La guerra entre gobierno y medios en Argentina

Cristina Fernández
Image caption El enfrentamiento entre el gobierno y los medios se inició a raíz de la protesta agraria de 2008.

La presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha estado embarcada en un duro enfrentamiento con el principal multimedios del país, el Grupo Clarín, que ha tenido cuatro principales frentes de batallas.

  • El último de esos frentes se abrió esta semana con la querella formal que presentó el gobierno contra altos ejecutivos de los diarios Clarín y La Nación por delitos de lesa humanidad, en conexión con la adquisición por parte de estos grupos de Papel Prensa, principal fabricante de papel para diarios del país, durante el último régimen militar.
  • Un segundo frente de batalla gira en torno a una nueva ley de medios puesta en vigencia a inicios de este mes, pese a que aún están pendientes en la justicia algunos recursos interpuestos contra ella, y que perjudica principalmente al grupo Clarín.
  • El multimedios se ha visto afectado también por la decisión del gobierno de estatizar la transmisión de los partidos de fútbol del campeonato local, que antes de 2009, cuando se introdujo la medida, controlaba el grupo Clarín.
  • El gobierno también anuló recientemente la licencia a Fibertel, la principal empresa de servicios de internet de ese multimedio.

El conflicto se inició tras el apoyo de Clarín a una protesta de los exportadores agropecuarios que prácticamente paralizó los primeros meses de gobierno de Fernández en 2008.

Conflicto en torno a Papel Prensa

El gobierno presentó la querella contra los directivos de Clarín y La Nación argumentando que Hubo apropiación ilícita de Papel Prensa por parte de estos diarios.

Las autoridades sostienen que Clarin y La Nación fueron "partícipes necesarios" de la privación ilegítima de libertad y tormentos que sufrieron miembros de la familia Graiver, propietaria en los años 70 de Papel Prensa, para que se hiciera efectiva la venta de la empresa.

En 1976, Papel Prensa pasó a manos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, así como del Estado, que conserva el 27% de las acciones.

En la querella también se acusa a los directivos de esos medios de ser “partícipes necesarios” de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, tortura y vejaciones, en complicidad con el régimen militar.

En un comunicado, Clarín y La Nación denunciaron lo que calificaron como un “afán autoritario” por parte del Poder Ejecutivo y enmarcan la querella en lo que consideran “una embestida” del oficialismo contra los medios que no le son afines.

Ley de Medios

Esto se suma a otro tema que también ha dominado el debate político en los últimos meses: la polémica Ley de Servicios de Comunicación Audio Visual, que fue puesta en vigencia hace poco y que aún continúa dando de que hablar.

La ley divide el espacio radioeléctrico en tres partes iguales, entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro.

La legislación también reduce de 24 a 10 los servicios abiertos de radio y televisión en poder de un solo dueño y prohíbe a una empresa que posee un canal abierto de televisión ser también propietaria de un servicio de televisión por cable en una misma localidad.

El más perjudicado por la nueva norma es el Grupo Clarín, que debería vender uno de sus canales o abandonar el negocio de las dos grandes operadores de cable que tiene bajo su órbita.

¿Mayor control del Estado?

El gobierno señala que la nueva ley “desconcentra y desmonopoliza” el mercado de los medios de comunicación.

“Con esto se ataca la columna vertebral del monopolio”, señaló a los medios locales Gabriel Mariotto, funcionario de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un ente creado mediante la nueva legislación.

No obstante, diversos sectores han criticado la ley señalando que se trata de una estrategia del Estado para aumentar su control sobre los medios.

Clarín ha señalado que la norma “pregona la democratización” de los medios, pero “consagra un poder discrecional” sobre éstos “para acallarlos”.

El grupo señala que la ley fue pensada para perjudicarlo.

“No es inusual que los gobiernos se molesten con los medios…Lo que sí resulta inaudito es que se haya puesto todo el aparato estatal para amedrentar. Una campaña direccionada a Clarín, pero que lo excede como destinatario”, dijo en uno de sus editoriales.

No obstante, organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras han respaldado esta ley. Reporteros Sin Frontera señaló en un informe que la norma no busca “reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios audiovisuales”.

La organización se pronunció además sobre el caso Papel Prensa y argumentó que las acusaciones del gobierno en el caso son de “extrema gravedad”, y recordó que debe ser la justicia y no el Poder Ejecutivo el que se pronuncie sobre el fondo de este caso.