Guerra contra el terror: cifras de horror

En Irak y Afganistán el gobierno de Estados Unidos no sabe con precisión en qué gasta el dinero, a quién se le paga, e incluso qué se hace con él.

Esa es la conclusión a la que llegó la Comisión de Contratos de Guerra creada por el Congreso en 2008 y que este miércoles presentó su primer informe sobre el uso de dineros públicos en el pago a contratistas privados desde el inicio de lo que el gobierno de George W. Bush definió como la "guerra contra el terrorismo".

Según el informe presentado este miércoles a la Subcomisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el Departamento de Defensa de EE.UU. no ha hecho la supervisión necesaria de miles de millones de dólares pagados a empresas privadas para el apoyo de las actividades militares en esos dos países.

Los comisionados Michael Thibault y Christopher Shays hicieron la presentación del informe de 111 páginas titulado "¿A qué costo? Contrataciones de contingencia en Irak y Afganistán", la primera parte de un trabajo que deberán finalizar para agosto de 2010.

El texto sugiere una respuesta: que el costo ha sido más alto del debido. Cerca de US$45.000 millones adjudicados a 15 empresas privadas fueron analizados por la comisión.

Pero, por sobre todo, destaca que esa cifra podría haber sido menor con el uso de mejores métodos administrativos y de control, desde la adjudicación hasta la supervisión de los contratos otorgados.

Más civiles que militares

"Las preocupantes implicaciones van más allá del cuestionamiento de una buena gerencia o responsabilidad financiera", dice la introducción del informe.

"Esto atañe directamente a la capacidad de nuestra nación de lograr objetivos políticos y proveer la debida protección y apoyo a nuestros guerreros y empleados civiles involucrados en operaciones de contingencia", continúa el texto.

Tras una serie de visitas a las zonas del conflicto y entrevistas con jefes militares y contratistas, la comisión concluyó que la dependencia del gobierno en el sector privado ha crecido "hasta proporciones sin precedentes".

Sin embargo, se asegura en el reporte que "el gobierno no tiene una base de datos central de quiénes son esos contratistas, qué hacen o cuánto les pagan".

Según la comisión, hay unos 240.000 empleados privados en funciones de soporte a las operaciones militares en Irak y Afganistán. De ellos, sólo un 20% son ciudadanos estadounidenses, el resto es personal contratado localmente.

En bases de Irak que están siendo redimensionadas, debido a los planes del presidente Barack Obama de centrar los esfuerzos militares en Afganistán, se cuentan hasta cinco contratistas civiles por cada militar.

Los investigadores aclaran que 1.360 empleados civiles han muerto en Afganistán e Irak, y que los cuestionamientos a las operaciones que manejan no buscan disminuir su sacrificio personal para trabajar en áreas en conflicto.

El reporte presenta un listado de varios proyectos de infraestructura "cuestionables", ya sea por carecer de utilidad o por la mala calidad de su construcción.

Entre las primeras se destaca el comedor del famoso Campo Delta en Irak, que se preveía fuera terminado en diciembre de 2008, pero que con el decrecimiento de la población militar en ese país no será ya necesario.

La falla en ese caso sería achacable a los planificadores militares y no a las constructoras que desarrollan el proyecto, que está ya tan adelantado que no es económicamente lógico suspender una construcción en la que se han invertido unos US$30 millones.

La comisión teme que quedará como un monumento a la ineficiencia y al gasto incontrolado de la guerra, cuando el grueso de las tropas haya dejado la zona dentro de un par de años.

En otros casos, los investigadores se han encontrado con edificaciones defectuosas por el empleo de materiales de calidad inferior a la originalmente presupuestada.

Ese sería el caso del nuevo Campamento de Kabul, que servirá de cuartel general a las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

En su visita, los comisionados dijeron haber observado paredes agrietadas, tuberías rotas y pisos hundidos, y criticaron que el ejército haya recibido la instalación con tales defectos.

El fantasma de Halliburton

La comisión también puso la lupa en los contratos de logística, es decir, los servicios esenciales como alojamiento, comida, lavandería y correo.

Esas operaciones en Afganistán e Irak son supervisadas por 13 empleados gubernamentales, por lo que el resto del trabajo lo realizan contratistas privados.

La empresa KBR es la principal compañía que trabaja en esa área en Irak, que desde 2001 ha facturado unos US$31.000 millones. La comisión asegura que buena parte de ese dinero se ha diluido en ineficiencia de la empresa y en la falta de supervisión gubernamental.

Incluso, hay cargos que los investigadores consideran dudosos, como los US$100 millones que KBR facturó por costos de seguridad privada cuando su contrato les prohíbe el uso de ese tipo de servicios.

Al principio de su trabajo en Irak, KBR era una subsidiaria de Halliburton, empresa de la cual el entonces vicepresidente Dick Cheney había sido directivo, y cuya adjudicación de contratos iraquíes fue duramente criticada.

Aunque el informe pueda resultar impactante, no se trata de hallazgos nuevos.

De hecho, la comisión afirma haberle hecho seguimiento a 537 informes y 1.287 recomendaciones del Inspector General de las Fuerzas Armadas, a los que las oficinas gubernamentales no han prestado atención.

Desde 2001, Halliburton y la compañía de seguridad privada Blackwater han simbolizado para muchos el "negocio de la guerra" con los jugosos contratos obtenidos, muchos de ellos pobremente supervisados por el gobierno.

Con la llegada al poder de Barack Obama, el Departamento de Defensa se comprometió a cambiar ciertas prácticas en la contratación de empresas privadas y a dedicar más personal propio en Irak y Afganistán.