Malestar por Guantánamo
- Carlos Chirinos Vásquez
- BBC Mundo, Washington
Obama defendió la validez de los tribunales militares, aunque "bien administrados".
La decisión anunciada la tarde del viernes por Barack Obama de reactivar los juicios militares a los detenidos en Guantánamo acusados de terrorismo ha generado gran malestar entre organizaciones de derechos humanos e incluso entre sectores políticamente cercanos al presidente de Estados Unidos.
Y paradójicamente ha sido mejor comprendida y aplaudida por sectores que apoyaban la política del presidente George W. Bush.
Para la organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), la decisión de revivir las comisiones militares "prolongará la injusticia de Guantánamo" al impartir una justicia que consideran que estará "por debajo de los estándares" estadounidenses.
Asegura que Washington "puede esperar enfrentarse a la creciente condena internacional por restringir derechos básicos del proceso legal".
"El sistema de comisiones militares es errado más allá de cualquier posible reparación. Reviviendo esta fallida idea del gobierno de George Bush, el presidente Obama está retrocediendo peligrosamente en su agenda de reforma", dijo el director de HRW, Kenneth Roth.
HRW cuestiona el argumento presentado en un comunicado del presidente Obama en el sentido de que el sistema de comisiones militares tiene raíces en la tradición legal estadounidense y es apropiado "siempre que estén bien estructuradas y bien administradas".
Falla de origen
Obama se ganó el aplauso de las organizaciones que hoy le critican cuando apenas llegado al poder dejó en suspenso los tribunales militares y ordenó el desmantelamiento de la prisión de Guantánamo "en el lapso de un año".
Aunque ahora el presidente propone modificarlas para hacerlas más justas, los grupos de derechos humanos aseguran que todavía no se cumplen las garantías consagradas en las leyes y la Constitución.
También aseguran que el sistema tiene una falla de origen, porque al ser todos los factores que intervienen en él parte de las fuerzas armadas, una organización fuertemente jerarquizada, no está garantizada la independencia de éstos en el proceso legal.
Entre los cambios que el gobierno planteará al Congreso sobre el trabajo de las comisiones, está el limitar la evidencia basada en rumores o en fuentes no confirmadas, así como desechar la inteligencia obtenida por tratamiento cruel, inhumano o degradante, es decir, la definición de tortura.
Además los detenidos tendrán ahora posibilidades de elegir sus propios asesores legales.
Los juicios militares no se reanudarán inmediatamente. Las 20 comisiones que se han activado volverán dentro de cuatro meses, mientras la Casa Blanca trabaja con el Congreso para dotar de un nuevo marco legal a los tribunales especiales.
Trabajo para las cortes
En Guantánamo hay unos 20 reclusos que tienen procesos abiertos en los tribunales militares.
En general, los activistas humanitarios consideran que las cortes federales tienen la experiencia, la capacidad y ofrecen todas las garantías para procesar a los detenidos en Guantánamo.
Para HRW la ineficacia del sistema de Comisiones Militares se evidencia en que en 7 años de trabajo sólo tres sospechosos han sido procesados, mientras que en ese mismo tiempo las cortes federales han procesado unos 145 casos de terrorismo.
"No hay un detenido en Guantánamo que no pueda ser procesado y no deba ser procesado en el sistema regular de cortes federales", aseguró Jonathan Hafetz, de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU por sus siglas en inglés).
"Es desilusionante que Obama esté buscando revivir, en vez de terminar, este experimento fallido", aseguró Hafetz, para quien incluso con las correcciones y garantías procesales que promete el gobierno las comisiones no tendrían "legitimidad".
Hasta grupos políticamente cercanos a Obama cuestionan la decisión.
"No pienso que las comisiones militares sean la mejor manera de proceder", dijo a BBC Mundo Mundo Ken Gude, director de Derechos y Responsabilidad Internacional del Centro para el Progreso Estadounidense, un grupo de estudios políticos de tendencia liberal basado en Washington.
"Eso sería cierto si estuviéramos partiendo de cero en 2009, pero claro que no es el caso porque tenemos la experiencia de siete años del gobierno de Bush durante los cuales las comisiones fueron ampliamente percibidas como profundamente equivocadas e injustas", aseguró Gude.
"En los últimos 25 años el país ha tenido un historial exitoso de traer sospechosos de terrorismo a los EE.UU. para su enjuiciamiento y encarcelamiento. Más de una docena de los terroristas más peligrosos del mundo han sido capturados fuera y traídos acá para sus juicios", afirmó Gude al rechazar el argumento sobre la supuesta inconvenciencia de tener a los extremistas en suelo estaounidense.
Semana difícil
Es el segundo choque que tiene la Casa Blanca con grupos de derechos humanos en una semana.
El miércoles Obama generó un gran revuelo al revirtir su decisión de entregar fotografías sobre el tratamiento de prisioneros por parte de militares estadounidenses en Irak y Afganistán.
Con estas decisiones Obama se ha buscado problemas con sus simpatizantes y generado cumplidos políticamente "tóxicos" de sus opositores conservadores.
El senador republicano Lindsey Graham, del Comité de las Fuerzas Armadas, elogió la decisión del gobierno de reestablecer las comisiones militares como "un paso para fortalecer" la seguridad nacional.
"Sigo creyendo que está en el interés de nuestra seguridad nacional distanciarnos de los pasados problemas de Guantánamo (...) Es tiempo de empezar de nuevo y apuntalar nuestras políticas de detención", afirmó Graham.
Un grupo de congresistas republicanos quiere impedir el traslado de los prisioneros a EE.UU.
En sus años como senador y durante su campaña electoral, Obama, cuya profesión es abogado, fustigó las comisiones militares por considerarlas violatorias de las leyes estadounidenses, incluso votó contra su formación en 2006 cuando el Congreso creó el sistema.
En esa ocasión Obama votó en contra de la ley que creaba los tribunales militares y dijo que era "descuidada" y que no era "la manera como un gobierno serio debería aproximarse al problema del terrorismo".
Extremistas fuera
En Guantánamo hay unos 240 reclusos, 20 de ellos tienen un procedimiento abierto en las comisiones militares y 13 en tribunales federales, según la información oficial.
El resto está en un limbo jurídico, amparados por la Convención de Ginebra para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra, pero sin posibilidades de ser llevados a juicio o de ser liberados.
Al limitar el uso de evidencia obtenida por técnicas de interrogatorios "duras" se amplían las posibilidades de que, si son enjuiciados, los cargos contra muchos prisioneros sean desechados en los tribunales.
Pero el gobierno tiene el problema adicional de no saber qué hacer, incluso con aquellos que pueden ser liberados, algunos de los cuales no son aceptados de regreso por sus países de origen.
Como Guantánamo debe ser cerrada muchos empiezan a temer que los prisioneros, a los que califican de "extremadamente peligrosos", sean traídos a cárceles en territorio estadounidense.
Incluso un grupo de congresistas presentó un proyecto de ley que impediría al gobierno trasladar a los presos de Guantánamo a los EE.UU.
