El Salvador endurece su estrategia contra las maras

Un soldado patrulla las afueras del penal de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán.
Image caption El gobierno Funes dio un giro de 180 grados para enfrentar el problema de las pandillas en El Salvador.

Mil quinientos soldados han comenzado a custodiar los centros penitenciarios y otros miles patrullan las calles de San Salvador. Son las más recientes muestras de que el gobierno de Mauricio Funes ha decidido combatir con mano dura a las pandillas con medidas como una nueva ley que será presentada este jueves ante el Congreso.

Una masacre cometida hace dos semanas, cuando presuntos pandilleros quemaron un autobús con sus pasajeros adentro, fue el detonante de este giro de 180 grados de un mandatario que por años criticó desde la oposición la política de cero tolerancia de su antecesor.

Poco después de ese hecho, Funes anunció la incursión del ejército en los penales de máxima peligrosidad y la creación de una ley antipandillas, que se ha convertido en el centro del debate político en El Salvador, donde a diario muere un promedio de 14 personas en diversos hechos de violencia.

"Sabemos que en el largo plazo las políticas de inclusión social y de prevención darán sus frutos, pero en el corto plazo a la violencia se la combate con represión", advirtió el mandatario en un mensaje dirigido a la nación tras el incendio del transporte.

Desde ese momento, el Poder Ejecutivo empezó el cabildeo para formular un nuevo marco legal que garantice la "criminalización de las pandillas".

Lea también: El Salvador militariza cárceles de alta peligrosidad

A discusión

El lanzamiento de la propuesta gubernamental cuenta con la adhesión tanto de la oposición política como del sector jurídico del país.

Image caption El presidente anunció la incursión del ejército en los penales de máxima peligrosidad.

El viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Henry Campos, quien llevó a cabo el proceso de consulta con diversos sectores, le dijo a BBC Mundo: "Para poder cumplir con las obligaciones que derivan de esta ley, instituciones como la policía y la fiscalía necesitan de un refuerzo presupuestario, de más recursos".

El borrador, que será presentado este jueves a la Asamblea Legislativa, plantea la prohibición de pertenecer a una pandilla.

Por ejemplo, uno de sus incisos esboza que "se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo a las agrupaciones o asociaciones ilícitas, llamadas pandillas o maras, y los grupos de exterminio tales como la Mara Salvatrucha o MS, la pandilla 18, la Mara Máquina, la Mao Mao, la Sombra Negra y el XNG".

En tanto, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) propuso a Funes que incluya el internamiento de pandilleros de alta peligrosidad en una isla en el Golfo de Fonseca.

Además, sugirió la organización de granjas militares productivas, la creación de un comando antipandillas y el servicio militar obligatorio para jóvenes pandilleros mayores de 16 años.

El precedente

Image caption La quema de un autobús con pasajeros aceleró el reajuste en la política de seguridad pública.

El ex presidente Francisco Flores echó a andar en 2003 una ley antimaras que dio pie a las políticas de "mano dura", que distinguieron a los dos últimos gobiernos de ARENA.

Pero la iniciativa fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque la criminalización partía de características físicas y de aspectos como el uso de tatuajes, que en aquel momento fue un distintivo de los pandilleros.

El gabinete de seguridad de Funes basa el anteproyecto, entre otros elementos, en que el Estado identifica a cada una de las organizaciones delictivas que están operando en el país.

Hasta este momento, la iniciativa recibió el apoyo de los miembros del órgano judicial.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, dijo que en el anteproyecto "no hay disposiciones que puedan entrar en contradicción con la Constitución de la República ni con los convenios internacionales".

Asimismo, el coordinador de la Asociación de Secretarios Judiciales, Rodolfo Meléndez, le comentó a BBC Mundo: "No es tiempo para suspicacias o escepticismos precipitados (sino) de disponerse a encontrar en forma participativa las mejores opciones".

Crimen organizado

El recrudecimiento de la violencia en Centroamérica fue advertido en el último informe que presentó este año la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Image caption El recrudecimiento de la violencia en Centroamérica fue advertido por Naciones Unidas.

"Aunque se ha hablado mucho de la violencia relacionada con el tráfico de drogas en México, las tasas de homicidio en ese país son considerablemente inferiores y el gobierno es mucho más fuerte", reza el documento.

El informe observó que la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes entre 2003 y 2008 fue de 12% en México, muy inferior a las de Honduras (61%), El Salvador (52%) y Guatemala (49%).

"La región más afectada hoy en día es el Triángulo Norte de América Central: Guatemala, Honduras y El Salvador. En ella, la intensa violencia generada por las drogas ha planteado un grave problema para la gobernanza", añade la UNODC.

Un investigador, que pidió reservar su identidad, le dijo a BBC Mundo que "el comportamiento de la violencia en El Salvador debe ser analizado en su contexto. Si antes estas redes operaraban con tranquilidad, es lógico que aumenten el terror cuando el Estado quiera combatirlos".

"Y los pandilleros son la mano de obra más barata que puede tener el narco", añadió.

La ONU destaca que en Centroamérica "los principales traficantes son bastante más sofisticados que pandilleros callejeros y están vinculados con algunos miembros de las élites gobernantes y no de las clases pobres".

La semana pasada, la policía salvadoreña capturó a once personas cuando transportaban 100 kilos de cocaína valorados en US$2,5 millones.

Lea también: Conmoción por quema de autobús

Contenido relacionado

Vínculos

El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.