María Esther Roa, "la escrachadora" de Paraguay que humilla (y fuerza a dimitir) a los políticos acusados de corrupción

María Esther Roa es la cara visible de los Ciudadanos Autoconvocados Derechos de autor de la imagen CACE
Image caption María Esther Roa es la cara visible de Ciudadanos Autoconvocados, un grupo de activistas que ha logrado hacer que renuncien funcionarios y legisladores cuestionados de Paraguay.

En Paraguay la conocen como "La escrachadora" y hace temblar a algunos de los hombres más poderosos del país.

Vestida de naranja y con un gran logo en su pecho, María Esther Roa, abogada penalista de 50 años, se ha convertido para algunos en una especie de paladín de la justicia local a base de escraches (protesta contra alguien en su domicilio o un lugar público donde esté).

Junto a los miembros de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) se reúnen frente a la casa de alguna persona de poder acusada de corrupción y despliegan todo un arsenal para presionar a su víctima: desde hacer ruido con ollas, petardos, mensajes por altavoz y canciones, hasta lanzar todo tipo de objetos.

Al menos cuatro políticos importantes que estaban acusados de corrupción dimitieron en el último año por sus acciones.

Y más de una docena de funcionarios y exfuncionarios de alto nivel, de diversos partidos políticos, han sido llevados ante la justicia por Roa y sus aliados.

Pero también han recibido críticas. Una de sus víctimas llamó a las acciones de CACE "lo más parecido a los linchamientos públicos de siglos pasados".

Y el oficialista Partido Colorado -el más perjudicado por los escraches- le dijo a BBC Mundo que el grupo aprovecha el hartazgo popular para avanzar sus aspiraciones políticas.

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Image caption Uno de los escraches recientes de Ciudadanos Autoconvocados fue frente al Congreso.

Pero ellos dicen que son paraguayos comunes -amas de casa, vendedores, médicos, ingenieros, contadores- que utilizan un arma particular en su lucha contra el crimen.

Sus "municiones" no son las típicas de otras protestas, como piedras o palos. En vez, ellos arrojan huevos, papel higiénico y billetes de guaraníes de baja denominación.

La estrategia ha tenido gran éxito en un país completamente desacostumbrado a las protestas callejeras.

"La escrachadora"

La semana pasada, CACE se cobró a su víctima más reciente: el contralor general de la República, Enrique García, quien renunció justo antes de que el Senado votara en el juicio político que se llevaba en su contra por acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y uso de documentación falsa.

Fuera del Congreso, Roa y el resto de los escrachadores -que habían cubierto toda la calle frente al Palacio Legislativo de papel higiénico y exigían, a todo volumen, la renuncia de García- festejaron el anuncio como un nuevo triunfo. Y cuando salieron los legisladores en sus autos, los despidieron con una lluvia de huevos.

Roa, quien oficia como vocera oficial de CACE pero hace hincapié en que no es la líder del grupo, se ríe del apodo con el que se ha hecho famosa en Paraguay.

"Estudié muchísimos años para convertirme en abogada penalista pero ahora soy simplemente 'La escrachadora'", le dice a BBC Mundo esta exitosa profesional independiente, en conversación desde Asunción.

Y realmente llama la atención que sea justamente una abogada la que haya optado por este método de "hacer justicia" que deja completamente de lado al sistema judicial.

Los escraches de CACE no piden que los funcionarios sospechados de corrupción sean juzgados. Exigen que directamente renuncien a sus cargos.

Roa reconoce que esto se salta al poder judicial pero asegura que en Paraguay no existe el debido proceso porque "la Justicia siempre estuvo sometida al Poder Ejecutivo y Legislativo".

"En este país nunca tuvimos un poder judicial independiente. Diría que cerca del 97% de los hechos punibles de corrupción pública quedan impunes", asegura.

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Image caption Según Transparencia Internacional el gobierno paraguayo tiene un problema de "corrupción sistémica", herencia del régimen de Stroessner.

Corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional da cuenta del problema. En 2018, Paraguay volvió a estar entre los países más corruptos del mundo, ocupando el puesto 132 entre las 180 naciones evaluadas.

Según esa ONG, la "corrupción sistémica" en Paraguay es un legado de los 35 años de gobierno de Alfredo Stroessner, y sigue sin combatirse a pesar de que ya pasaron tres décadas desde que ese régimen fue derrocado.

Roa conoce el problema de primera mano y afirma que antes de juzgar sus métodos actuales -los escraches- hay que entender el camino que recorrió para llegar hasta ahí.

En 2009, la abogada fue una de las fundadoras de la Coordinadora de Abogados de Paraguay (Coapy), una organización gremial dedicada a realizar denuncias penales contra grandes políticos, "ya que la Fiscalía General nunca actuaba de oficio en estos casos".

Se basaban en investigaciones periodísticas sobre hechos de corrupción.

"Presentamos más de 50 denuncias ante la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción, contra senadores, diputados, el presidente del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Electoral", enumera. "Hubo muy pocos avances".

El 1 de agosto de 2018, días antes de la asunción del presidente Mario Abdo, del Partido Colorado (el mismo de Stroessner), Roa y otros colegas de la Coapy convocaron a una manifestación frente al Congreso para apoyar uno de los pocos procesos por corrupción que se habían iniciado en el país, contra el diputado oficialista José María Ibáñez.

Ibáñez había confesado que hizo figurar como funcionarios del Congreso a tres cuidadores que contrató para su casa quinta privada. No obstante, la justicia suspendió su condena.

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Image caption La Cámara de Diputados votó el 1 de agosto de 2018 sobre la pérdida de investidura de Ibáñez. Afuera, un grupo pequeño exigió su expulsión.

Ese 1 de agosto, la Cámara de Diputados debía votar sobre la posible expulsión del legislador.

Pero a pesar de la importancia de lo que estaba ocurriendo, los organizadores de la manifestación no lograron la multitudinaria convocatoria que esperaban para apoyar la destitución.

Apenas unas 60 personas se reunieron en la emblemática Plaza de Armas, al costado del Congreso. La mayoría eran mujeres y tenían más de 40 años.

Y luego pasó lo que se temían: Ibáñez sobrevivió al proceso de pérdida de investidura.

Fue en ese momento que Roa y los otros manifestantes decidieron que era hora de buscar justicia por otros medios y organizaron a través de Whatsapp un escrache para el día siguiente, frente a la casa del diputado.

"No éramos suficientes como para hacer una marcha pero necesitábamos despertar a la ciudadanía para lograr cambios", cuenta.

Decidieron adoptar la metodología del escrache, utilizada en países como la vecina Argentina y en España. "Así, incluso siendo pocos, podíamos molestar a las autoridades y que les afectara la vida privada, algo a lo que los poderosos de Paraguay no estaban acostumbrados".

Durante los siguientes días, cada tarde, los escrachadores se reunieron frente a la casa de Ibáñez y desplegaron la misma estrategia: ruido, cánticos, micrófono abierto y lanzamiento de los objetos que se han convertido en un emblema de la causa: los huevos y el papel higiénico.

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Image caption Los "escrachadores" buscan molestar con ruidos -como este petardo- y lanzan objetos que no causan daño físico, pero tienen un fuerte valor simbólico.

Roa explica que el papel higiénico es un símbolo de aquello que debe ser limpiado y los huevos se usan porque "dejan un olor que dura por días". Aclara, sin embargo, que ella "no acompaña tanto" la idea de tirar huevos, que surgió de "los compañeros".

Los objetos que se lanzan no solo fueron elegidos por su simbolismo. Asesores legales del grupo, como Roa, se aseguraron de que los escraches no violan la ley y no puedan ser levantados por "perturbar la paz pública".

Por ello, lanzan objetos que no causan daño físico y se aseguran, entre otras cosas, de no obstaculizar la vía pública. Así, si bien la policía suele estar presente durante cada escrache, no hay motivos legales que les permitan detener a los manifestantes.

La medida, totalmente inusual en Paraguay, tuvo un impacto inmediato y los medios y redes sociales cubrieron los escraches. Más personas se fueron sumando y el pequeño grupo se multiplicó hasta alcanzar las 200 personas.

Tardaron cuatro días en lograr su objetivo. El 6 de agosto, Ibáñez renunció.

Tres mil "escrachadores"

Envalentonados y sorprendidos ante lo que habían logrado, los escrachadores adoptaron su nombre oficial -CACE- y eligieron identificarse con un color, el naranja. Luego, escogieron su próxima víctima.

Su elección fue osada. Decidieron escrachar a Óscar González Daher, un histórico y poderoso senador colorado que según audios dados a conocer por el diario ABC Color, utilizaba su cargo para extorsionar a jueces y fiscales.

Daher controlaba el municipio de Luque, donde estaba su casa, a una hora y media de viaje desde el centro de Asunción. Esto complicó la logística del escrache.

"El primer día éramos apenas 12 personas", recuerda Roa.

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Image caption El escrache frente a la casa de Óscar González Daher en Luque. Empezaron siendo 12 y terminaron siendo cerca de 3.000.

Sin embargo, el repudio público contra el senador atrajo a muchos otros indignados. En cuestión de días las manifestaciones frente a la casa de Daher llegaron a sumar hasta 3.000 personas.

Después de 22 días de escraches, el senador renunció. Hoy está preso y enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, algo que los medios paraguayos atribuyen a la "presión popular".

¿Es justicia?

En su perfil de Twitter, Roa revela su lema: "Un país sin justicia, es un país que no tiene paz".

Pero, ¿pueden los escraches y la presión popular ser considerados justicia?

Según el exdiputado Ibáñez -la primera víctima de los escraches de CACE- lo que hace este grupo "viola derechos individuales y colectivos" y equivale a un "linchamiento público".

Otros políticos también han advertido que llevar a la renuncia a funcionarios sobre la base de sospechas y sin un debido proceso es una tendencia peligrosa.

Roa, en cambio, lo ve como la única alternativa en un país con instituciones débiles.

"Si se cumpliera realmente el debido proceso, el 90% de las autoridades del país estarían en la cárcel", asegura.

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Image caption Roa -megáfono en mano- teme que algún día los escraches sean reprimidos con violencia, pero dice que actúa por el futuro de sus dos hijos.

La abogada ve el caso de Daher como un ejemplo de que los escraches están sirviendo para galvanizar al sistema judicial.

"Si no hubiese habido presión ciudadana no hubiese pasado nada", asevera.

La activista reconoce que los escraches afectan no solo al funcionario en cuestión sino también a su familia, como le han reprochado sus críticos.

"Admito que me preocupan los hijos de los políticos escrachados; pero más me preocupa los miles de niños y jóvenes sin medicina, educación ni oportunidades, como consecuencia de la corrupción", le dice a BBC Mundo.

"Uno apela a la última instancia que tiene", justifica. "Después están las armas, pero nosotros no queremos un país violento", asegura.

No obstante, el vicepresidente primero del Partido Colorado, Darío Filártiga, le dijo a BBC Mundo que las acciones de CACE son violentas porque "agravian, invaden propiedad privada, atentan contra la vivienda y calumnian".

"Aspiraciones políticas"

Filártiga además acusó al grupo de actuar con fines políticos.

"Los escraches son selectivos y no responden a la legítima preocupación social", señaló, reconociendo que "la justicia paraguaya tiene falencias y mucha injerencia política".

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Image caption Según el Partido Colorado, los escraches tienen fines políticos.

Según el político, los líderes del grupo "usaron el hartazgo popular, que es legítimo, y lo condujeron a cargos políticos".

Un ejemplo es el de Kattya González, la expresidenta del gremio de abogados Coapy, que en las elecciones generales de 2018 fue electa diputada por el opositor Partido Encuentro Nacional (PEN).

Roa le aseguró a BBC Mundo que ella no tiene aspiraciones políticas y que a CACE no le importa "el partido o la ideología" de un funcionario a la hora de elegir a sus víctimas.

Sin embargo, en las elecciones de 2018 la abogada fue segunda en la lista de candidatos a diputados por el PEN, detrás de Kattya González.

La letrada asegura que después de esos comicios se dio cuenta de que desde el Congreso no logaría mucho.

"Elegí estar con la ciudadanía", señala, afirmando que no quiere "entrar en el sistema político porque la figura se deteriora mucho".

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Image caption El objetivo de Roa y su grupo es "despertar a la ciudadanía", en especial a los jóvenes que casi no participan en temas políticos.

Una de las principales aspiraciones de Roa y CACE es empoderar al pueblo paraguayo, en especial a los jóvenes, para que empiecen a utilizar su poder como ciudadanos para controlar a los que mandan.

"Este país tiene muchas leyes que le dan al ciudadano un poder muy importante, pero falta que la gente las conozca", afirma.

Ese es el próximo desafío de los Ciudadanos Autoconvocados, que en la actualidad trabajan para educar a la población sobre sus derechos y coordinan mesas de trabajo con las autoridades judiciales para mejorar la calidad del sistema legal.

Pero ese cambio tardará en llegar. Mientras tanto seguirán con los escraches.

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