Aumento de pensiones causa división en Argentina

El Senado de Argentina aprobó una ley impulsada por la oposición que eleva las jubilaciones mínimas
Image caption La norma aprobada aumenta las jubilaciones mínimas de unos US$265 a unos US$360 por mes.

El Senado de Argentina aprobó en la madrugada de este jueves una ley impulsada por la oposición que eleva las jubilaciones mínimas al 82% del piso salarial de los trabajadores en actividad.

Sin embargo, el gobierno de Cristina Fernández vetó la nueva norma por considerar que su aplicación causaría la bancarrota de las finanzas públicas.

La mandataria criticó en duros términos la actuación de la oposición, por haber aprobado lo que llamó "la ley de quiebra del Estado y de estafa a los jubilados".

Fernández se mostró especialmente crítica con el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quien, como presidente del Senado, definió la sanción de la ley, tras un voto empatado.

"Si yo no ejerciera mi cargo de acuerdo a la Constitución y a la legitimidad que me dieron los votos, sería una presidenta 'okupa'. Tenemos un vicepresidente 'okupa'", acusó este jueves la jefa de Estado durante un acto público en Buenos Aires.

Esta no es la primera vez que Cobos, de la Unión Cívica Radical (UCR), define una elección empatada a favor de la oposición. En marzo de 2008 votó en contra de la propuesta del gobierno para aumentar los aranceles sobre la exportación de granos.

A pesar de su enojo por este nuevo gesto de su vicepresidente, Fernández manifestó que no le pedirá su renuncia.

Por su parte Cobos justificó su decisión, afirmando que "es un voto por la equidad social".

¿Sin fondos?

Según el gobierno, las arcas públicas no cuentan con los fondos necesarios para reajustar y actualizar los haberes de unos 5,5 millones de jubilados.

La norma aprobada aumenta las jubilaciones mínimas –que cobran cerca del 75% de los retirados– de unos US$265 a unos US$360 por mes. En 2011, alcanzarían los US$380.

Los aumentos no se limitarían únicamente a las prestaciones mínimas. La nueva ley también obliga a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que maneja el servicio previsional, a actualizar todas las jubilaciones, según los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia en dos fallos emblemáticos.

Según la Corte, las jubilaciones debieron haber subido al menos un 88,5% entre 2002 y 2006.

La falta de ajustes en ese período y la consecuente pérdida de poder adquisitivo llevaron a un número récord de demandas contra el Estado.

Según el ministro de Economía, Amado Boudou, los aumentos contemplados en la nueva ley requerirían a la Anses una erogación adicional de más de US$10.000 millones "que lo metería en déficit instantáneamente".

El funcionario advirtió en declaraciones a Radio Continental que si la norma se aplicase, el gobierno tendría que subir la edad mínima de retiro –actualmente fijada en 65 años para los hombres y 60 para las mujeres– tal como lo hicieran recientemente algunos países europeos.

Decisión política

Para la oposición, en cambio, los que faltan no son recursos, sino decisión política.

"No vamos a desfinanciar al Tesoro cuando de acá a fin de año vamos a tener un superávit de 40.000 millones de pesos (US$10.000 millones), así que de ahí se puede tomar ese monto para pagarlo", señaló el senador del partido radical Alfredo Martínez.

Otros fustigaron con dureza al gobierno. La legisladora peronista Liliana Negre de Alonso afirmó que el aumento se puede pagar si el Poder Ejecutivo deja de utilizar los fondos de la Anses para financiar "sus políticas clientelistas".

En noviembre de 2008 el oficialismo estatizó por ley las pensiones privadas, por lo que se transfirieron al Estado unos US$28.000 millones, pertenecientes a los cerca de 9,5 millones de trabajadores que aportaban a las llamadas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Según los detractores, desde entonces el gobierno ha utilizado los fondos de pensión para financiar todo tipo de proyectos, incluyendo obras de infraestructura y líneas de crédito.

Por su parte, diversos funcionarios del gobierno acusaron a la oposición de aprobar el aumento de las jubilaciones para forzar a la presidenta a vetar una medida popular, y afectar así sus aspiraciones reeleccionistas de cara a los comicios de 2011.

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