Uruguay investiga denuncias de corrupción en Armada

Ministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla
Image caption El ministro de Defensa separó de su cargo a los cuatro militares acusados de corrupción.

Las autoridades uruguayas anunciaron este miércoles que cuatro oficiales de la Armada fueron separados de su cargo mientras se realiza una investigación judicial por compras de materiales que no se encuentran en ninguna repartición de esa fuerza.

Se trata de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores supuestamente adquiridos en 2008, por un valor cercano a los US$ 600.000.

El ministro de Defensa, Luis Rosadilla, dijo en conferencia de prensa que separó del cargo a dos capitanes de Navío y dos capitanes de Fragata (uno de ellos se desempeñaba como agregado militar en la Embajada de Uruguay en Brasil) para permitir que "estén en condiciones permanentes de responder a la investigación administrativa y a la Justicia".

El secretario de estado dijo además que el caso podría afectar a las autoridades de la pasada administración, además de la actual.

"Siempre y en toda ocasión las responsabilidades son de todos, también de los ministros y de las ministras que eventualmente estuvimos o estaremos a cargo. Las responsabilidades nunca se eluden", dijo Rosadilla, refiriéndose en forma indirecta a los ex ministros de Defensa del gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez, ya que los hechos ocurrieron durante su mandato.

"Consecuencias graves"

El funcionario dijo que habrá "consecuencias graves" por este caso e informó de otra investigación, cuyos resultados se esperan para el viernes, por el supuesto manejo irregular de fondos entregados por la ONU a la Armada por su participación en las misiones de paz de la organización.

El ministro aseguró a la población que su cartera castigará a los culpables.

"Quiero trasladar a la ciudadanía la seguridad de que estamos trabajando como lo prometimos el 2 de marzo (día que asumió su cargo) contra esos elementos que rompen las normas y llevan adelante actos reñidos con lo que debe ser la buena administración o directamente burlan a la administración, las más severas de las sanciones", dijo.

La investigación se originó por una denuncia anónima a la Justicia, tras la cual la jueza especial de crimen organizado, Graciela Gatti, ordenó un allanamiento en el Servicio de Aprovisionamiento de la Armada. La policía no pudo hallar los elementos supuestamente comprados.

Según publicó el diario El Observador, la maniobra de compras inexistentes se venía realizando desde el año 2000 e involucra al menos a una decena de oficiales.

Compras "por excepción"

Estas adquisiciones se enmarcan dentro de la modalidad de "compras por excepción", en la que las autoridades no deben rendir cuentas por lo que adquieren ni hay límite de gasto.

La fuerza naval compra una decena de elementos por esta vía cada año, por lo que se presume que las maniobras fraudulentas podrían alcanzar montos millonarios, aseguró el periódico.

Como parte de la investigación, la Justicia levantó el secreto bancario de varios oficiales de la Armada.

Alejandro Bonasso, de Uruguay Transparente, el capítulo local de la organización de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional, dijo a BBC Mundo que "quienes creemos en los mecanismos de la democracia para velar por atenerse a los debidos procesos en compras y gastos por parte del estado, (esta situación) nos sorprende sobremanera, especialmente por estar involucrado un organismo de las Fuerzas Armadas".

Sin embargo, manifestó satisfacción "porque por lo que hemos podido ver se estarían implementando las acciones que harán que la Justicia vaya hasta donde tenga que ir".

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