Crisis en Nicaragua: Ortega suspende "temporalmente" las visitas de expertos de la CIDH que investigan la violencia en las protestas en su contra

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Image caption El gobierno de Daniel Ortega dijo que la CIDH incumplió con el acuerdo para investigar actos de violencia en Nicaragua.

El gobierno de Nicaragua anunció este miércoles una "suspensión temporal" de la presencia de dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la violencia durante las protestas contra la presidencia de Daniel Ortega.

La decisión se produce en vísperas de la presentación de un nuevo informe sobre la situación en el país centroamericano y poco después de que el gobierno nicaragüense también ilegalizara a la principal organización defensora de derechos humanos del país.

En una carta dirigida a Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos de la que forma parte la CIDH, la Cancillería dio por suspendida la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El canciller nicaragüense Denis Moncada dijo que esta determinación se mantendrá "hasta que se restablezcan las condiciones de respeto a la soberanía y cese de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua" por parte de la CIDH y de Almagro.

La CIDH, que ha sido bastante crítica de la actuación de las autoridades nicaragüenses desde que iniciaron las protestas, confirmó que recibió la carta, pero expresó su desacuerdo.

"La CIDH lamenta la decisión del Estado de Nicaragua y comunica que el Meseni seguirá funcionando desde su sede en Washington D.C.", indicó el organismo en un comunicado.

"Para ello continuará en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, actores estatales y con las víctimas de violaciones de derechos humanos", añadió.

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Image caption El Meseni encabezado por Ana María Tello (centro) es una de las misiones de la CIDH cuya salida fue ordenada por el gobierno de Nicaragua.

Las misiones de expertos de la CIDH realizaban desde junio investigaciones a los actos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, durante protestas contra el gobierno de Ortega, así como un monitoreo continuo de la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones iniciaron luego de que el gobierno aprobara una legislación que afectaba derechos sociales. Aunque la ley fue desechada, las protestas contra Ortega continuaron con un saldo de al menos 325 fallecidos hasta ahora.

El gobierno nicaragüense dice que se trató de un intento de golpe de Estado, pero acordó con la CIDH permitir que misiones de protección a los derechos humanos investigaran si hubo violaciones a los derechos humanos.

La organización encontró que la mayoría de las muertes fueron causadas por la reacción estatal a las protestas y desde entonces a la fecha también ha denunciado un aumento sostenido de la represión en el país.

"A ocho meses del inicio de las protestas en #Nicaragua, a través de información registrada en terreno por el #MESENI, la #CIDH observa la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal", alertó recientemente la comisión a través de su cuenta de Twitter.

Según la organización, esa cuarta etapa está "caracterizada por incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas; detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de #DDHH y opositores; expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas".

"La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las víctimas de violaciones de derechos humanos y seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente", indicó en su comunicado la CIDH.

Las críticas de Nicaragua

En la carta a Luis Almagro, el canciller Moncada criticó el trabajo de las misiones de la CIDH en la investigación de las protestas ocurridas entre abril y mayo.

Señaló que hubo "falta de imparcialidad y objetividad" en las pesquisas, así como "sesgo" en un informe preliminar sobre lo ocurrido.

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Image caption Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega se han mantenido desde abril.

También acusó al Meseni y al GIEI de no investigar suficientemente las muertes de policías cometidas, según el canciller, por los "golpistas".

"Estos procesos se han caracterizado por una actitud injerencista, intervencionista, haciéndose eco de las políticas del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Nicaragua", señaló Moncada.

También criticó algunas declaraciones de Almagro presuntamente dadas en foros internacionales en contra del gobierno de Ortega, al que supuestamente califica de "dictadura".

"Sus palabras mentirosas y violentas demuestran que usted no tiene la capacidad ni los méritos para continuar desempeñando el cargo de secretario general (de la OEA)", escribió Moncada.

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Image caption Luis Almagro fue señalado por el canciller nicaragüense de actuar sin imparcialidad.

En un mensaje en Twitter, Almagro rechazó la suspensión de la presencia de la CIDH y sus misiones.

"(La) medida tomada por régimen Ortega-Murillo adentra aún más al país en el terreno del autoritarismo", escribió el secretario general de la OEA en referencia al presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

"Expulsar investigadores y defensores institucionales de los derechos humanos es característico de quienes pretenden que no se haga justicia y perpetuar la impunidad", dijo en un comunicado Almagro.

En agosto pasado, el gobierno de Nicaragua también ordenó la salida del país de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) poco después de que el organismo publicara un informe denunciando violaciones de los derechos humanos y abusos a manos de las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

Los principales organizaciones de derechos humanos del mundo también han criticado duramente el actuar del gobierno del presidente Daniel Ortega, con Amnistía Internacional acusándolo de practicar ejecuciones extrajudiciales al tratar de reprimir las protestas con órdenes de "disparar a matar".

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