La "obediencia debida" de la CIA

Obama protegido de cerca por un agente del servicio secreto
Image caption Obama se apresuró a prohibir la tortura, pero qué hacer con sus responsables sigue sin resolverse.

En Washington se espera la inminente presentación de un informe de Departamento de Justicia sobre las "técnicas de interrogación mejoradas" usadas en el pasado con sospechosos de terrorismo, al tiempo que se reactivan los pedidos para procesar a los responsables de su uso.

El informe es una investigación interna que hizo la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en el del 2004 y será presentado por orden judicial tras una solicitud de la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles, el mayor grupo de defensa de derechos humanos del país.

Aunque la base del documento es conocida, un tribunal de Nueva York ordenó al gobierno que presentará una versión mayor, sin las tachaduras del anterior, aunque reconociendo que hay asuntos de seguridad nacional que no pueden ser hechos públicos.

Lo que salga en el nuevo informe se sumará a las revelaciones sobre las técnicas ilegales usadas por la CIA al interrogar a sospechosos de terrorismo, lo que ha reactivado los reclamos de grupos de defensa de derechos humanos para que los responsables de esas prácticas sean procesados.

Eso incluye desde los funcionarios de alto nivel dentro del gobierno que dieron la luz verde para el uso de las llamadas "técnicas intensivas" o "mejoradas" en los interrogatorios, hasta los agentes que las utilizaron siguiendo las órdenes superiores.

Técnicas ilegales

Image caption Provocar el miedo a un detenido amenazándolo de muerte es ilegal en EE.UU.

Según la ley estadounidense inducir miedo a la muerte o al dolor a un detenido, y perturbarlo emocionalmente es ilegal.

Quienes lo hacen son culpables de un comportamiento criminal que conlleva penas de prisión.

En ese rango quedarían métodos como fingir ejecuciones sumarias, amenazar a una personas con un taladro o el famoso "sistema de ahogamiento" en el que al detenido se le hecha agua en el rostro cubierto con una capucha haciéndole difícil respirar.

Pero hasta que en enero el recién investido presidente Barack Obama ordenó detener el uso de esos métodos, nadie del gobierno de George Bush había admitido que pudieran ser considerados torturas e insistían en que se hacían bajo supervisión legal y médica.

Grupos de derechos humanos condenan no sólo el uso de las técnicas de interrogatorio, sino lo que consideran la "sistemática mentira" del sector oficial, una conducta que esperan que sea analizada por la justicia.

Obediencia debida

El fiscal general, Eric Holder, podría reabrir las investigaciones en al menos unos 12 casos que ya habían sido archivados.

Image caption Bush y Obama aseguraron que no se presentarán cargos contra quienes "actuaron por obediencia".

Pero allí entra el concepto de la obediencia debida, tan familiar para algunas sociedades de América del Sur.

Gracias a él quedaron exculpados miles de policías y militares en Argentina, Chile y Uruguay, involucrados en abusos a los derechos humanos en tiempos de las dictaduras de los 70 y 80 en esos países.

En una reacción previa a la presentación del informe, el director de la CIA, Leon Panetta, nombrado por el presidente Obama, aseguró que "defenderá a los oficiales que hicieron lo que su país les pidió hacer y que siguieron la guía legal que les fue dada".

Panetta asegura que esa es la posición del presidente Obama, quien en más de una oportunidad ha hablado de la necesidad de "ver hacia delante" y afirma que la agencia ha tomando medidas disciplinarias en aquellos casos en lo que los interrogatorios se excedieron de los límites legales.

Esa actitud está "en el mejor interés del país", según escribe este lunes en el diario The Washington Post, el ex asesor de la CIA, Jeffrey Smith.

"¿Qué confianza van a tener cuando un alto funcionario les diga que no se preocupen porque 'esto ha sido autorizado por el presidente y autorizado por el Departamento de Justicia'?", escribe Smith asegurando que eso podría complicar investigaciones complejas en la comunidad de inteligencia.

¿Quién tuvo la idea?

Image caption González es considerado la "mente" que dio cobertura legal a las técnicas de interrogatorio, dice Chirinos.

En la discusión no está claro aún de dónde partió la iniciativa de los interrogatorios intensivos. Si fueron funcionarios de alguna oficina gubernamental o si fue la gente de la comunidad de inteligencia la que pensó que sería una herramienta más útil.

Algunos analistas consideran que eso será crucial cuando llegue la hora de decidir si el Departamento de Justicia lanza una investigación cuyos resultados podría terminar conduciendo al banquillo de los acusados a muchos, sobre todo altos funcionarios del gobierno de George W. Bush.

Los más notables serían el ex vicepresidente, Dick Cheney y el ex fiscal general, Alberto González.

En repetidas ocasiones González se negó a presentar ante el Congreso una definición de tortura o a calificar como tal las técnicas de ahogamiento.

Aunque Cheney ha reconocido que los eventos del 11 de septiembre de 2001 forzaron al país a pasarse al "lado oscuro", ha sido uno de los mayores defensores de las prácticas duras de interrogatorio, asegurando que dieron valiosos datos que habrían evitado nuevos atentados extremistas.

Inteligencia centralizada

Sin embargo es posible que el esperado informe no sea el que termine disparando la investigación oficial.

Se espera que en los próximos meses se presente un cuarto memorando del 2007 de la Oficina del Consejero Legal de la Casa Blanca y un memorando del Departamento de Justicia del 2006.

Al fin y al cabo, aunque sean datos nuevos para la opinión pública esos papeles son del conocimiento del gobierno y del Congreso.

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Algunos estiman que será cuestión de la presión de la opinión pública y el balance de las consecuencias políticas de tal decisión lo que termine inclinando la balanza a favor de una mayor investigación.

Mientras tanto, el gobierno de Obama parece estar “curándose en salud” y anunció este lunes la decisión de centralizar todos los procedimientos que involucren a sospechosos de alto valor en una nueva oficina que dependerá de la Dirección de Inteligencia Nacional, el organismo que coordina todos los servicios de inteligencia estadounidenses.

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