El "radical" plan de austeridad económica a 20 años aprobado por Brasil

Protesta contra la austeridad en Brasil Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption La reforma ha generado intensas protestas en Brasil

Cuando Michel Temer llegó a la presidencia de Brasil este año, tras el impeachment de Dilma Rousseff, el nuevo mandatario brasileño prometió cambios profundos para solucionar la crisis económica que vive el gigante sudamericano.

La intención de encauzar la economía por la senda de la austeridad se intuía, pero pocos esperaban la intensidad del ajuste económico que Temer busca implementar.

Y en las últimas semanas, miles de brasileños han estado expresando su descontento en las calles frente a la estrategia que ha escogido el gobierno para afrontar el problema: amarrar al país en un inflexible cinturón de disciplina fiscal.

Despilfarro

En el centro de la polémica está una reforma constitucional recién aprobada por el Congreso brasileño.

La semana pasada el Senado dio su visto bueno a la norma que congela por 20 años el gasto público federal, limitándolo apenas al crecimiento de la inflación.

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Image caption La enmienda congela el gasto público por dos décadas.

Unos ven aquí un remedio al excesivo gasto público, el despilfarro que alimentó la corrupción y que contribuyó a la intensa crisis económica que experimenta la mayor economía latinoamericana.

Pero los opositores de la medida la califican de radical, cruel y destructiva por el impacto que tendrá sobre los más pobres, los mismos que se habían beneficiado del gasto social brasileño en los años de bonanza de la pasada década.

Naciones Unidas denuncia

Entre las voces que se alzaron contra la medida está la del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, Philip Dalton.

"Actualmente, Brasil no está invirtiendo dinero suficiente en educación y, quedarse maniatado en un ciclo de reducción de la inversión, eso representaría un revés no solo para la niñez brasileña, sino también para la competitividad global del país", aseguró el funcionario en entrevista a BBC Brasil.

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Image caption El gobierno de Temer enfrenta la oposición de muchos sectores.

El gobierno encabezado por Michel Temer asegura no tener alternativa a la medida de austeridad.

La reforma constitucional es "necesaria para la recuperación económica", teniendo en cuenta que "Brasil enfrenta la peor crisis desde el comienzo del siglo 20, en la que en dos años el PIB per cápita cayó en 10", según dijo a BBC Brasil en una declaración el Ministerio de Hacienda.

"El objetivo de la PEC 55 (como se conoce la norma) es enviar una señal a los mercados de que Brasil está adelantando en serio la austeridad fiscal y que la deuda nacional no va a quedar fuera de control en los próximos años", le dice a BBC Brasil Ricardo Gottschalk, investigador de UNCTAD, la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

Encrucijada

No obstante, reconoce el experto, "aprobar una medida que congela los gastos públicos en términos reales por los próximos 20 años es bastante radical".

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Image caption Michel Temer reemplazó en la presidencia a Dilma Rousseff.

Gottschalk argumenta que en el largo plazo, la medida "afectará a una generación completa de brasileños, con consecuencias cada vez más negativas a medida que pasan los años".

"A largo plazo, las implicaciones serán que los gastos públicos en proporción al PIB irán decayendo cada vez más en términos reales. Eso, naturalmente va a afectar la capacidad de invertir en infraestructuras económicas y atender demandas sociales como las inversiones en programas de bienestar social, salud y educación", sostuvo Gottschalk en declaraciones a BBC Brasil.

Entre tanto, el gobierno de Temer enfrenta una encrucijada compleja en el terreno político.

La ciudadanía, ya confrontada con un impopular plan de austeridad económica, es además testigo de continuas denuncias de corrupción contra altos funcionarios gubernamentales.

Una combinación nada alentadora para Temer, a quien muchos le auguran un camino turbulento para completar los dos años de periodo presidencial restante antes de las elecciones generales de 2018.

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