria de expulsar a Redrado a través de un decreto y sin consultar al Congreso.

"Toda esa tensión institucional podría haberse obviado si se hubiera actuado con mayor grado de racionalidad", retrucó la jefa de Estado.

En su opinión lo sucedido “plantea la necesidad de visualizar claramente el rol de las competencias de los poderes y el excesivo ritualismo que es utilizado como un instrumento, más que para colaborar con las instituciones, como la obstrucción de las instituciones”.

"Ritualismo"

Para el economista Aldo Abram, las palabras de la mandataria reflejan el poco peso que le da el Poder Ejecutivo a las demás instituciones.

"En Argentina los gobiernos se creen por encima de las otras instituciones, que son vistos como meros 'ritualismos'", criticó.

No obstante, el experto dijo a BBC Mundo que el dictamen de la comisión bicameral y el anuncio de la presidenta ponían fin a la crisis institucional en el que se vio sumido el país durante las últimas cuatro semanas.

"No se resolvió por el camino institucional que correspondía, pero sí se cierra este capítulo", afirmó.

El economista también opinó que la designación de Mercedes Marcó del Pont como nueva titular del BCRA pone fin a la independencia del organismo, que ahora será "un apéndice de la política económica del gobierno".

Fondo del Bicentenario

Lo que aún queda abierto es el futuro del llamado Fondo del Bicentenario, como apodó el gobierno a las reservas de más de US$6.500 millones provenientes del BCRA, que las autoridades quieren destinar para garantizar el pago de la deuda del gobierno en 2010.

La última palabra sobre ese fondo la tendrá el Congreso, que deberá avalar el decreto que lo creó, cuando reinicie sus funciones en marzo.