México: roban arena para venderla a EE.UU.

Pocos pensarían que la arena puede llegar a valer su precio en oro. Pero, en México, la extracción de arena y piedras como material de construcción se ha transformado en un negocio millonario, especialmente desde que California, en Estados Unidos, prohibió la extracción de pétreos para proteger su medio ambiente.

Image caption La extracción de arena y piedras como material de construcción se transformó en un negocio millonario.

Miles de toneladas de arena extraída ilegalmente de México son exportadas y vendidas a constructoras estadounidenses provocando daño ambiental en algunas zonas.

Una tonelada de material pétreo puede llegar a valer US$200 y lo normal es que se envíen contenedores de 80 toneladas a US$16.000 cada uno.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el fenómeno se extiende a por lo menos 10 estados del país, aunque las zonas más afectadas por la extracción ilegal de arena están en el norte, especialmente en el estado de Baja California.

Roberto Merino, gerente de Inspección y Medición del organismo gubernamental, le dijo a BBC Mundo que cerca de un 20% de toda la extracción que se realiza en el país es ilegal.

Sin embargo, reconoció que es muy difícil para el gobierno precisar la cantidad de materiales pétreos robados, porque la Conagua cuenta con apenas 150 inspectores para todo el país, que deben desarrollar muchas otras funciones.

"Hacemos un total de 250 verificaciones al año y cerca de la mitad de esos procedimientos terminan en algún tipo de sanción a las empresas. Pero, obviamente, no es suficiente".

¿Quién es el responsable?

La fiscalización del delito depende de varios organismos y varía según la legislación de cada estado, algo que permite que en muchas ocasiones las responsabilidades se diluyan entre varios actores.

A la Conagua le corresponde la inspección de ríos y arroyos, mientras que el saqueo en predios particulares u otros terrenos le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en algunos casos, o a los gobiernos de cada estado, en otros.

En cada una de esas tres instancias la situación es más o menos similar: falta de inspectores que hagan cumplir la ley y procedimientos burocráticos que a veces hacen imposible sancionar a la empresa infractora.

El secretario de Protección al Medio Ambiente de Baja California, estado fronterizo con Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo que no es fácil sancionar a un infractor.

"El procedimiento es engorroso. El inspector tiene que notificar a la persona y pedirle que se presente, pero lo que ocurre es que la persona no vuelve y es muy difícil sancionarla", explicó Sócrates Bastida.

A nivel federal y a nivel local la fiscalización parece ser más simbólica que eficaz.

Y el mismo problema se presenta a la hora de inspeccionar que las empresas que tienen concesiones para extraer legalmente pétreos cumplan con los montos asignados y no sobrepasen los límites.

En México, existen cerca de 2.500 concesiones a empresas para la extracción de unos 100 millones de metros cúbicos de pétreos al año. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuánto se termina extrayendo.

Impacto ambiental

El profesor de derecho ecológico de la Universidad Autónoma de Baja California, Alberto Tapia, le dijo a BBC Mundo que la extracción de pétreos -legal o ilegal- altera el ecosistema, impide la retención de agua en los mantos acuíferos y acelera la desertificación con graves consecuencias.

"En el futuro, el campesino tendrá aún menos disponibilidad de agua en una zona donde ya estamos viviendo las consecuencias de la sequía prolongada, ¿y todo para qué? Para que unos pocos concesionarios se hagan ricos", señaló Tapia.

"Aquí hay grandes intereses económicos y las autoridades a todos los niveles prefieren no intervenir", agregó.

Pero el representante de la Conagua, Roberto Merino, dijo que "no está claro si existe un daño medioambiental, hay que estudiarlo caso a caso".

Desde su punto de vista, la arena es un recurso que en algunas zonas se renueva en semanas, por lo tanto, no se puede prohibir la extracción, terminar las concesiones o crear una norma para que sólo se pueda vender el recurso al interior de cada estado.

"No, eso es inviable porque se trata de un bien nacional que opera bajo las normas del libre mercado", indicó Merino.

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