El “ilegal” fantasma de la era Bush

Obama, presionado
Image caption Aumenta la intensidad de las voces de quienes exigen que antiguos jerarcas rindan cuentas.

La presión se intensifica sobre la Casa Blanca para investigar polémicas acciones del gobierno anterior.

Hablar mal del "gobierno anterior" es una estrategia que el presidente de EE.UU., Barack Obama, ha usado discretamente en sus cinco meses de gobierno. Es una excusa discursiva que ha empleado algunas veces mientras pide mirar al futuro para superar las divisiones del pasado.

El problema para Obama es que el pasado no termina de salírsele del cuadro político y cada vez aumenta la intensidad de las voces de quienes exigen que "los del pasado" rindan cuentas políticas y hasta judiciales.

Las recientes revelaciones de que la Central de Inteligencia (CIA) no informó al Congreso sobre un supuesto plan para asesinar a líderes de al-Qaeda, ha sido la última gota de la tormentosa polémica entre la comunidad de inteligencia y la clase política particularmente demócrata.

Que la CIA actuara así por supuesta orden del entonces vicepresidente Dick Cheney ha generado indignación entre quienes quisieran ver a funcionarios del "gobierno anterior" de George W. Bush respondiendo ante la justicia por supuestos abusos a los derechos civiles y violaciones a la Constitución.

Opine: ¿debe Obama perseguir a los gobiernos anteriores?

Necesidad de saber

Image caption El gobierno del ex presidente George W. Bush está en la mira.

Las nuevas revelaciones intensifican el debate sobre hasta qué punto y cuándo el Congreso supo de las técnicas de interrogamientos "reforzadas" que para muchos grupos de derechos humanos, y finalmente para el gobierno de Obama, equivalían a torturas y por tanto eran ilegales.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y varios de sus compañeros legisladores demócratas, han asegurado que les fue ocultada esa información, aunque la CIA y algunos colegas republicanos sostienen que fueron oportunamente informados.

El hecho es que por ley la comunidad de inteligencia está obligada a informar al Congreso de sus actividades.

El grado de acceso público a esa información está limitado por la sensibilidad de la misma y su potencial impacto sobre la seguridad nacional.

Por eso entre los funcionarios públicos hay niveles de seguridad según sea la "necesidad de saber" que se considere que tengan. En última instancia los jefes de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representante están metidos en ese pequeño grupo al que siempre hay que informar.

Pero "fuimos mantenidos en la oscuridad", aseguró este domingo la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, refiriéndose al plan de asesinatos selectivos.

Inteligencia política

De acuerdo con muchos comentaristas políticos este pulso entre espías y legisladores es uno de los juegos favoritos en Washington.

"Aquí en Washington todo tiene la vida que tiene un sound bite (…) Por eso hay que ser un poco cínicos con las realidades de la capital donde la conveniencia política de los actores es lo que suele contar", aseguró a BBC Mundo el Coronel (r) Eric Rojo, especialista en asuntos de Seguridad Nacional.

Image caption A la CIA se la acusa de no informar al Congreso de un supuesto plan asesinar a líderes de al-Qaeda.

Según Rojo, aunque la ley que limita las actividades de inteligencia "es clara, también es amplia en su interpretación" y eso fue lo que permitió al gobierno de George W. Bush crear algunos de sus proyectos más polémicos como las cárceles clandestinas o el intercambio secreto de prisioneros, además de su sistema de interrogatorio.

"Hay que ver que pasa con este gobierno. Porque si llegara a pasar el gobierno tendrá que reaccionar. Y te aseguro que quienes vayan a estar a cargo van a tener que tomar decisiones muy difíciles para cumplir con el deber", afirmó Rojo.

Esa ha sido la línea de defensa de los republicanos . El propio ex vicepresidente Cheney ha reconocido que era "complicado hallar una alternativa que combine justicia con los intereses de la seguridad nacional", según dijo durante una conferencia en Washington en mayo pasado.

Moralidad y conveniencia

Para los grupos liberales y de defensa de los derechos humanos, la Casa Blanca está siendo demasiado cautelosa y estaría inhibiendo la actuación del Congreso, del que esperan que abra una investigación sobre las prácticas del gobierno anterior.

"Iniciar una investigación delictiva es un paso crucial para restaurar la autoridad moral de EE.UU. en el exterior y el imperio de la ley en casa", afirmó en días pasados a la prensa Jameel Jaffer, director de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.

Según informaciones publicadas recientemente por el influyente diario The Washington Post, el Fiscal General, Eric Holder, podría estar sintiendo esa presión y estaría por nombrar un investigador especial para que analice cómo el Departamento de Justicia facilitó algunas de las más polémicas actuaciones del gobierno anterior.

Pero no se trata sólo de moral y la defensa de la ley, sino también del balance necesario para garantizar el avance de la agenda de reformas que impulsa el presidente Obama.

En la Casa Blanca parecen estar concientes de que una investigación de ese tipo desataría una guerra abierta entre demócratas y republicanos cuyo principal frente será el Congreso y las primeras víctimas, los varios planes presidenciales que esperan por su aprobación.

Pero como pasar la hoja de la historia también puede dañar la imagen pública del presidente entre su base electoral liberal, Obama y sus asesores deben saber que practicar el discurso de ver al futuro no resultará fácil ni será políticamente indoloro.

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