10 años de la guerra contra el narcotráfico: "La clase política mexicana es la madre y el padre de la violencia organizada en México"

"La clase política mexicana es la madre y el padre de la violencia organizada en México. No hay duda de eso".

Edgardo Buscaglia no escatima críticas a los políticos para explicar por qué el país se encuentra en la situación en la que está al cumplirse 10 años del inicio de la que se conoce como la guerra contra el narcotráfico y que se estima ha dejado unos 150.000 muertos y casi 30.000 desaparecidos.

"Ojalá fuese sólo contra el narco (...). Si fuese solamente un problema de tráfico de drogas a mí no me preocuparía tanto", asegura este investigador en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia, de Nueva York, Estados Unidos, en entrevista con BBC Mundo.

El también presidente del Instituto de Acción Ciudadana (IAC) de México explica que la delincuencia organizada del país se ha diversificado hasta tal punto que se ve involucrada en 23 tipos de delitos económicos, desde la compra y venta de seres humanos, hasta el tráfico de armas y migrantes, pasando por el contrabando de cigarrillos.

Ello hace que México tenga la tercera economía ilícita más importante del mundo "al abrigo de una clase política poco interesada en ponérselas difíciles a los criminales", denuncia el director del International Law & Economic Development Centre.

Y es que, de acuerdo a Global Financial Integrity (GFI), una organización independiente con sede en Washington, México es tras China y Rusia el tercer país del mundo desde donde más sale dinero generado por actividades criminales.

"El sistema político mexicano es el origen de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada política en México es la más organizada de las delincuencias organizadas de México", señala.

El experto afirma que los indicadores de 23 delitos económicos se han incrementado en promedio más de un 200% en los últimos diez años por lo que "la experiencia mexicana ha sido un fracaso total".

Y señala como responsables a los propios políticos: "Hay un pacto de impunidad política que impide la aplicación de medidas".

Según la línea de razonamiento del presidente del Instituto de Acción Ciudadana (IAC) de México, en el país no se aplican ciertas medidas "porque la clase política sabe que de hacerlo no podría financiar las campañas con "dinero sucio"", algo que asevera sucede en todos los partidos políticos, donde faltan esencialmente medidas de controles.

"Ves a los políticos de todos los partidos con muchas "Casas Blancas'", dice en referencia al escándalo de la mansión del presidente Enrique Peña Nieto. "Gozan de una dolce vita inexplicable patrimonialmente".

Buscaglia cuenta el caso de un diputado local del estado de Durango que lo invitó a cenar a su casa: "Me llevó a una casa de US$5 millones y este hombre era un simple empleado público hace cuatro años".

"Ese tipo de situaciones multiplícalas por 1.000 y tienes un poco de la razón del pacto de impunidad política".

El senador del opositor Partido de Acción Nacional (PAN) y exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo, no admite que exista tal pacto pero en diálogo con BBC Mundo reconoce que la corrupción de las autoridades es una de las responsables de la situación de violencia en el país.

"Es clara la descomposición de la seguridad pública (...) que para mí no es otra cosa que el reflejo de la colusión de distintas representaciones de la autoridad de las distintas regiones", señala.

"La colusión es entre la autoridad y estos esbirros, mercenarios, amigos de autoridades en turno", apunta, "pasa en todos los niveles, alcaldes, gobernadores, gobierno federal".

Y asegura que "no hay voluntad política" para atacar el problema generado por el narcotráfico.

BBC Mundo intentó obtener una entrevista con un representante del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero no había nadie disponible.

El autor del libro "Lavado de dinero y corrupción política. El arte de la delincuencia organizada internacional" señala que México viola más del 50% de las cláusulas de dos convenciones de Naciones Unidas que considera útiles para revertir la situación del país.

Se trata de la de Palermo, sobre Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000 y la de Mérida, contra la Corrupción, adoptada cuatro años más tarde.

"México es un parque de diversiones para la delincuencia organizada (...). Los riesgos de que un grupo criminal sea desmantelado es casi cero", señala Buscaglia.

Los momentos clave

Buscaglia repasa algunos momentos clave que, según su criterio, explican causas y consecuencias de este período.

Comienza con la decisión del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) de aumentarle los recursos a las agencias de seguridad.

Este académico asegura que aquello generó "la paradoja de la sanción penal".

"Fue echarle más gasolina al fuego. Aumentó la corrupción y también la violencia. Le echas más dinero a policías y a fiscalías mafiosas y lo que sucede como consecuencia es que te aumenta la corrupción y la delincuencia organizada. Todo eso lo hizo Calderón torpemente sin desmantelar patrimonialmente a los políticos y empresarios ligados a estos grupos criminales", explica.

Otro punto de inflexión fue la controvertida decisión del gobierno de aceptar a las autodefensas del estado de Michoacán, grupo de civiles armados para combatir a los carteles del narcotráfico.

"Comienzan a negociar con ángeles y demonios para bajar la violencia a través de un proceso de pax mafiosa, negociando con mafias (...). Mandó un mensaje totalmente equivocado a los demás grupos criminales", apunta el autor del libro "Vacíos de poder en México".

Y por último, señala, destaca el hecho de la persecución a periodistas y activistas sociales.

"Eso neutraliza la capacidad de reacción de la sociedad civil para generar presión sin la cual no se puede empezar a transitar el camino a la solución", concluye.

El mapa de ruta

Buscaglia considera que hay margen para ser optimista de cara al futuro, porque "la delincuencia organizada en ningún lugar del planeta es un fenómeno meteorológico. Se puede prevenir, combatir y reducir, y en poco tiempo, no se necesita una generación".

El investigador menciona cinco medidas esenciales para que México empiece a revertir la situación.

La primera, comenzar a limpiar la política. Menciona que se deben reformar las leyes electorales para que las candidaturas sean abiertas y no determinadas por caciques.

La segunda, poner en práctica tres tipos de controles patrimoniales: auditorías del Legislativo sobre los partidos políticos, de la sociedad civil a los candidatos y del Ejecutivo a los partidos, todo con el fin de que se conozcan los orígenes del dinero de los políticos.

La tercera, aplicar leyes de exención de dominio, que permiten quitarle la propiedad a quien no pueda justificar el origen legal del dinero utilizado para adquirirla.

La cuarta, acciones en materia de prevención social, como implementar una ley para reasignar socialmente bienes confiscados a grupos criminales.

La quinta, un ataque más integral desde el sistema judicial. Por cada causa penal contra la delincuencia organizada propone investigaciones paralelas que implican pesquisas patrimoniales a la red que incluya a políticos y empresarios, investigaciones financieras y tributarias a la misma red y la investigación para determinar una posible exención de dominio.

"Esas 5 cosas, si las comienzan este mes en México, tendrían una reducción sustancial de la delincuencia organizada", sentencia Buscaglia.

"Lo más importante", agrega, es que México tiene los recursos humanos y presupuestarios para comenzar a implementar estas medidas".