Última actualización: viernes, 27 de agosto de 2010 - 02:13 GMT

Familias de 28 mineros demandaron a dueños de la mina y al Estado

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Los familiares de 28 de los 33 mineros que permanecen atrapados en un socavón en Chile demandaron el jueves al Estado y a los dueños de la empresa minera San Esteban.

Abogados de los familiares dicen que los inspectores gubernamentales y la firma dueña de la mina San José, en donde ocurrió el accidente, actuaron con negligencia al haber permitido que la mina reabriese hace dos años pese a existir preocupaciones por la seguridad de las instalaciones.

La mina San José fue clausurada en 2007 por un accidente que causó la muerte de un trabajador tras una explosión. Un año más tarde fue reabierta.

La Justicia chilena congeló el jueves parte de los fondos de la minera San Esteban.

Vista de la mina San José

La mina había sufrido un accidente en 2007.

La jueza Mirta Lagos, del Primer Juzgado de Letras de Copiapó, ordenó retener US$ 1,8 millones a los dueños de la mina como medida de precaución luego que el abogado Edgardo Reinoso interpusiera un recurso legal contra la firma en representación de 27 de las 33 familias afectadas por el accidente.

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"Los dueños decían que iban a pedir la quiebra porque no tenían dinero. Eso no es efectivo, porque bienes hay", planteó Reinoso.

Con anterioridad, el abogado Hernán Tuane, que representa a los dueños de la minera, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, había advertido sobre la posibilidad de que la empresa se declarara en quiebra ante la imposibilidad de cumplir compromisos como el pago de sueldos a los trabajadores y el rescate de los mineros atrapados.

Los familiares de otro minero, Rául Bustos, interpusieron de manera separada otra demanda contra la mina y contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin.

Empresarios ante la justicia

Este jueves Bohn y Kemeny se presentaron en el Ministerio Público de Copiapó para entregar sus declaraciones.

Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por su parte, también ha seguido analizando los antecedentes del caso.

Los dueños decían que iban a pedir la quiebra porque no tenían dinero. Eso no es efectivo, porque bienes hay

Edgardo Reinoso, abogado

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Patricio Leiva, ex subdirector subrogante del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, quien firmó la autorización para la reapertura de la mina San José en 2008, declaró que la responsabilidad de esa decisión le correspondió a sus superiores.

Leiva dijo que firmó un oficio sin leer antes el informe geotécnico que había entregado la empresa minera.

Deficiencias en la seguridad

El funcionario dijo que tomó la decisión confiando en el criterio de sus jefes, quienes ya habían autorizado reaperturas parciales del yacimiento.

Entre sus descargos, Leiva planteó que el permiso de reapertura de la mina suponía una fiscalización posterior para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad que la empresa debía implementar.

Y, según Leiva, esa fiscalización, que pudo haber evitado el accidente que hoy tiene atrapados a los 33 mineros, no fue implementada cabalmente.

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En lo que se refiere a las medidas de seguridad, uno de los aspectos más criticados por los propios mineros es la falta de una escalera de escape en uno de los ductos de ventilación de la mina.

Después del derrumbe, los trabajadores intentaron escapar a través de dicha escalera, pero se encontraron con la sorpresa de que no existía.

Hoy permanecen a casi 700 metros de profundidad esperando un rescate que puede tomar hasta cuatro meses.

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