Garzón declararó ante el Supremo

El juez español Baltasar Garzón declaró este miércoles como imputado ante el Tribunal Supremo de España por una querella presentada en su contra por su investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo.

Image caption Garzón declaró ante el tribunal durante casi cuatro horas.

El sindicato Manos Limpias interpuso una querella por prevaricación -que consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es- contra el juez de la Audiencia Nacional española, a la que más tarde se sumó la asociación Libertad e Identidad.

Los denunciantes consideran que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo sabiendo que no lo era.

En las casi cuatro horas de comparecencia, el magistrado defendió su actuación en ese caso y rechazó los cargos presentados en su contra.

Garzón se negó a contestar a las preguntas del letrado de la acusación y únicamente respondió a las del juez instructor del caso, Luciano Varela, a las del fiscal y a las de su defensa.

La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que no admitiera la querella del sindicato Manos Limpias, aunque recordó al magistrado que desde un principio mantuvo su falta de competencia para investigar en esta causa.

Tanto a su llegada como a la salida de la sede del alto tribunal, Garzón fue recibido con aplausos por miembros de asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica.

Según explica el corresponsal de la BBC en Madrid, Steve Kingstone, de ser acusado formalmente, Garzón sería suspendido de sus funciones de magistrado.

En cualquier caso, Kingstone señala que según la mayoría de analistas es poco probable que esto suceda.

Determinar responsabilidades

Image caption Franco gobernó España durante casi cuatro décadas.

El pasado mayo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España admitió a trámite la querella contra Grazón, pese a la opinión contraría del la Fiscalía del alto tribunal.

El magistrado recurrió la decisión del Supremo y negó haber prevaricado al declararse competente en el caso de las desapariciones.

Pero el alto tribunal rechazó los argumentos de Garzón y recordó al magistrado que "no se inicia un proceso porque se sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable".

En octubre de 2008 Garzón se declaró competente para investigar cuál fue el destino de decenas de miles de personas que desaparecieron durante la Guerra Civil española y el posterior gobierno de Francisco Franco.

El magistrado, que también autorizó la apertura de varias fosas comunes donde se cree están enterradas víctimas del bando republicano, atribuyó a Franco y a más de una treintena de funcionarios de su gobierno el despliegue de un plan de exterminio de sus oponentes y de represión que terminó con más de 100.000 desaparecidos.

Pero la Fiscalía se opuso a la investigación de Garzón amparándose en la ley de amnistía española de 1977, por la cual prescribían los delitos de esa época.

En noviembre de 2008, Garzón renunció a la investigación y remitió la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas con restos de desaparecidos.

Tanto el sindicato Manos Limpias como la asociación Libertad e Identidad son de ideología de derechas.

Manos Limpias se autodefine como una organización de representación de empleados de la función pública y, aunque tiene afiliados, no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España. Está dirigido por Miguel Bernard, integrante del partido de ultraderecha Fuerza Nueva que fue disuelto en 1993.

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