El Salvador: sentenciados por el plomo

Practicando un examen de sangre en Siti del Niño.
Image caption En Sitio del Niño hay 121 menores con elevados niveles de plomo en la sangre.

La niña observa a la enfermera que le extrae una nueva muestra de sangre y anticipa el resultado. No es la primera vez que la analizan y ella ya sabe qué es lo que le provoca cefaleas, problemas respiratorios y pérdida de peso.

Ángela Gómez Carrillo, de 14 años, es uno de los 121 niños contaminados con plomo identificados por el Ministerio de Salud de El Salvador, en la comunidad rural Sitio del Niño, ubicada en San Juan Opico, 45 kilómetros al oeste de la capital.

Desde hace seis años, los habitantes del lugar señalan a una empresa local de ser la causa de este problema. Y evidencias sobran, afirman.

Ángela tiene más de 72 microgramos de plomo por decilitro de sangre (mcg/dl) en su organismo, lo que supera ampliamente el nivel "normal" que permiten los libros de salud de cuatro microgramos de plomo por decilitro de sangre.

Según José Acosta, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), el plomo es uno de los elementos químicos más nocivos, porque daña el sistema nervioso y afecta negativamente el desarrollo de los infantes.

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Image caption La contaminación con plomo produce cefaleas y pérdida de peso.

Hace seis años, los pobladores de esta comunidad rural le pidieron ayuda a las autoridades de turno para hacer frente a los problemas causados por la empresa Baterías Record de El Salvador, que reciclaba acumuladores de energía en una planta adyacente a sus vecindarios.

Sin embargo, los primeros reclamos no tuvieron éxito.

"Nosotros medimos durante varias noches el aire y hubo ocasiones donde el humo que salía de las calderas de la fábrica impregnaba todo a la redonda", relata a BBC Mundo Ovidio Mauricio, el director de Tutela Legal del Arzobispado de la Iglesia Católica.

Tutela Legal, junto a dos organizaciones ambientalistas y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) fueron las pioneras en apoyar la demanda de los habitantes de Sitio del Niño.

Pero sólo fue en 2007 que el Ministerio de Salud ordenó el cierre de la empresa, por operar con permisos vencidos.Y ahora, seis años después de que se empezó a denunciar la situación, el Estado salvadoreño acaba de declarar emergencia ambiental.

Alerta local

Las autoridades fundamentaron esta decisión en un análisis realizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).

"Aunque la fábrica se cerró algunos años, la contaminación sigue ahí", dijo el ministro de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez.

Image caption El nivel de plomo en la zona es 100 veces mayor a lo normal.

Al anunciar la declaración de emergencia, el ministro informó que la concentración detectada en los terrenos baldíos de la zona alcanzó 40.000 partes de plomo por millón (ppm), cuando la medida regular es 400.

Pero miembros del Movimiento Sin Plomo, conformada por habitantes del lugar, le dijeron a BBC Mundo que estiman que la proporción puede ser mayor.

Las autoridades estiman que hay 700 familias en riesgo, lo que equivale a más de 3.500 habitantes.

Pero Sitio del Niño es parte de un área rural irrigada por varios afluentes que desembocan en el valle de Zapotitán, una zona fértil donde suelen cultivar caña de azúcar, frutas y hortalizas, que posteriormente son comercializadas en el resto del país.

Y, por eso, la organización Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) denunció que al menos 10.000 personas más pueden estar expuestas a la contaminación.

¿Compensación?

La demanda original por el delito de contaminación ambiental agravada fue presentada contra los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián Lacayo, Sandra Cecilia Lacayo de Escapini y Ronald Lacayo Arguello. Todos son ahora legalmente considerados "acusados rebeldes" luego que abandonaran el país.

En su lugar, el tribunal procesa a los jefes de planta Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Britto.

Image caption Los accionistas de la empresa huyeron del país.

Y, por lo pronto, el Tribunal de Sentencia que lleva el caso de Baterías Record aplazó hasta el próximo año la vista pública, debido a que la defensa pidió tiempo para que una empresa mexicana analice si puede comprar los desechos que yacen en el interior del edificio.

Según el abogado querellante, Luis López, "esta propuesta de vender los residuos tóxicos sólo quita el foco de contaminación, pero no plantea el resarcimiento de la población".

Pero uno de los defensores, Roberto Girón, explicó a BBC Mundo que "sus clientes no tienen recursos para indemnizar a los habitantes afectados y por eso es una buena idea vender los desechos en el extranjero".

Tras la declaración de emergencia, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, llamó a las autoridades a asumir sus responsabilidades para con la población.

"No es justo que se pase desapercibido un fenómeno de tal gravedad para con los niños, los ancianos, los jóvenes", afirmó Escobar.

Y aunque la niña Ángela Gómez ahora está en manos de las autoridades de Salud, su desintoxicación será lenta. Y su vida no será igual desde que fue sentenciada por el plomo.

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