Litigio ambiental sobre el río Uruguay

Río Uruguay.
Image caption La papelera Botnia, al borde del río, está siendo motivo de litigio entre Uruguay y Argentina.

Uruguay acusó al gobierno de Argentina de incumplir sus responsabilidades medioambientales, en un nuevo episodio que enfrenta a los países vecinos por la instalación de la planta papelera Botnia en la zona fronteriza.

El gobierno de Tabaré Vázquez responsabilizó a Argentina de haber interrumpido el monitoreo conjunto del río Uruguay, que marca el límite entre ambos países y sobre el que se ha construido esta fábrica de celulosa de capitales finlandeses.

Según la cancillería uruguaya, hay acuerdos bilaterales para la protección del cauce de agua que no han sido atendidos, por falta de compromiso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Uruguay asegura que el control de contaminación del río se realizó entre 1989 y 2005 sin interrupciones, hasta que, al año siguiente, Argentina "no prestó su conformidad para que se ejecutara la campaña".

Así, los llamados "Programa de Control de la Contaminación del Río Uruguay" y el "Monitoreo de Efectos Ambientales en Áreas de Plantas Celulósicas", que implican responsabilidades binacionales, fueron suspendido como consecuencia del litigio que enfrenta a ambos países en la Corte de Justicia de La Haya.

Para la Cancillería uruguaya, el argumento esgrimido por la Argentina para interrumpir la vigilancia conjunta es insostenible.

"La existencia de una controversia pendiente ante la Corte Internacional de Justicia no desvincula a las partes de dar cumplimiento a la obligación de protección y conservación del medio acuático", argumentaron las autoridades uruguayas, en un comunicado difundido el martes.

Carta diplomática

El gobierno uruguayo hizo esta acusación en respuesta a las declaraciones del embajador argentino en Montevideo, Hernán Patiño.

Hace unos días, el diplomático publicó una carta de opinión en el periódico montevideano "El Observador", en la que afirmaba que el monitoreo binacional de la calidad de aguas había cesado por el conflicto legal que enfrenta a ambos países.

Acusaba a Uruguay de incumplir "las obligaciones que impone el Estatuto del Río Uruguay en materia de información y consulta previa", al haber autorizado unilateralmente la puesta en funcionamiento de la planta papelera.

El gobierno de Vázquez negó el martes estas imputaciones, al señalar que en varias ocasiones había invitado al país vecino a involucrarse en el estudio conjunto del río compartido para garantizar la sostenibilidad de la empresa de celulosa.

"La República Argentina fue repetidamente consultada sobre los planes del Uruguay de construir la planta de Botnia, incluyendo las consultas realizadas en el marco del Grupo Técnico de Alto Nivel ", asegura el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que señala que se suministró a Argentina "absolutamente toda la información que el gobierno de Uruguay tenía disponible" antes de decidir la instalación de la fábrica.

Conflicto de larga data

Image caption La planta papelera está situada a 300 kilómetros de Montevido.

El cruce entre ambos gobiernos ocurre a menos de un mes del inicio de las audiencias en La Haya (Holanda), fijadas para el 14 de septiembre, cuando será el turno de Argentina de exponer el caso ante el tribunal internacional. Uruguay lo hará el 2 de octubre.

La filial de la finlandesa Botnia está instalada en las cercanías de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros de Montevideo, sobre las márgenes del río fronterizo.

Según los reclamos de Argentina, las operaciones de esta planta, inaugurada en noviembre de 2007 y capaz de generar 1.000 millones de toneladas de pasta de celulosa al año, provocan altos niveles de polución en el curso de agua.

A modo de protesta, un grupo de activistas ambientales mantiene bloqueado desde hace dos años el puente binacional que une Fray Bentos con la ciudad argentina de Gualeguaychú.

Informes recientes a los que tuvo acceso BBC Mundo, elaborados por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), establecen que los desechos líquidos de las pasteras de la zona, junto a otros factores, podrían ser responsables de una inusual proliferación de algas en el río Uruguay, lo que generaría graves alteraciones al hábitat en el mediano plazo.

Por su parte, vecinos de Gualeguaychú denunciaron hace unas semanas que Botnia generaba emisiones de humo tóxico con fuerte olor a azufre, según se registró en un muestreo de aire en la zona.

La ambientalista Lylian Melnik dijo a BBC Mundo que "además del humo y el olor, se observaron reflujos en el río Uruguay", en forma de estelas blancas que salían desde la planta.

Sin embargo, el gobierno uruguayo señala que éstos no son más que incidentes puntuales, y se basa en el reporte de la Comisión de Seguimiento de Botnia -un órgano de control social establecido para seguir de cerca el proyecto- para asegurar que la industria no tiene efectos dañinos sobre el medio ambiente.

El relevamiento de agosto, el último antes de las audiencias ante el tribunal internacional, muestra –según los uruguayos- resultados "excelentes".

"Todos los parámetros que miden la calidad tanto del agua como del aire en el entorno de la planta son muy aceptables si se compara con emprendimientos similares", dijo el ministro de Medio Ambiente, Carlos Colacce, al dar a conocer los datos.

El tribunal de La Haya, la instancia a la que apelaron los países para resolver el litigio, deberá tomar en cuenta las acusaciones y evidencias para expedirse sobre el caso en 2010.

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