Ley Helms Burton: las multimillonarias demandas contra empresas internacionales de cubanos en Estados Unidos a los que Fidel Castro les confiscó sus propiedades hace 60 años

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Image caption Algunas empresas de cruceros estarán entre las primeras demandadas.

Javier Garcia Bengochea, un médico que emigró a Estados Unidos hace 59 años, asegura que es el verdadero y legítimo dueño del puerto de Santiago de Cuba.

Mickael Behn, un estadounidense que vive en Reino Unido, afirma que es el propietario incuestionable de los muelles de La Habana.

Desde este jueves, ambos -y otros cubanoamericanos y ciudadanos estadounidenses que aseguran que perdieron sus bienes en la isla después de la Revolución de Fidel Castro- podrán llevar ante las cortes federales a empresas extranjeras que operan en esas propiedades confiscadas en la isla.

Las reclamaciones serán posibles luego de que el presidente Donald Trump decidiera en abril pasado activar el Título III de la Ley Helms-Burton, una legislación que fue aprobada por Bill Clinton en 1996 para sancionar al gobierno de La Habana por derribar dos avionetas estadounidenses.

Es la primera vez desde que se aprobó la ley que la Casa Blanca autoriza la implementación de un artículo que ya causó roces y puso en jaque las relaciones de Estados Unidos con la Unión Europea, uno de los principales socios comerciales de la isla.

Pero esta vez, Trump como parte de sus medidas contra Cuba por la supuesta ayuda militar que le presta a Maduro en Venezuela -y que La Habana niega-, dio un paso de dudosas implicaciones que todos sus antecesores pensaron dos veces antes de aprobar.

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Image caption El expresidente Bill Clinton aprobó la ley en 1996, pero desde entonces, los sucesivos gobiernos habían firmado una moratoria de su Título III cada seis meses.

El gobierno de la isla rechazó de forma "enérgica" la activación del Título III y la consideró un "ataque al derecho internacional" y a su soberanía.

Carnival Cruise, la primera empresa demandada, alegó por su parte en un comunicado enviado a BBC Mundo, que está "monitoreando la situación", aunque no prevé realizar cambio en sus itinerarios.

Pero en Miami y sus alrededores, las familias que han esperado por este momento por más de medio siglo ya se están frotando las manos.

Una "lluvia" de demandas

De acuerdo con cifras del Departamento de Estado de EE.UU. hay más de 200.000 reclamaciones de cubanoamericanos que aseguran que sus bienes fueron confiscados por la Revolución de Castro.

Estados Unidos, además, ha "certificado" casi 6.000 casos de sus ciudadanos o empresas que también alegan que perdieron propiedades en la isla después de 1959.

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Image caption Decenas de cubanos en Estados Unidos se preparan a demandar a empresas extranjeras que operan en Cuba.

Sin embargo, Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, una organización que reúne a familias que perdieron sus propiedades tras la Revolución, explica que no todos los "afectados" son elegibles para presentar una demanda.

De acuerdo con la ley, solo podrían ir a los tribunales a partir de este jueves:

  • propietarios de bienes valorados en más de US$50.000 en el momento de la confiscación (más de US$427.000 actuales, ajustados a la inflación)
  • las reclamaciones tienen que ser actualmente propiedades comerciales
  • no puede haber cubanos comunes viviendo en las propiedades ("porque afectaría a las familias más humildes", comenta Gutiérrez).
  • que la propiedad no sea actualmente una embajada o residencia diplomática (la mayoría de las legaciones diplomáticas en Cuba están en mansiones expropiadas)
  • pagar una cuota de casi US$6.700 (que es casi 17 veces el valor de una demanda corriente y que, según Gutiérrez, desalentará la presentación de "casos frívolos")

"Estas demandas pueden tomar años y costar mucho dinero, pero esperamos que puedan llegar antes a acuerdos entre las partes y se compense al dueño por el uso de la propiedad", añade Gutiérrez.

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Image caption Un cubano residente en Florida asegura ser el dueño del principal aeropuerto de Cuba y de su aerolínea.

Pese a estas restricciones, el abogado asegura que varios cubanoamericanos ya han mostrado interés en sumarse a las demandas de este jueves de García Bengochea y Behn.

Entre ellas, menciona a la familia Sánchez Hill, cuyos descendientes planean una querella contra los grupos Meliá y Blau por utilizar hoteles en los más de 57 kilómetros de costa que les fueron confiscados en la oriental provincia de Holguín.

O la de José Ramón López, quien asegura ser el dueño del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, y de la aerolínea Cubana de Aviación.

También está Viriato Carillo, quien afirma que su familia era dueña de ocho ingenios azucareros, una fábrica de comestibles, otra de fósforo y de la destilería de ron Santa Cruz, donde la firma francesa Pernod Ricard produce actualmente el ron Havana Club.

"Nos estamos preparando para presentar algo grande, pero no daremos detalles, porque guerra avisada no mata soldado, y no le vamos a dar información a Cuba para que se prepare", le dice a BBC Mundo.

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Image caption La familia Carrillo asegura que son los dueños de la fábrica donde se produce el ron Havana Club.

El gobierno de La Habana se ha mostrado "abierto" a lo largo de los años a negociar una posible compensación para ciudadanos estadounidenses afectados por las confiscaciones y grupos de trabajo de ambos países se han reunido en múltiples ocasiones.

Sin embargo, ha puesto como requisito que EE.UU pague también por los daños que le ha ocasionado el "bloqueo" a la isla durante los últimos 60 años, que estima en más de US$933.678 millones, según el último reporte oficial de 2018.

Desde 1959, Washington ha congelado fondos cubanos que han pasado por algún banco de Estados Unidos y que, según una ley del Congreso de 2000, podría utilizarse para compensar a los estadunidenses que perdieron propiedades en Cuba.

Pero la falta de acuerdo sobre cómo distribuir el dinero ha sido un obstáculo desde entonces.

Una proposición incierta

Pese al júbilo que causó el anuncio de Trump en el exilio cubano más radical del sur de Florida, expertos consultados por BBC Mundo aseguran que se trata, en realidad, de una "proposición arriesgada e incierta".

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Image caption Entre 1960 y 1968 Fidel Castro eliminó todas las formas de propiedad privada en Cuba, que fueron desde grandes haciendas hasta barberías o carritos de helado.

"La Helms Burton y, en particular el Título III, es una ley que está muy mal escrita, es muy vaga y fue muy poco pensada, dado que fue redactada de manera sumaria y hay muchas preguntas sobre cuál es el impacto real del Título III", sostiene José Gabilondo, profesor de Leyes y Finanzas de la Universidad Internacional de Florida.

El experto considera que existen muchas dudas sobre el fundamento jurídico de la ley y sobre la jurisdicción que podrían tener los tribunal federal estadounidense sobre los demandados, que en su mayoría serían empresas extranjeras.

Pero incluso en el caso de que eso ocurra, opina, difícilmente las compañías tendrán bienes en Estados Unidos que se puedan tomar en cuenta para el juicio.

También está el hecho, añade, de que muchos países, como México, Canadá o la Unión Europea-todos con grandes capitales en la isla- han adoptado medidas para proteger a sus inversores de la Helms Burton, por lo que el impacto sobre las empresas aún está por verse.

Este jueves, la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini anunció que el bloque podría presentar un caso contra EE.UU. ante la Organización Mundial del Comercio o o utilizar un "estatuto de bloqueo" para que las empresas puedan recuperar los potenciales daños de los demandantes estadounidenses en los tribunales europeos.

Sin embargo, Gabilondo considera que la posibilidad de nuevas demandas -que considera que no sobrepasarán las 100- pueden tener un efecto negativo por sí solo para la isla.

"Cualquier empresa que esté en Cuba o que planeé invertir allí, lo va a tomar en cuenta y por eso creo que sí va a tener un impacto de asustar inversores y limitar la cantidad de capital extranjero que entra en la isla", sostiene.

El gobierno cubano, por su parte, ha aseguró que los empresarios extranjeros gozan de "todas las garantías para la inversión".

"Tienen como respaldo las leyes cubanas, el Derecho Internacional y las legislaciones de sus propios países", afirmó el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Carnival Cruise, Pernod Ricard y Meliá, de momento, han anunciado que continuarán sus operaciones habituales en la isla.

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