Chávez toma control de servicios petroleros

Presidente Hugo Chávez le da la mano a un empleado.
Image caption La expropiación ocurrió poco después de promulgada la ley que le dio potestad al Estado para hacerla.

Venezuela expropió este viernes 60 empresas prestadoras de servicios a la industria petrolera, después de que fuera promulgada una ley que otorga al Estado la potestad de hacerse total o parcialmente de los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos.

Vea el anuncio del presidente

En un acto en el muelle "Transportes de Maracaibo", en el occidental estado Zulia - una de las principales zonas de producción petrolera --, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, oficializó el traspaso de las compañías.

"No nos hacen falta (esas 60 empresas), ¿para qué? El pueblo y los trabajadores podemos y vamos a demostrar cómo ahora vamos a ser más eficientes en el manejo de nuestra industria y de todos los servicios conexos", señaló.

En la lista de bienes expropiados se cuentan 300 embarcaciones y 39 terminales. Un total de 8.000 trabajadores pasaron a engrosar la nómina gubernamental.

El mandatario agregó que el Estado se ahorrará unos US$700 millones al año al administrar directamente estos servicios, que incluyen transporte de trabajadores, inyección de agua, vapor o gas, entre otros.

"Aquí en esta zona producir un barril de petróleo cuesta casi ocho dólares. Casi la mitad, el 40% se iba hacia las contratistas", indicó, para luego proponer que el dinero ahorrado sea entregado directamente a los consejos comunales, organismos de participación popular promovidos por su gobierno.

"Liberados"

En un discurso caracterizado por condenas al capitalismo y exaltación del socialismo, Chávez aseguró que con la transferencia de las empresas al Estado, éstas pasaban a ser "propiedad del pueblo".

"Eso se llama socialismo. Eso nos va a permitir liberarlos a ustedes de la explotación capitalista", le dijo a un grupo de trabajadores, mientras visitaba algunas de las embarcaciones tomadas.

Por su parte, el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, dijo que el 85% de las instalaciones y actividades primarias de explotación petroleras están sujetas a expropiación, en el nuevo marco legal.

El alto funcionario indicó que algunas empresas intentaron "evadir la ley llevándose remolcadores y lanchas, pero actuamos efectivamente (para evitarlo) con nuestra guarnición militar".

Por otro lado reiteró que "las contratistas simplemente no cumplían con sus obreros y por eso había tanta conflictividad aquí en la zona del Lago de Maracaibo".

Ésa es una de las razones que esta semana esgrimió el ministro para explicar el impulso inesperado a la Ley, que fue aprobada el jueves en la Asamblea Nacional.

¿Socialismo o deuda?

La toma de los servicios petroleros forma parte de los planes del gobierno nacional de controlar todos los sectores que considera de carácter estratégico para el desarrollo del país, tal como está enunciado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, o "primer plan socialista" de la nación, aprobado en 2007.

Sin embargo, algunos comentaristas apuntan a que también se trataría de una estrategia para no hacer frente a la deuda del gobierno con los contratistas petroleros, que superaría los US$10.000 millones.

"Yo creo que hay de las dos cosas", le dijo a BBC Mundo el experto petrolero José Guerra. En cuanto a si los dueños recuperarán su inversión total o parcialmente, el especialista opinó que depende de la nacionalidad de la compañía en cuestión.

"Se dice que les van a pagar con bonos. Hay que ver qué bonos. Si es una empresa extranjera, yo creo que le van a pagar. Si es nacional, a llorar para el valle", indicó.

Guerra también piensa que hay que esperar para evaluar el efecto de estas expropiaciones en la industria petrolera nacional.

"Creo que va a haber problemas, pero no se van a ver en el corto plazo. No creo que vayan a despedir a los técnicos, porque no son fáciles de sustituir en el corto plazo", indicó.

Sin embargo, en declaraciones a un canal de televisión, Rafael Zambrano, representante del sindicato petrolero Fedepetrol, advirtió que unos 5.000 trabajadores están amenazados de perder sus empleos.

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