Colombia: condena por desapariciones en el Palacio de Justicia

Manifestación de familiares de las víctimas (Archivo).
Image caption Los familiares de las víctimas organizaron manifestaciones en los últimos años para reclamar justicia.

El ex coronel del ejército colombiano Alfonso Plazas Vega fue condenado hoy a 30 años de prisión por la desaparición forzada de once personas, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante el operativo para retomar el control del Palacio de Justicia, que había sido asaltado por la guerrilla del Movimiento 19 de abril, M-19.

Esta es la condena más importante que se ha producido en Colombia, desde el año 2000, cuando el código penal tipificó la desaparición forzada.

"Este es un fallo histórico, que rompe 25 años de impunidad", declaró a BBC Mundo el abogado Jorge Molano, representante de las familias de los desaparecidos.

"Ahora se abre la posibilidad de que se investiguen otros niveles de responsabilidad en esos hechos", agregó.

Por su parte, el abogado defensor de Plazas, Jaime Granados, anunció que apelará la condena ante el tribunal superior de Bogotá. Granados considera que las desapariciones que se le imputan a su cliente no están demostradas.

Aunque la toma del Palacio de Justicia sucedió en 1985, la desaparición forzada se considera un delito que permanece en el tiempo, si las víctimas no han aparecido, le explicó a BBC Mundo el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.

Delito permanente

"La desaparición forzada es un delito de carácter permanente y en este caso se apeló a los tratados internacionales que ha suscrito Colombia en materia de derechos humanos", dijo Gallón, desde Ginebra, Suiza.

Al menos once personas, en su mayoría empleados y visitantes de la cafetería del Palacio de Justicia, están desaparecidas desde 1985.

Los cálculos más conservadores de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos estiman que en Colombia se han producido cerca de 20.000 desapariciones forzadas en los últimos 30 años.

"Esta es la condena más contundente que se ha impuesto en Colombia por desaparición forzada", precisó a BBC Mundo el experto Federico Andreu.

Andreu, ex secretario de la comisión internacional de juristas, añadió: "el proceso no se queda aquí, porque hay otras personas que están siendo procesadas por los mismos hechos".

El experto se refiere a los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez y al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quienes están detenidos.

La toma del Palacio de Justicia ocurrió entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 cuando 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril, M-19, fuertemente armados, ocuparon el Palacio de Justicia, donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La toma ocurrió en la Plaza de Bolívar, a 200 metros del Palacio Presidencial y frente al Congreso de la República.

La acción originó un cruento enfrentamiento entre guerrilleros y fuerzas de seguridad, además del incendio del edificio, que terminó 27 horas más tarde con un saldo trágico: más de un centenar de muertos -entre ellos varios magistrados y el presidente de la Corte Suprema-, además de los desaparecidos.

Los desaparecidos del Palacio de Justicia se convirtieron en un caso emblemático para las organizaciones defensoras de los derechos humanos en este país, azotado por un conflicto armado desde mediados de los años 50 del siglo pasado.

El presidente Álvaro Uribe se solidarizó con Plazas y dijo que "simplemente buscó cumplir con su deber", al contrario de los autores de la toma, que fueron indultados.

"Duele, da tristeza", afirmó el mandatario.

El rechazo al fallo también provino de ex militares como el general Harold Bedoya, quien fue comandante de las Fuerzas Militares.

Según Bedoya, la sentencia contra Plazas "es una monstruosidad". El ex general dijo que es como si hubieran condenado al Libertador Simón Bolívar, porque, según él, Plazas liberó el Palacio de Justicia tomado por "terroristas".

Primera condena

Aunque a comienzos de los años noventa el Procurador (Inspector) General destituyó al general Jesús Armando Arias Cabrales y lo separó del servicio por esos hechos, hasta la fecha no se había producido ninguna condena penal.

El caso penal comenzó en 2006 a raíz de la revelación de varios videos, donde se veían algunos desaparecidos saliendo vivos del Palacio e incluso un magistrado, que había sido hallado muerto.

La desaparición forzada fue prohibida por la Constitución de 1991.

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