Bukele vs Congreso: cómo la polémica ley de reconciliación en El Salvador vuelve a enfrentar al presidente con la Asamblea

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Image caption Bukele volvió a mostrar sus claras diferencias con la Asamblea Legislativa y su presidente Mario Ponce, principal defensor de la Ley de Reconciliación

Una ley aprobada el miércoles por la Asamblea Legislativa de El Salvador aspiraba a cerrar las heridas aún abiertas tras la guerra civil que desoló el país entre 1980 y 1992.

En cambio, lo que hizo fue generar el absoluto rechazo de organismos internacionales, colectivos de víctimas e incluso del propio presidente del país que la consideran "una amnistía disfrazada" a favor de los responsables de los crímenes durante el conflicto armado que dejó al menos 75.000 muertos.

La llamada Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional recibió luz verde de manera muy ajustada gracias al voto de 44 diputados, solo uno más del mínimo necesario.

Quienes se oponen a la ley aseguran que exime de responsabilidad a los criminales de guerra al contemplar, por ejemplo, que sus penas puedan ser conmutadas o reducidas hasta la cuarta parte en algunos casos.

Ante las críticas, incluso sus promotores reconocen que la ley "no es perfecta" pero que aspira a ser mejorada.

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Image caption Activistas y familiares de víctimas de la guerra civil en El Salvador protestaron en la Asamblea tras la aprobación de la polémica ley.

Y el presidente del país, Nayib Bukele, anunció este viernes su veto, como ya había adelantado hace dos días al rechazar el polémico texto.

"La vetamos por inconstitucionalidad. La ley tiene varios vacíos legales muy fuertes, uno de ellos es el articulo 67 que básicamente dice que es una ley de amnistía", declaró el mandatario en una conferencia de prensa.

Bukele señaló que la normativa que ha decidido vetar es "un fraude, porque no es una ley de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional, es una simple y llana ley de amnistía".

"Es una ley tan asquerosa como la anterior (la de amnistía de 1993), pero le han querido poner una gragea de chocolate y le pusieron nombre bonito", agregó.

Veto presidencial

La noticia del veto no sorprende a nadie después de que el propio Bukele tuiteara "VETO", tras la aprobación de la ley en la Asamblea el miércoles.

El mandatario hacía así un guiño a mensajes similares en el pasado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de "cool" tras su primer encuentro el año pasado.

"Ambos usamos mucho Twitter, así que nos entenderemos", destacó Bukele entonces.

La relación de Bukele con la Asamblea de su país es cuanto menos complicada, ya que su partido no cuenta con representación y GANA, la formación con la que concurrió a las elecciones, solo tiene 10 de los 84 diputados.

El pasado 9 de febrero, Bukele abrió una gran crisis en el país cuando se presentó en la Asamblea rodeado de militares para presionar a los diputados para que aprobaran la financiación de la próxima fase de su plan de seguridad.

"Una verdadera ley de reconciliación no puede ser una ley de amnistía disfrazada", tuiteó el miércoles.

Y a la Asamblea le recordó que "debe legislar, respetando los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y cumplir con los convenios internacionales firmados por nuestro país".

¿Por qué causó polémica esta ley?

La ley contempla importantes beneficios y consideraciones hacia las personas condenadas por crímenes de guerra o de lesa humanidad.

"Claramente se vulnera el derecho de las víctimas de acceder a la justicia y se exime de responsabilidad a los victimarios", le dice a BBC Mundo Irene Gómez, abogada de Cristosal, una de las organizaciones que forman parte de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador.

Por ejemplo, la ley señala que el juez podrá reducir a la cuarta parte las penas a imponer si la persona condenada reconoce su participación, pide perdón, colabora con el esclarecimiento de los hechos o ayuda a ubicar el paradero de las víctimas.

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Image caption Colectivos de víctimas criticaron que no se contara con su opinión a la hora de redactar la ley, que consideran exime de su responsabilidad a los autores de crímenes de guerra y lesa humanidad.

En otro de los artículos se recoge que se podrá conmutar la pena por otras medidas por decisión del "juez competente, con base a su criterio, y atendiendo a razones de salud, edad o similares" de las personas condenadas.

"La palabra 'similares' no sabemos a qué se refiere, la edad tampoco la establece, y la enfermedad pues puede ser cualquiera, no es que tenga que ser crónica para que se le pueda salvar la pena", critica Gómez sobre la poca claridad en la redacción de la norma aprobada.

La letrada también critica la confusión que supone que la ley reconozca "la imprescriptibilidad" de los crímenes de lesa humanidad y de guerra y, a la vez, asegure que las disposiciones relativas al juzgamiento de estos crímenes "tendrán una vigencia de diez años".

Asimismo, señala que la ley supone en la práctica que la Fiscalía tendrá solo un año inicialmente para investigar y determinar que un caso que considera que no cumple con las características de este tipo de crímenes sea archivado y no se pueda reabrir el proceso, otorgándole así una prescripción de facto.

"No hay ley perfecta"

Pero la ley también recoge otras iniciativas como la creación del Consejo Nacional de Reparación para ejecutar las medidas que plantea el texto, la puesta en marcha de un Registro Nacional de Víctimas y la inclusión en las escuelas del estudio de la memoria histórica.

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, reconoció que "no hay ley perfecta, en el camino se van perfeccionando. El documento trata de cumplir párrafo por párrafo la sentencia de la Sala: verdad, justicia, reparación y no repetición".

Ponce se refiere al plazo que vencía este viernes otorgado por la Sala de lo Constitucional, entidad que en 2016 anuló la ley de amnistía de 1993 que impedía juzgar los crímenes cometidos en la guerra civil y emplazó al legislativo a diseñar una norma que garantizara el acceso de las víctimas a la Justicia.

Varios de los diputados que aprobaron la ley aseguraron que, aunque el texto tiene imperfecciones, el apoyo permitió que la Asamblea no cayera en desacato al no respetar el plazo de la Sala.

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Image caption La guerra civil en El Salvador duró 12 años y dejó 75.000 muertos.

La abogada Gómez critica esta celeridad y que la Asamblea no quisiera solicitar una nueva prórroga.

También que diseñara la ley sin tomar realmente en consideración la opinión de los colectivos de víctimas, a quienes convocaban para reunirse "de un día para otro" por lo que no lograban acudir a los encuentros.

"Lo que quieren agilizar también es mantener la impunidad en El Salvador. Pronto se podría emitir la resolución contra los acusados del proceso de la masacre de El Mozote. Imaginamos que temen que pueda generarles alguna condena a ellos y no puedan tener aún los beneficios que esta ley otorga a los victimarios", opina.

Ya antes de su aprobación, la ley recibió diversas críticas desde organismos internacionales como Naciones Unidas, que únicamente logró con sus recomendaciones que la reducción de pena a una quinta parte planteada inicialmente fuera aumentada a una cuarta parte.

Antes de que confirmara el veto presidencial, Gómez contempló la solicitud de una audiencia ante la Sala de lo Constitucional para que el organismo valore si la ley cumple efectivamente con los parámetros que había exigido en su sentencia de 2016.

Ahora, tras el veto de Bukele, la norma volverá a la Asamblea Legislativa para ser sometida a una nueva votación que le permita superar el veto, lo que requiere los votos de 56 parlamentarios.

La guerra civil de El Salvador enfrentó entre 1980 y 1992 al ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y dejó un saldo de al menos 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

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