Arizona, bajo los efectos de la ley anti-inmigración

Jeremy Cubillo, peluquero en Mesa, Arizona Derechos de autor de la imagen AP
Image caption El Centro Pew estima que en el último año 100.000 inmigrantes se marcharon de Arizona.

Ha pasado un año desde que el estado de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos, se robó las primeras planas de diarios del mundo al convertirse en baluarte de la lucha contra la inmigración ilegal, promovida sobre todo desde los sectores más conservadores de la sociedad estadounidense.

La SB1070, conocida genéricamente como Ley de Arizona, fue firmada por la gobernadora Jan Brewer en abril de 2010 para criminalizar la estadía de indocumentados en el estado. Una norma draconiana que convirtió en delito el no poseer los documentos migratorios apropiados y puso en la mira de las autoridades a miles de latinos.

¿Qué efectos ha tenido, un año más tarde? Por una parte, varias cláusulas de la misma SB1070 permanecen "congeladas" por tribunales federales, que la bloquearon parcialmente por considerar que las atribuciones que la ley otorga a las autoridades estatales están reñidas con las regulaciones migratorias de aplicación nacional.

Ello no ha impedido, sin embargo, que las cámaras de representantes de otros estados evaluaran paquetes legislativos igual de severos. En los últimos días, la iniciativa aprobada en Georgia -donde se espera la rúbrica del gobernador para convertirla en ley- se ha convertido en el ejemplo más extremo de los controles que EE.UU. quiere imponer a los extranjeros indocumentados.

"Uno de los efectos era que la Ley de Arizona podía replicarse en una veintena de estados. Pero hemos visto que 12 estados en lo que va del año han rechazado la legislación, incluso algunos donde hay mayor peso republicano como Nebraska o Kansas", dijo a BBC Mundo Elena Lacayo, del Consejo Nacional La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), que realizó un estudio sobre el "efecto dominó" de la ley arizoniana.

Es la economía

Según los expertos, el impacto económico que ha tenido la SB1070 es la razón más poderosa para disuadir a otros estados de seguir los pasos de Arizona.

Aunque no existen cifras oficiales, algunos relevamientos de organizaciones no gubernamentales permiten esbozarlo: en el negocio de organización de conferencias y seminarios, por ejemplo, las cámaras de turismo estatal señalan mermas del 35%.

"Medimos un impacto en términos de turismo: que se había borrado a Arizona del mapa. Y eso es sólo un pequeño sector de un problema económico más amplio e inmensurable", informó a BBC Mundo Marshall Fitz, director de inmigración del Centro para el Progreso Estadounidense.

A nivel general, la economía de Arizona podría haber perdido unos US$140 millones, según el instituto. Por eso, señala Fitz, no resulta curioso que las cámaras empresariales y agropecuarias sean las que más reservas presentan ante la réplica de normas anti-inmigración en otros estados.

La salida en masa de inmigrantes -sobre todo hispanos- es observable en la mayor disponibilidad de casas para alquilar o en ciertos cambios del mercado laboral, en el que se emplean 30.000 mexicanos, entre otros extranjeros. En promedio, los comercios locales en manos de latinos denuncian haber perdido hasta un 75% de sus negocios.

Parte del deterioro económico está asociado al boicot que varios grupos y empresas organizaron en contra de Phoenix y otras ciudades arizonenses tan pronto se validó la ley. Pero no sólo se trata de eso...

"En las mediciones se puede comprobar un cambio en la imagen de Arizona como destino, que pasó de ser el estado soleado al que la gente va a jubilarse a un estado hostil donde la gente duda antes de ir de vacaciones", reveló Fitz.

Pero no todos lo ven así.

Entre vecinos

"No hay evidencia de que la ley haya afectado negativamente a la economía. Arizona tiene ahora más empleo, menos presión en el sistema educativo porque hay menos alumnos y menos delitos", enfatizó William Gheen, portavoz del grupo Estadounidenses por la Inmigración Legal, en diálogo con BBC Mundo.

La merma del crimen hasta ser "tres veces menos que la media nacional" es uno de los argumentos que esgrime la gobernadora Brewer y los defensores de la SB1070 para confirmar la eficacia de la ley.

Gheen no duda en calificar de "invasores" a los indocumentados y aboga por la eliminación de los llamados "santuarios", en los que las personas sin papeles se sentían a resguardo de ser denunciados por los vecinos porque eso, hasta la nueva ley, no era obligatorio.

"(La SB1070) otorga el control a los ciudadanos", destacó la gobernadora hace poco.

Para muchos hispanos, el supuesto "empoderamiento de los ciudadanos" no es sino fuente de temor a tiempo completo.

"Han dividido a un pueblo entero, como pasó en los años '50 cuando se perseguía a los comunistas. El 'susto comunista' ahora pasó a ser el 'susto latino' y muchos creen que denunciar a los vecinos es una cuestión de hacer un bien a la patria", dijo a BBC Mundo Jorge Cruz, estudiante de 23 años en el Phoenix College nacido en México que logró la deseada ciudadanía hace poco.

Efectos "profundos"

Según el estudio del NCLR, los efectos sociales de la SB1070 han sido mucho más profundos que los económicos.

Derechos de autor de la imagen AP
Image caption Varios estados barajaron leyes similares y Georgia acaba de aprobar una norma parecida a la SB1070.

Jennifer Allen, directora ejecutiva de la red Border Action que defiende los derechos de los inmigrantes, relató a BBC Mundo que muchos indocumentados han cambiado sus rutinas: han minimizado sus movimientos para evitar exponerse. De la escuela al trabajo, el supermercado, la estación de gasolina… y poco más.

Pero no todos siguen aquí expuestos al miedo: el Centro Pew estima que al menos 100.000 hispanos se han ido de Arizona, aunque no es posible cuantificar quiénes lo hicieron a causa de la ley y quiénes como consecuencia de la crisis económica generalizada.

¿Qué esperar ahora? La mirada está puesta en los tribunales que decidirán si la norma se endurece aún más, dando luz verde a las cláusulas actualmente bloqueadas. Ante el último revés, sufrido a comienzos de abril, la gobernadora Brewer ha anticipado que llevará el caso hasta la Corte Suprema. Inmigrantes del país entero tienen puesta la mirada en ella para poder pensar el futuro.

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