Abusos sexuales en la Iglesia católica en Chile: una corte ordena indemnizar por "daños morales" a tres víctimas del exsacerdote Fernando Karadima

Catedral de Santiago Derechos de autor de la imagen EPA
Image caption El Arzobispado de Santiago deberá asumir el pago de la indemnización, según el fallo.

El Arzobispado de Santiago de Chile deberá indemnizar a tres hombres que, cuando eran menores de edad, sufrieron abusos sexuales por parte del exsacerdote Fernando Karadima, según falló este miércoles la novena sala de la Corte de Apelaciones de ese país.

Cada uno deberá recibir 100 millones de pesos chilenos (unos US$146.400), una cantidad menor a los 450 millones que habían pedido en un principio (unos US$660.0000).

El tribunal decidió de manera unánime que Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo reciban esta compensación por "daños morales".

La Iglesia chilena, por su parte, anunció que no apelará la sentencia tras considerar que "apunta directamente a las falencias" que tuvo en el caso, como la inadecuada valoración de las denuncias y la falta de acompañamiento a las víctimas.

"El Arzobispado de Santiago confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima", añadió el texto.

Derechos de autor de la imagen AFP
Image caption La corte dice que José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz deben recibir unos unos US$146.400 cada uno.

Una resolución de primera instancia había descartado esta medida en 2017 por falta de pruebas.

El fallo de este miércoles corresponde a la primera orden de pago de una indemnización por daños contra la poderosa Iglesia católica en Chile por el escándalo de abuso sexual y encubrimiento, que llevó al papa Francisco a pedir disculpas el año pasado.

Depredador sexual

Karadima, de 88 años, es considerado el depredador sexual de más alto perfil de Chile de las últimas décadas.

En 2018, el papa Francisco lo expulsó del sacerdocio por haber abusado de menores durante décadas.

Fue sentenciado a una vida de penitencia y oración y se le prohibió tener contacto con antiguos feligreses o realizar cualquier acto eclesiástico de forma pública.

La justicia chilena lo investigó pero, como las acusaciones en su contra se remontaban a los años 80 y la primera mitad de los 90, determinó que lo delitos habían prescrito.

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