Querellan en Argentina crímenes del franquismo

Grupos de derechos humanos de Argentina y España, junto al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron este miércoles una demanda en una corte de Buenos Aires para que se investiguen crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra civil española y el subsecuente gobierno del general Francisco Franco.

Image caption Los querellantes españoles aspiran a que el tribunal de Argentina aplique el principio de jurisdicción universal.

La jueza federal María Servini de Cubría estará a cargo del caso, quien es conocida por haber tomado casos controvertidos de alto perfil en los últimos 20 años.

El texto presentado ante la magistrada argentina indica que la "querella criminal" por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" abarca el período entre julio de 1936 y junio de 1977.

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El documento explica que la participación de grupos argentinos se fundamenta en el principio de "jurisdicción universal" para juzgar este tipo de crímenes contemplado en la Constitución de Argentina y "consagrado en el Derecho Internacional".

De acuerdo con la periodista Veronica Smink de BBC Mundo en Buenos Aires, los promotores de la iniciativa aspiran a que el tribunal argentino aplique este principio para investigar estos crímenes que, según afirman, no prescriben.

Smink agrega que los demandantes solicitan que la justicia argentina recabe "los nombres y último domicilio conocido" de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español, los mandos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Armada, los Directores Generales de Seguridad y los dirigentes de Falange Española, que actuaron en ese período.

"Circunstancias extensibles"

La demanda está encabezada por Darío Rivas Cando, en representación de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, por el fusilamiento de su padre, Severino Rivas Barja en 1936.

Image caption Garzón afronta en España un proceso por presunto delito de prevaricación en el caso contra el franquismo.

Lo acompaña en la denuncia Inés García Holgado, por crímenes contra varios de sus parientes

El texto presentado en tribunales agrega que "todas estas circunstancias narradas son extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección".

En esta demanda también participan la Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina y las asociaciones de Detenidos y Desaparecidos durante el último gobierno militar argentino (1976-1983), las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras.

La querella se da en un momento en que el juez español Baltasar Garzón afronta un proceso por presunto delito de prevaricación, por excederse en sus competencia al investigar los crímenes del franquismo.

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El juez sostuvo que, por ser crímenes contra la humanidad, esos casos estaban excluidos de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en 1977 y eran delitos vigentes al desconocerse el paradero de las víctimas.

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