La justicia de España ordena prisión sin fianza para el ex vicepresidente y 7 exconsejeros del gobierno de Cataluña

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Image caption Exmiembros del gobierno catalán a su llegada a la Audiencia Nacional.

La jueza de la Audiencia Nacional de Madrid Carmen Lamela decretó este jueves prisión incondicional sin fianza para ocho miembros destituidos del gobierno de Cataluña por su rol en el proceso independentista de la región española.

La fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado más temprano que los ocho exfuncionarios del gobierno de Cataluña fuesen encarcelados.

Se trata de: el ex vicepresidente, Oriol Junqueras; el exconsejero del Interior, Joaquim Forn; el de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; el de Justicia, Carles Mundó; el de Presidencia, Jordi Turull; el de Territorio, Josep Rull; y las de Gobernación y Trabajo, Meritxell Borrás y Dolors Bassa.

Para el ex conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, los fiscales pidieron prisión eludible bajo fianza de US$58.000. Vila renunció antes de que el Parlament votara la declaración de independencia el 27 de octubre.

Los nueve exconsejeros catalanes testificaron en la Audiencia Nacional el jueves tras ser acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

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Image caption Puigdemont ha contratado a un abogado especializado en derechos humanos en Bélgica.

La reacción del gobierno de Mariano Rajoy se limitó a expresar que no comenta decisiones judiciales.

Tras conocerse la noticia, cientos de partidarios de la independencia se congregaron en los alrededores del Parlamento catalán en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de los políticos.

"Los manifestantes gritaban 'no es justicia, es dictadura' y 'huelga general'", informó desde la concentración en Barcelona el enviado especial de BBC Mundo Enric Botella.

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Image caption Centenares de independentistas se congregaron frente al Parlamento catalán para reclamar por el encarcelamiento de los exconsejeros del gobierno de esa comunidad.

Botella explicó que en el lugar se dispuso una pequeña tarima en la que dieron discursos representantes de los partidos independentistas y de otros que son partidarios del derecho a decidir, pero no se muestran directamente a favor de la independencia.

"Cada vez que se mencionaba a los partidos favorables a la unidad de España, los asistentes interrumpían los discursos", acotó.

Botella informó que la protesta finalizó poco antes de las 21:00 hora local (20:00 GMT) del jueves.

La ausencia de Puigdemont

El depuesto presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, exigió la liberación de los exconsejeros en un discurso transmitido el jueves en la televisión pública catalana TV3.

Dijo también que la situación en Cataluña "ya no es un asunto interno de España" y que la comunidad internacional, "especialmente la europea, debe darse cuenta del peligro que representan estas actitudes".

"El gobierno español renuncia al diálogo y optar por la violencia policial del 1 de octubre y el encarcelamiento", dijo y luego tildó la medida de "golpe contra las elecciones del 21-D".

Horas antes, tanto Puigdemont como otros cuatro miembros del gobierno que están también en Bruselas desestimaron la citación de la instancia judicial española.

Puigdemont calificó la sesión en la Audiencia Nacional de "política".

El jueves, la Justicia de España sopesaba emitir una orden de arresto para el depuesto líder por su rol en la celebración del referéndum que se se llevó a cabo el 1 de octubre.

El expresidente catalán, expulsado de su cargo por el gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución española, también estaba llamado a declarar este jueves en condición de investigado.

Puigdemont está acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

En crisis

España ha sido sacudida por una crisis constitucional desde que se celebró el referéndum que fue declarado como ilegal por el Tribunal Constitucional de España.

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Image caption La exconsejera del Trabajo Dolors Bassa fue una de las convocadas por la Audiencia Nacional.

Tras recibir el aval del Senado, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó la semana pasada asumir el control de Cataluña, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones anticipadas en esa región el 21 de diciembre.

La decisión la tomó el gobierno central después de que legisladores catalanes votaran el 27 de octubre a favor de una declaración de independencia en esa región del noreste de España.

El gobierno catalán dijo que del 43% de los votantes potenciales que participaron en la consulta de octubre, considerada ilegal por el gobierno en Madrid, 90% votó a favor de la independencia.

"Presos políticos"

Varias agrupaciones políticas y funcionarios que se opusieron a las detenciones de este jueves se refirieron a los exconsejeros arrestados como "presos políticos".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo en una conferencia de prensa que este era un "día negro para Cataluña" y pidió "hacer un frente común para conseguir la libertad de los presos políticos".

El secretario general de la izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, también se refirió a "presos políticos" en un mensaje en Twitter.

"Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos".

El portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Antoni Castellà, calificó como "tiránico" al gobierno central y advirtió que "la revolución de las sonrisas" del movimiento independentista "se ha acabado" y que habrá "una respuesta".

"Si no nos pudieron aplastar durante el franquismo, no lo podrán hacer ahora", dijo desde la Audiencia Nacional de Madrid a los periodistas.

El Partido Nacionalista Vasco expresó que la orden de prisión a los exconsejeros catalanes es "desproporcionada" y pidió la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

"En lugar de contribuir a propiciar vías de solución a un conflicto político se ha erigido en agente activo de su agravamiento", dijo un portavoz en un comunicado difundido por la Agencia Efe.

En contraposición, el portavoz Óscar Puente, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dijo que "no entra a valorar la decisión judicial" de la jueza Carmen Lamela.

"La política a la política y los jueces a la justicia", dijo.

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