Congreso uruguayo insiste en no perdonar a los militares

Parlamento de Uruguay
Image caption El pueblo uruguayo votó en dos ocasiones a favor de mantener la norma.

El oficialismo en Uruguay avanzó este jueves con una iniciativa para que el Parlamento declare inválida la llamada Ley de Caducidad, que impide que militares y policías sean llevados ante la Justicia por crímenes cometidos durante el régimen militar que gobernó al país entre 1973 y 1985.

El vicecanciller, Roberto Conde, defendió la propuesta ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, que el viernes votaría para que el tema sea debatido por el plenario el 19 de octubre.

El proyecto de ley presentado por el gobernante Frente Amplio (FA) pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad, declarando inconstitucionales tres de sus artículos.

Según Conde, el gobierno de José Mujica busca así anticiparse a una posible condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre podría fallar en contra del Estado uruguayo en la causa por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.

La hija de García, Macarena Gelman, denunció a Uruguay por considerar que la Ley de Caducidad impide a la Justicia una verdadera investigación de ese crimen.

Para la mayoría de los legisladores de la oposición –e incluso algunos oficialistas– el intento de invalidar la amnistía por la vía legislativa constituye una afronta al pueblo uruguayo que en dos ocasiones votó a favor de mantener la norma.

En 1989, tres años después de su aprobación, la mayoría decidió refrendar la ley, mientras que durante los últimos comicios presidenciales de 2009 no se logró aprobar un plebiscito para derogar la polémica legislación.

Posturas divididas

El senador del Partido Colorado Ope Pasquet dijo a BBC Mundo que la iniciativa es "poco democrática".

"Es un flagrante desconocimiento de la voluntad popular e implica un acto de deslealtad a las instituciones democráticas, porque se las invoca para obtener el resultado que se quiere, pero cuando el resultado que se obtiene es el adverso se las desconoce", sostuvo.

El legislador se mostró despreocupado ante la posibilidad de que la CIDH condene al Estado por mantener vigente la Ley de Caducidad: "La Corte no puede responsabilizar al gobierno por no hacer algo que la Constitución no le permite hacer", señaló.

En cambio, para el diputado Felipe Michelini, del FA, en caso de ser condenado por un tribunal internacional el país "no puede excepcionarse invocando un referéndum".

El legislador, hijo del senador Zelmar Michelini, asesinado por el régimen militar en 1976, le dijo a BBC Mundo que a pesar de los resultados de las consultas populares, es válido buscar la inhabilitación de la Ley de Caducidad por vía parlamentaria porque son "mecanismos autónomos".

"No veo cómo un Parlamento que ha sido electo legítimamente dictando una ley pueda ser antidemocrático", aseguró.

Michelini recordó, además, que en octubre de 2009 la Suprema Corte consideró la ley "inconstitucional" en el caso de la profesora Nibia Sabalsagaray, torturada y asesinada en un cuartel militar en 1974.

Lea también: Uruguay: Ley de Caducidad, inconstitucional

Para noviembre

El oficialismo, que tiene mayoría en ambas cámaras del Parlamento, pretende que el proyecto de ley sea aprobado antes del 15 de noviembre, cuando se prevé que la CIDH defina el caso Gelman.

Según Pasquet, es "altamente probable" que el FA logre su cometido de invalidar la norma.

Si eso ocurriera, podría marcar el fin de las buenas relaciones que han cultivado el oficialismo y la oposición desde la llegada de Mujica, en marzo.

"Va a cambiar el clima político, sin dudas", anticipó Pasquet.

Por su parte, Mariana Pomies, de la consultora Cifra, consideró probable que el mandatario busque acuerdos con la oposición para evitar crear una brecha.

"Mujica no quiere enfrentarse con sus bases de izquierda, que apoyan la anulación de la ley, pero tratará de mantener su postura conciliadora", señaló a BBC Mundo.

Según la analista, la mayoría de la población no considera este debate como un tema relevante de la agenda política del país.

No obstante, la experta destacó que en los últimos años ha aumentado el interés, en particular de los jóvenes, en que se lleve ante la Justicia a quienes cometieron abusos contra los derechos humanos durante el régimen militar.

Se estima que unos 200 uruguayos desaparecieron durante ese período.

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