Condenan a expresidente de facto de Argentina Reynaldo Bignone a 20 años de cárcel por crímenes del Plan Cóndor

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Image caption Reynaldo Bignone fue condenado a 20 años de cárcel.

Un tribunal de Argentina condenó este viernes al expresidente de facto Reynaldo Bignone a 20 años de prisión por la desaparición forzada de más de 100 personas durante el Plan Cóndor.

Esta operación fue un acuerdo secreto entre regímenes militares de Sudamérica en los años 70 y 80 para perseguir y matar a los oponentes políticos.

Decenas de activistas de izquierda fueron entonces secuestrados, torturados y asesinados en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia.

Es la primera vez que la justicia comprueba la coordinación entre dictaduras de Sudamérica para el secuestro y desaparición de disidentes políticos.

El juicio, el primero sobre las atrocidades cometidas bajo este plan de seis países, comenzó en 2013.

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Image caption Activistas de derechos humanos y víctimas asistieron este viernes a la lectura de la sentencia.

Además de Bignone, el coronel retirado uruguayo Manuel Cordero, el único no argentino en la causa, fue condenado a 25 años.

Bignone, de 88 años, está cumpliendo ya cadena perpetua por múltiples violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Argentina, de 1976 a 1983. Fue presidente de 1982 a 1983, el último del gobierno de facto.

Bignone es uno de los pocos jefes de Estado de un régimen militar involucrado en el Plan Cóndor que aún están vivos.

Junto a él estaban otros 17 hombres acusados de secuestro, tortura y desaparición forzada.

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Image caption El coronel retirado uruguayo Manuel Cordero fue condenado a 25 años.

Quince fueron condenados este viernes por conspiración criminal y 17 de los 18 exmilitares recibieron penas de ocho a 25 años de prisión.

"Este juicio es muy significativo para mí porque es la primera vez que un tribunal falla contra el siniestro Plan Cóndor", dijo a la agencia AP la chilena Laura Elgueta, cuyo hermano, Luis Elgueta, desapareció en Buenos Aires en 1976.

Siete de los condenados, entre ellos Jorge Rafael Videla, han muerto en los tres años que han transcurrido desde que empezó la causa.

Videla, que dirigió la junta militar de 1976 a 1981, murió en una cárcel común en 2013.

Enorme documentación

En diciembre de 1992, un antiguo exiliado paraguayo -con la ayuda de un juez- descubrió en una estación de policía de un suburbio de Asunción los completísmos archivos que los militares de Paraguay habían acumulado sobre el plan, así como documentos de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

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Image caption Augusto Pinochet (izquierda) fue desde Chile el iniciador del plan que también siguió Videla (derecha) en Argentina.

Estos documentos no sólo sirvieron para conocer al dedillo las entrañas del Plan Cóndor, sino para las numerosas causas judiciales que se llevaron -y llevan- a cabo contra los implicados.

Algo que se ha mencionado en el juicio de Argentina es que, al contrario de muchos otros realizados en todo el mundo por crímenes de lesa humanidad, en éste se posee una enorme documentación, no sólo por los Archivos del Terror, sino por los papeles desclasificados por EE.UU. durante el gobierno de Bill Clinton.

El Plan Cóndor, respaldado por Estados Unidos, comenzó en los años 70 y se le considera responsable de 105 ejecuciones y secuestros entre los gobiernos de facto de Argentina, Brasil (1964-1985), Uruguay (1973-1985), Paraguay (1954-1989), Bolivia (1971-1978) y Chile (1973-1990).

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Image caption Los familiares de las víctimas celebraron el fallo contra los exmilitares.

Tras su visita a Argentina en marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó desclasificar documentos de inteligencia, un reclamo histórico de las organizaciones locales de derechos humanos.

"Este fallo lo que determina no es solamente que el terrorismo de Estado en Argentina fue una asociación ilícita", dijo Luz Palmas Zaldúa, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), tras la lectura del fallo.

"Sino que a la hora de coordinar represivamente con otras dictaduras, se asoció de manera ilegal para maximizar los esfuerzos para perseguir a los opositores políticos de cada una de las dictaduras y así poder desaparecer y eliminar a los que consideraba como subversivos", agregó.

"Lo dice el Estado"

De las 105 víctimas, 45 eran uruguayos, 22 chilenos, 14 argentinos, 13 paraguayos y 11 bolivianos, según datos del CELS.

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Image caption La represión coordinada se extendió a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil.

"Estos sujetos son responsables, fueron responsables de esto y por eso merecen ese castigo, o sea, lo dice el Estado y eso tiene un valor enorme para mí, porque antes lo decíamos nosotros los familiares", dijo Andrés Habegger, hijo de una de las víctimas.

En Argentina, organizaciones de derechos humanos estiman que la cantidad total de secuestrados, torturados y asesinados es de alrededor de 30.000 personas.

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