Guatemala: se reactiva el debate sobre la pena de muerte

El presidente de Guatemala, Alvaro Colom
Image caption En marzo de 2008, el presidente Álvaro Colom dejó sin efecto el indulto presidencial.

El tema de la pena de muerte volvió a la vitrina política en Guatemala después de dos años y medio en las sombras.

Las discusiones en torno al tema regresaron al país después de que el martes el Congreso aprobase una ley que reactiva un último recurso para los condenados a la pena capital: el indulto presidencial.

La medida restituye al presidente la potestad de otorgar o negar el perdón a los reos que sean condenados a la pena capital.

Pese a que Guatemala es junto con Cuba el único país latinoamericano que mantiene vigente la pena de muerte, esta no se aplica en el país centroamericano desde el año 2000, ya que la figura del veto presidencial es una instancia necesaria para que los presos puedan apelar la decisión.

La disposición que aprobó el Congreso no será aplicada por el gobierno actual porque cobrará vigencia el 15 de enero de 2012, cuando la administración del gobierno habrá cambiado de manos.

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Colom, contra la figura del indulto

Pese a que no tendrá que aplicarla bajo esta legislatura, el presidente Álvaro Colom, reiteró hoy su rechazo al indulto presidencial porque considera que esa decisión le corresponde al organismo judicial, y no al ejecutivo.

"Imagínense que 30 ó 35 jueces toman la valiente decisión de aplicar la pena de muerte, y de ahí viene un Nerón y decide sí o no, eso no tiene sentido. No fortalece la justicia", afirmó Colom al respecto.

Por esos motivos, en 2008 Colom decidió dejar sin efecto el indulto presidencial.

De igual forma, en 2001 y durante la administración del presidente Alfonso Portillo (hoy detenido por varios casos de corrupción) , el Congreso—donde había mayoría del partido oficial Frente Republicano Guatemalteco—derogó la Ley de Indultos. Un año después, Portillo impulsó un proyecto para abolir la pena de muerte, pero fue rechazado.

La pena capital en Guatemala ha sido aplicable sólo a hombres (la pena máxima para mujeres es de 50 años de cárcel). La última vez que se aplicó fue en 2000, pese a las protestas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la última década, ningún tribunal de apelaciones ha confirmado la pena de muerte—algunos amparados en la adhesión de Guatemala al Pacto de San José que la prohíbe, con base en principios de derechos humanos-. Actualmente hay diez personas condenadas a muerte, cuya impugnación de penas mantiene sus casos en suspenso.

Desde 1994, cerca de tres cuartas partes de las condenas a muerte—cuyos casos son llevados por la Defensa Pública Penal—fueron revocados por errores de procedimiento. En 2005, dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitieron que a dos hombres (uno acusado de la violación y asesinato de una niña de 10 años, y otro, de secuestro) se les conmutara la pena de muerte por la de cárcel, pues determinó que "la aplicación de la justicia no es siempre apegada al derecho" en Guatemala.

Al 60% de los condenados a muerte en ese país se les declaró culpables de secuestro, a veces en combinación con asesinato, y al resto se les encontró culpables de homicidio.

Protesta contra nueva ley

Image caption El ex presidente Portillo impulsó un proyecto para abolir la pena de muerte, pero fue rechazado.

La nueva ley todavía estaba en discusión en el Congreso cuando se pronunció contra ella la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos para Guatemala. El indulto presidencial y la pena de muerte forman parte de un paquete de iniciativas de ley que contemplan una ley antimaras y tribunales de jueces sin rostro para casos de alto impacto.

En septiembre, la citada oficina dijo que estas iniciativas "promueven medidas que no atacan los problemas estructurales", que "es engañoso pensar que acciones fundamentadas únicamente en la represión, que vulneran los derechos humanos, son la solución a la inseguridad", porque no han demostrado "tener un efecto disuasivo sobre la criminalidad".

Estas iniciativas surgieron del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), cuyo líder en el Congreso—Manuel Baldizón—fue miembro del partido oficial Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) hasta 2009. Baldizón asegura que las iniciativas servirían para contrarrestar la violencia en el país, que deja un promedio de 17 muertos por día.

Según el diputado Roberto Villate, de Lider, "a Baldizón no le temblará la mano para negar el indulto presidencial", asumiendo que éste ganará las elecciones presidenciales a realizarse dentro de un año. La propuesta contempló la entrada en vigencia del indulto presidencial hasta 2012 porque Colom ya lo vetó una vez, y está dispuesto a vetarlo de nuevo, según anunció el mandatario.

De acuerdo con Gudy Rivera, del opositor Partido Patriota, se optó por aprobar la iniciativa para "desbloquear" la agenda del Congreso. La insistencia de la bancada Lider por lograr la aprobación del paquete de leyes había impedido la discusión de otras iniciativas. Una de ellas es la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría confiscar bienes al crimen organizado para que sean utilizados en la aplicación de políticas de seguridad.

Mientras que el Ejecutivo está exento de decidir sobre la suerte de los condenados a muerte que permanecen en limbo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó que "la renuncia a tratados internacionales de derechos humanos sería un gravísimo retroceso, que margina al país frente a la comunidad internacional y contradice las manifestaciones del Estado de Guatemala ante los organismos internacionales de derechos humanos".

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