Una sanción que toca al círculo de Uribe

Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia
Image caption El ex presidente Uribe no está siendo investigado por el escándalo de escuchas ilegales.

Una sanción disciplinaria del Procurador General de Colombia afectó al círculo cercano del ex presidente Álvaro Uribe por escuchas y seguimientos ilegales contra magistrados, opositores y periodistas, y avivó el debate sobre quién dio las órdenes.

El más cercano de los antiguos colaboradores de Uribe que fue sancionado es Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia durante seis años hasta que Uribe dejó el poder el 7 de agosto.

En un fallo de única instancia, el procurador general, Alejandro Ordóñez, sancionó a Moreno con la destitución y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 18 años. Su cargo equivale al de ministro de la Presidencia en otros países.

Dos ex jefes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta que depende de la Presidencia, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, también fueron destituidos e inhabilitados y un tercero, Andrés Peñate, fue suspendido por ocho meses de su cargo.

"Para absolver a Uribe"

Las nueve sanciones ordenadas por el Procurador dividieron las opiniones.

En declaraciones a BBC Mundo, el columnista Ramiro Bejarano, uno de los afectados por las escuchas y seguimientos ilegales, sostuvo que la decisión del Procurador "fue para absolver a Uribe".

"Yo no me imagino que esos funcionarios hayan podido hacer todo lo que hicieron sin el conocimiento del presidente", reiteró Bejarano.

Según el abogado, "Bernardo Moreno no fue el autor intelectual de todo eso".

Otro afectado por los seguimientos del DAS, Jorge Rojas, director de la Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos, señaló que "Uribe utilizó información obtenida ilegalmente para sus acusaciones contra organizaciones de derechos humanos, magistrados y periodistas".

Pero el presidente del Senado, Armando Benedetti, defendió al ex presidente y sostuvo: "No me imagino a Uribe ordenando 'chuzar' (escuchar ilegalmente) a nadie".

Según Benedetti, hubo muchos funcionarios del gobierno de Uribe que, según él, "se excedieron en creatividad" para ganar puntos con el presidente.

Escándalo

Por ahora, Uribe no está siendo investigado por este escándalo, que estalló en 2007 y que enfrentó al ex presidente con algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando esta comenzaba a investigar las relaciones de varios congresistas afines al gobierno con paramilitares de derecha.

En apoyo de Uribe también habló su ex ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez, quien desestimó que las escuchas ilegales se hayan tratado de "una empresa criminal", como lo sostiene Ramiro Bejarano.

Una posición más neutra adoptó el senador Juan Lozano, director del gobernante Partido de la U, quien se declaró respetuoso de la decisión disciplinaria y al mismo tiempo pidió que se les garantice el derecho a la defensa a los sancionados.

El ex candidato presidencial Gustavo Petro, otro de los afectados por las escuchas, recordó que uno de los sancionados, el ex director de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, que está preso por el caso, no solo acusó a Moreno, sino que afirmó que este aseguró que la información la exigía Uribe.

Por el escándalo de las interceptaciones telefónicas solo hay tres ex funcionarios del DAS detenidos y la Fiscalía llamó a interrogatorio a Moreno y a Hurtado.

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