Ley de Arizona, ¿inconstitucional?

Protesta contra la nueva ley de inmigración de Arizona en Phoenix
Image caption La aprobación de la ley provocó una ola de protestas en Arizona.

Expertos legales consideraron este lunes que la nueva ley del estado de Arizona que criminaliza la inmigración indocumentada viola la Constitución de Estados Unidos.

La ley SB1070, que fue promulgada este viernes por la gobernadora Jan Brewer, obliga a los agentes policiales locales a hacer cumplir las leyes de inmigración federales.

Con la nueva normativa, los agentes tendrán que detener a cualquier persona para verificar sus documentos de identidad en caso de que tengan una "sospecha razonable" de que pueda ser un indocumentado.

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"El estado de Arizona está creando su propia política respecto a la inmigración, que es un área asignada al gobierno federal", le indicó a BBC Mundo Chris Edelson, profesor de Derechos Civiles y Libertades en la Universidad Americana en Washington D.C.

El experto indicó además que la legislación también podría violar la cuarta enmienda de la Constitución de EE.UU. "que prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias".

Esa enmienda constitucional también exige a los agentes policiales "tener una causa probable o una orden judicial antes de detener a una persona", agregó el profesor universitario.

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Otros estudiosos de la materia han destacado además que también podría calificarse de inconstitucional la intención de los legisladores que aprobaron la medida porque singulariza a un grupo étnico específico.

Responsabilidad de Washington

Antes de estampar su firma en la controversial legislación, la gobernadora Brewer aseguró que la medida "fortalece las leyes" del estado y "nos protege a todos".

"Ésta es una crisis que nosotros no creamos y que el gobierno se ha negado a resolver", agregó.

Image caption La ley fue promulgada este viernes por la gobernadora Jan Brewer.

El tema de la inmigración y la aprobación de la nueva ley ha dividido profundamente a Arizona.

De un lado están los que protegen los derechos de los inmigrantes y de otro aquellos que se sienten afectados por el influjo de latinoamericanos, principalmente mexicanos, a través de la frontera.

Entre estos últimos se encuentra Peggy Davis, propietaria de una finca aledaña a la de un prominente hacendado de la localidad de Douglas que fue asesinado el mes pasado.

"Yo la apoyo simplemente porque hemos sido invadidos absolutamente", le dijo Davis a BBC Mundo.

"Honestamente, creo que nuestro gobierno no ha hecho lo suficiente para mantener nuestra seguridad", agregó la ganadera.

Posibles demandas

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en EE.UU. han anunciado ya su intención de demandar al estado de Arizona por la controversial ley.

La Junta Nacional de Directores de la Coalición Nacional Latina de Ministros y Líderes Cristianos (CONLAMIC) anunció que instruyó a sus abogados que inicien una acción legal inmediata para detener su implementación.

"Obviamente vemos que la influencia de más de 300 pastores en Arizona no fue suficiente para que la gobernadora Brewer se retractara de sus amenazas en querer firmar la ley y ahora, tendrá que enfrentar las consecuencias de varias demandas en corte federal y estatal, las cuales consumirán millones de dólares del erario publico", dijo el reverendo Miguel Rivera, director de CONLAMIC.

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Por su parte Maldef -siglas en inglés del Fondo Legal Mexicano Americano para la Defensa y la Educación- que presta ayuda legal a inmigrantes hispanos, resaltó que "la comunidad de Arizona no está sola" y que junto a otras organizaciones están buscando los caminos legales para desafiar la legislación.

Maldef resaltó que la legislación de Arizona contiene "defectos legales significativos que implican numerosas garantías constitucionales" y que secciones específicas de la norma provocan serias preocupaciones legales bajo las enmiendas 4ta. Y 14ta. de nuestra Constitución”.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) aseveró que la legislación crea nuevos crímenes y penalidades migratorias que son inconsistentes con las leyes federales.

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