Argentina: entra en vigor polémica ley de medios

Redacción de El Clarín
Image caption El artículo más cuestionado afecta las compañías multimedios.

El gobierno de Argentina firmó un decreto este miércoles que pone en vigencia una polémica ley que cambiará sustancialmente el panorama de los medios radiales y televisivos en el país.

La firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner permitió que se publicara en el Boletín Oficial la reglamentación de la nueva ley de medios audiovisuales, que el Congreso sancionó en octubre de 2009, tras un debate que -según la oposición- estuvo plagado de irregularidades.

Esos cuestionamientos llevaron a que varios jueces ordenaran medidas cautelares que congelaron la aplicación de la norma. A pesar de que la Justicia aún debe resolver varios planteos pendientes, el gobierno argentino decidió oficializar la nueva legislación.

La llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual divide el espacio radioeléctrico en tres partes iguales entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro.

Lea: Claves de la ley de medios

La norma también reduce de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño y prohíbe a una empresa que posee un canal abierto ser también propietaria de un servicio de televisión por cable en la misma localidad.

El artículo más cuestionado es el que obliga a las compañías que actualmente tienen más de 10 licencias de radio o televisión a desprenderse de los medios excedentes en el plazo de un año.

Según el gobierno, la nueva ley "desconcentra y desmonopoliza" el mercado mediático.

En cambio, para los opositores se trata de una estrategia oficialista para que el Estado aumente su control sobre los medios.

Pelea con Clarín

El más perjudicado por la nueva ley de medios es el Grupo Clarín, el principal multimedios del país, que desde hace dos años mantiene una fuerte enemistad con el gobierno.

Las licencias del grupo habían sido renovadas por diez años en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, marido de la actual mandataria, pero el apoyo del multimedios a la protesta agraria que desestabilizó los primeros meses de la gestión de Fernández, en 2008, marcó el comienzo de una batalla que en estos días se agudizó.

La semana pasada Fernández acusó a Clarín y al diario La Nación –los dos principales matutinos del país- de apropiarse ilegítimamente de Papel Prensa, la única empresa productora de papel de diarios del país, del que Clarín es el socio mayoritario.

Durante un discurso de más de una hora transmitido a través de cadena nacional, la mandataria acusó a los diarios de conseguir la empresa a través de un pacto con el gobierno militar de 1976, que secuestró y torturó a la familia que poseía Papel Prensa, cargos que los medios negaron rotundamente.

Lea: Gobierno argentinao acusa a diarios por "delitos de lesa humanidad"

Además de abrir una investigación sobre el caso ante la Justicia, el gobierno también envió al Congreso un proyecto de ley para declarar "cuestión de interés público" la producción de papel de diario en el país, así como su distribución y comercialización, algo que para los dos principales diarios le daría al Estado control sobre su principal insumo.

Hace dos semanas el gobierno había asestado otro golpe contra el Grupo Clarín, anulando sorpresivamente la licencia a su principal empresa de servicios de internet, Fibertel, que tiene más de un millón de clientes.

Lea: Grupo Clarín y gobierno argentino en nuevo choque

Gobierno celebra, oposición cuestiona

Image caption Hace una semana el gobierno anuló la licencia de la empresa de servicios de internet, Fibertel.

Gabriel Mariotto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) -el nuevo ente regulador de los medios creado a partir de la flamante ley- celebró este miércoles la entrada en vigencia de la norma.

"Con esto se ataca la columna vertebral del monopolio. Con esto hay posibilidades de que haya pluralidad y diversidad", aseguró en una entrevista con Radio 10.

Si bien el funcionario aclaró que la Justicia aún debe pronunciarse respecto al polémico artículo 161, que da a las compañías un año para desprenderse de sus medios excedentes, Mariotto consideró que ese plazo comienza a regir a partir de ahora.

Esa interpretación fue cuestionada por varios referentes de la oposición, quienes consideran que no puede entrar en vigencia el plazo mientras existan medidas cautelares que suspenden parte o toda la ley, y que aún no han sido resueltas por la Justicia.

Para el analista político Marcos Novaro, será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que pronunciarse en este caso, así como en los pleitos que mantienen el gobierno y Clarín por Papel Prensa y Fibertel.

Sin embargo, Novaro dijo a BBC Mundo que es posible que la máxima instancia judicial dilate una decisión. En tanto, el especialista pronosticó para los próximos tiempos un "panorama negro" que causará "polarización y confusión" en la sociedad argentina.

Contenido relacionado

Vínculos

El contenido de las páginas externas no es responsabilidad de la BBC.