El poder simbólico de Guantánamo
- Carlos Chirinos
- BBC Mundo, Washington

Lidiar con el cierre de Guantánamo ha sido un reto mayor al calculado por el gobierno de Obama.
En Guantánamo hay 15 detenidos menos que cuando llegó el presidente Barack Obama, quedan 226 por ser enviados a nuevos destinos. Eso significa que la población penitenciaria se ha reducido en tan solo un 6% en poco más de ocho meses.
Faltan cuatro meses para que se cumpla el plazo que impuso el presidente y al ritmo que va marchando el proceso muchos en el gobierno empiezan a reconocer que es muy posible que el 22 de enero del 2010 la instalación siga estando operativa.
Este martes fueron absueltos 75 de los 223 prisioneros restantes -aquellos que no son considerados una amenaza- en un esfuerzo por acelerar el cierre de las instalaciones “en el lapso de un año”, como ordenó en enero pasado el presidente Barack Obama.
Este domingo el Secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció en una entrevista a la cadena de televisión ABC que “va a ser difícil” que ese lapso se cumpla.
En la estrategia semántica los voceros del gobierno empiezan a dar menos importancia al cumplimiento de una fecha fija que al tener en marcha el proceso de desmantelamiento.
Tarea difícil
Los recién absueltos no saldrán inmediatamente de prisión. Primero hay que buscarles un lugar para que rehagan sus vidas, un proceso más complejo de lo previsto cuando Obama firmó aquel primer decreto de su mandato.
Lidiar con el problema está siendo un reto mayor del que había calculado el equipo de la Casa Blanca, que se enfrenta con la prohibición expresa establecida por el Congreso de permitir que ningún detenido sea reubicado en territorio estadounidense.
Eso ha complicado las gestiones de Washington frente a muchos aliados que se preguntan cómo pueden ellos justificar ante sus ciudadanos que acepten a gente de Guantánamo si EE.UU. no recibe a ninguno.
Hasta ahora sólo Francia, Portugal, España, Irlanda, y las islas de Palau y Bermuda han aceptado colaborar en esas reubicaciones.
Sin Plan B
Pese a esas dificultades, el embajador Daniel Fried, miembro del equipo presidencial encargado del desmantelamiento de Guantánamo, aseguró a la BBC que “estamos haciendo el esfuerzo y continuaremos haciendo el esfuerzo para lograr ese objetivo”.
Sólo 15 prisioneros han dejado Guantánamo en 2009.
“Estoy preocupado cómo vamos a llegar allí, pero el cronograma del presidente Obama es lo que tenemos. No tenemos plan B”, aseguró Fried, quien como responsable de gestionar la reubicación de los detenidos afirma que se ha topado con “menos colaboración” internacional de la que habría esperado.
Fuentes informadas sobre esas gestiones, que hablaron con BBC Mundo bajo condición de anonimato, aseguran que “algunos países latinoamericanos” - que no identificaron- “estarían dispuestos a aceptarlos si vieran que los estadounidenses hacemos lo mismo”.
Dentro de EE.UU. la Casa Blanca ha tenido dificultades en contrarrestar la estrategia de la oposición conservadora que critica el cierre por considerar que pone en peligro la seguridad nacional estadounidense y desperdicia unas instalaciones acondicionadas para recibir quienes alguna vez fueron descritos por Washington como “lo peor de lo peor”.
Una efectiva estrategia informativa alertando sobre el “peligro” de tener “un terrorista en el vecindario” forzó al Congreso a principios de año a impedir que se dieran reubicaciones en territorio estadounidense.
Incluso las gestiones federales para adaptar alguna prisión de alta seguridad en zonas del norte de EE.UU. se han topado con fuerte oposición en esas localidades que potencialmente podrían servir de nuevo destino para los que no sean liberados.
Pesadilla del pasado
En su momento la orden de cierre de Guantánamo fue una poderosa “declaración de principios” que cayó bien a grupos de defensa de derechos humanos y la comunidad internacional, que veían en la prisión el símbolo máximo de los abusos cometidos por el gobierno del ex presidente George W. Bush durante la llamada guerra contra el terrorismo.
Pero el sutil cambio registrado en el discurso oficial, las trabas puestas por el Congreso y la poca colaboración internacional hace temer a muchos que el presidente Obama pueda estar perdiendo impulso en el compromiso que asumió en enero.
“Lo importante es no tanto el cumplimiento exacto de los plazos, lo importante es que pronto Guantánamo sea una pesadilla del pasado” aseguró a BBC Mundo, José Miguel Vivanco, director para Américas de Human Rights Watch, una de las organizaciones de derechos humanos que más cuestionó la existencia de la prisión.
“Mucho más importante es que se encuentre una solución jurídica aceptable para procesar o para liberar a aquellos que tengan responsabilidades en actos atroces”, aseguró Vivanco, quien reconoce que le “preocupa que el tema no tenga la prioridad que debiera”.
Nuevos Guantánamos
Pero los detenidos en Guantánamo cargan con un estigma que los convierte en indeseables en muchas partes del mundo, incluso en sus países de origen, por lo que podrían estar entrando en un nuevo limbo no sólo jurídico, sino hasta geográfico.
Los grupos de derechos humanos aseguran que muchos de ellos han sido torturados -una práctica que prohibió el presidente Obama, lo que equivale a un reconocimiento oficial- por lo que si son presentados en cortes estadounidenses sus casos podrían ser desechados.
La tentación de algunos en Washington podría ser crear una nueva fórmula que mantenga indefinidamente en prisión a aquellos considerados más peligrosos, algo que para muchos equivaldría a abrir un “nuevo Guantánamo” pero en otra parte.
“Ya es una injusticia enorme el haberlos mantenido en detención sin ningún tipo de juicio, no habiendo evidencias contra muchos de ellos” aseguró Vivanco para quien “constituiría un rompimiento abrupto con las obligaciones jurídicas internacionales”.
Mientras los reclusos se mantienen en el limbo, el gobierno enfrenta una disyuntiva compleja: cumplir con la defensa de los derechos humanos que dice defender y simultáneamente cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de los estadounidenses.
Dos elecciones difíciles de balancear y poderosamente simbólicas que pueden tener un gran costo político para la Casa Blanca.