Suman 10.000 víctimas más al régimen de Pinochet

El número de víctimas de torturas del gobierno militar de Augusto Pinochet, en Chile, aumentó en casi 10.000, al darse a conocer este jueves el resultado de una investigación de casi dos años efectuada por una comisión de derechos humanos del país.

La Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, comúnmente conocida como Comisión Valech, entregó un informe sobre el tema al mandatario chileno, Sebastián Piñera.

Dicho informe es el resultado de unas averiguaciones que buscaban "sincerar" la cantidad real de personas que sufrieron algún tipo de violación de derechos humanos de tinte político entre 1973 y 1990, durante el gobierno del fallecido gobernante militar.

"Se presentaron (ante la comisión) 32.000 personas que declararon sentirse víctimas de los agentes del Estado en la época de la dictadura. De ellas calificaron 9.794 por violaciones a los derechos humanos y se constató que había 30 nuevos casos de desaparición forzada", señaló a BBC Mundo María Luis Sepúlveda, presidenta de la Comisión Valech, que lleva al nombre del monseñor Sergio Valech, quien presidió el ente hasta su muerte el año pasado.

La cifra oficial de víctimas de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado chileno, en dicho período de tiempo, se contabilizaba en casi 29.000.

Ahora, con las últimas averiguaciones la cifra subiría hasta 38.000, de los cuales unos 3.000 corresponde a fallecidos.

Modus operandi

Según explicó a BBC Mundo Sepúlveda, los miembros de la comisión tuvieron que cotejar las informaciones en múltiples bases de datos con información sobre la represión estatal.

Los datos se recopilaron de listados del ejército, gendarmería, cárceles, fuentes de prensa, organismos de derechos humanos, y de las comisiones anteriores que trabajaron en el tema.

El resultado de la larga tarea de cotejar datos con denuncias -incluyendo numerosas entrevistas- descartó a más de 20.000 personas que se presentaron a la comisión alegando ser víctimas y, por ende, su debido reconocimiento.

De haberse comprobado su condición de víctimas de represión del Estado, el número de crímenes de lesa humanidad del gobierno de Pinochet se hubiese duplicado.

Según Sepúlveda "ello no significa que algunos de ellos no fueron víctimas; en ocasiones no se pudo establecer el móvil político".

"Algunos se sentían víctimas por haber sufrido un allanamiento violento; o eran hijos de personas que fueron detenidas; o participaron en manifestaciones públicas reprimidas que no pasaron a tribunales; o eran conscriptos que fueron víctimas de malos tratos; o sencillamente no se pudo demostrar los hechos", explicó.

"Estos casos simplemente quedaban fuera de nuestro mandato".

Lo que significa

El informe de la Comisión Valech fue recibido este jueves por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una misma jornada en la que decenas de miles de estudiantes tomaron nuevamente las calles para protestar en contra de su gobierno, y en específico sus política de educación.

Ahora las autoridades del país revisarán el contenido, y si no tiene reparos procederá a emitir un decreto de reparación para las víctimas reconocidas en el reporte.

Los afectados por la represión estatal entre 1973 y 1990 tienen derecho a una pensión mensual de cerca de US$256, además de ciertos beneficios en materia de educación y de salud.

El costo de reconocer a casi 10.000 víctimas adicionales pudiera significarle al fisco chileno unos US$60 millones.

El pago de resarcimiento es considerado bajo por algunas organizaciones de derechos humanos que defienden a los afectados durante el gobierno de Pinochet.

Además estiman que iniciativas como las de la comisión que presidió Sepúlveda deberían ser permanentes, para que aquellos que aún no o han hecho puedan presentar sus casos.

Sin embargo, representantes de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) dijeron recientemente a BBC Mundo, que lo significativo de ser reconocido por la Comisión Valech es que permite a las víctimas iniciar procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad contra los presuntos responsables.

En Argentina, tras el derrocamiento de las leyes de amnistía por parte del ex gobierno de Néstor Kirchner, cientos de militares han sido enjuiciados (o buscados por la justicia si se dieron a la fuga) por su participación en violaciones a los derechos humanos.

Se calcula que en este país más de 30.000 personas fueron "desaparecidas" por los cuerpos del Estado entre 1976-1983, como parte de la llamada "guerra sucia" que efectuaron los gobiernos militares de la región (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) contra activistas de izquierda.