Argentina y Uruguay solucionan pelea ambiental

Argentina y Uruguay alcanzaron un acuerdo final en la prolongada disputa de las papeleras instaladas sobre un río limítrofe, al decidir un sistema de monitoreo ambiental conjunto para la actividad fabril en la zona ribereña.

Image caption Argentina y Uruguay pondrán en marcha un sistema de monitoreo ambiental conjunto.

Mediante un comité científico integrado por expertos de ambas partes, los países vecinos vigilarán los niveles de contaminación en el río Uruguay, que marca la divisoria y sobre el cual funciona la planta de celulosa UPM, ex Botnia.

Esta fábrica, radicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, fue autorizada a operar por decisión del gobierno uruguayo, lo que disparó el mayor conflicto diplomático entre Buenos Aires y Montevideo en la historia reciente. El convenio de monitoreo viene a zanjar la polémica siete años más tarde.

"Con esto se cierra un capítulo de nuestra historia y comienza otro, que es el de la cooperación, con el control medioambiental del río Uruguay y sus zonas de influencia", declaró el canciller argentino, Héctor Timerman.

La decisión fue anunciada tras una reunión de la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con su par uruguayo, José Mujica.

Según destacó el gobierno de Buenos Aires, el proyecto bilateral convertirá al río limítrofe en "la primera frontera con un total y absoluto control medioambiental" en el Cono Sur.

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Todas las fábricas

En su reunión del miércoles en Buenos Aires, Mujica y Fernández coincidieron en comenzar con los controles sin más demoras.

Image caption Fernández y Mujica acordaron el sistema de controles ambientales.

Para ello, se creará en los próximos 30 días una comisión integrada por dos especialistas uruguayos y dos argentinos, bajo la supervisión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo de contraloría ya existente e integrado por los dos países.

"La función de este Comité Científico será la de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas de influencia", detalla el acuerdo final, al que tuvo acceso BBC Mundo.

Así, la vigilancia comenzará con UPM pero no se circunscribirá a la polémica papelera, denunciada por activistas ambientales argentinos como un foco de contaminación.

Se extenderá, más bien, a otras industrias radicadas en la zona y a los centros urbanos costeros. Después de UPM, el control seguirá en una fábrica del lado argentino a elección de Uruguay, y a partir de entonces se continuará alternativamente en una y otra ribera.

El convenio especifica que los científicos podrán ingresar en los establecimientos industriales y agropecuarios hasta doce veces al año. Las muestras de agua, suelo y aire se tomarán por duplicado y los informes de los resultados serán públicos.

Según el canciller uruguayo, Luis Almagro, el plan está pensado para garantizar el "contexto científico" del monitoreo, para el que se utilizarán sensores y otras tecnologías.

La empresa UPM, de capitales finlandeses, prefirió no hacer declaraciones sobre la propuesta gubernamental bilateral. "No corresponde opinar", se excusó un portavoz, ante la consulta.

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Los asambleístas, con reservas

Entre los asambleístas de la localidad argentina de Gualeguaychú, el acuerdo bilateral no tuvo buena acogida.

Image caption El acuerdo bilateral no tuvo buena acogida en Gualeguaychú.

"Hay que leerlo bien y después contestaremos. Si trabajaron tanto para este triste acuerdo, es lamentable", expresó José Pouler, uno de los líderes de la Asamblea Ciudadana Ambiental.

Esta asociación vecinal ha llevado adelante un reclamo sostenido por las actividades de la ex planta Botnia, a la que consideran dañina para el hábitat, al punto de exigir su cierre definitivo.

La resistencia llevó a organizar un bloqueo sobre el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos, que se inició en noviembre de 2006 y fue levantado recién el pasado 19 de junio, de modo transitorio, para permitir que los gobiernos de los dos países negociaran el acuerdo de control ambiental.

Una de las condiciones impuestas por la Asamblea había sido la vigilancia dentro de las instalaciones de la fábrica misma, a lo que Montevideo en principio se había negado.

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Arbitraje internacional

Por la disputa de las papeleras, Argentina y Uruguay llegaron a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En abril, ese tribunal dictaminó que Uruguay había efectivamente violado un tratado conjunto al permitir la instalación de la papelera sin consulta previa con los vecinos. Sin embargo, estableció que no existía evidencia suficiente para confirmar que esta industria fuera contaminante, tal como sostienen los ecologistas argentinos.

Tras el dictamen de La Haya, el gobierno kirchnerista -que por años había apoyado el reclamo de los asambleístas- dio un fuerte giro en la disputa: consideró que debía acatarse la decisión y buscar normalizar las relaciones diplomáticas con Uruguay, incluyendo la reapertura del puente binacional.

En la cuarta reunión mantenida desde el fallo, Mujica y Fernández convinieron seguir las recomendaciones del mismo tribunal holandés y arbitrar los medios para establecer controles conjuntos.

Así, la firma del documento parece poner el cierre definitivo a siete años de conflicto vecinal.

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