La ley que busca evitar "el mayor despojo en la historia de Colombia"

Orlando Cortés Derechos de autor de la imagen BBC World Service
Image caption Orlando Cortés espera recuperar la casa que abandonó hace 14 años por causa del conflicto armado.

Han pasado casi catorce años, pero Orlando Cortés apenas acaba de dar el primer paso para intentar recuperar lo que le quitó el conflicto.

Este padre de seis hijos vivía en Miraflores, Guaviare, en agosto de 1998, cuando guerrillas de las FARC atacaron este poblado del sureste colombiano, sede de la principal base antinarcóticos del país.

"Duramos como 15 días sin autoridad en el pueblo. Después llegó el ejército, la fiscalía, los paramilitares… todo el combo. Y tuvimos que salirnos de esas tierras, porque supuestamente todos los que vivíamos en Miraflores éramos guerrilleros", le dice a BBC Mundo.

"Tenía una casa, detrás de la base antinarcóticos, la cual me la tumbaron. Y estoy aquí precisamente por eso, viendo a ver si me van a restituir mi tierra, si me la van a pagar, me van a ubicar o qué".

Estamos en Bogotá en la oficina territorial de la Unidad de Restitución de Tierras, la instancia encargada de coordinar la más ambiciosa de las disposiciones de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos en junio del año pasado.

La norma reconoce la existencia de un conflicto interno armado en Colombia así como el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y a una justa reparación.

Y esto incluye la restitución de tierras y propiedades perdidas como resultado de amenazas, intimidación o el desplazamiento, como en el caso de Cortés.

"Me tocó venirme porque yo vi matar gente. Por la misma autoridad, por los paramilitares. Yo lo vi con mis ojos. Y no iba a arriesgar la vida de mis hijos", cuenta.

"Me desplacé a la ciudad de Bogotá. Duré con mis hijos tres años en la calle, tirando andén".

Ley pro-víctimas

La capital colombiana es la principal receptora de desplazados por el conflicto entre todas las ciudades del país.

Y por eso la primera de las dos oficinas territoriales de la Unidad de Restitución de Tierras actualmente en funcionamiento -están planeadas 20- se abrió aquí, en noviembre del año pasado.

Según el director de la oficina, Rodrigo Arteaga, en la misma se han recibido unas 1.600 solicitudes de restitución de tierras, ubicadas en 29 de los 32 departamentos en los que está dividida Colombia.

Pero el funcionario estima que la implementación de la Ley de Víctimas -que se aprobó con una vigencia de diez años- hará necesaria la revisión de entre 400 mil y 500 mil solicitudes de restitución, como las que también han estado siendo recibidas en oficinas que el ministerio de Agricultura tiene en otras ciudades del país para sumar casi 7.000 a la fecha.

Para solicitantes como Orlando Cortés el procedimiento es relativamente simple: se acude a la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras y se expone el caso ante uno de los varios abogados que trabajan ahí.

Si se tienen pruebas documentales, bienvenidas. Pero si no, la propia Unidad se encarga de realizar una investigación y juntar las evidencias que serán luego presentadas ante unos jueces especiales -los jueces de restitución- actualmente en proceso de nombramiento.

"Como es una ley pro víctimas lo que se busca acá es quitar todos los obstáculos que puedan haber de por medio para lograr un restablecimiento de su derecho", explica Lizzett Grimaldo, abogada de la Unidad de Restitución.

Pero según el senador Jorge Robledo, del opositor partido Polo Democrático, el procedimiento va en contra de lo estipulado en la Ley 1448, que traslada la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la pretensión de la víctima.

"En la reglamentación el gobierno eliminó la reversión de la carga de la prueba. La carga de la prueba no quedó en mano de los poseedores de las tierras, sino en manos del Estado, lo que me parece gravísimo", le dijo Robledo a BBC Mundo.

Y para el legislador esto da como resultado un proceso engorroso y lento, que podría terminar paralizando los esfuerzos de restitución.

Cortés, sin embargo, se muestra esperanzado.

"Yo imagino que esperaré un año, porque supuestamente lo que me acaban de decir es que son 90 días y luego van a ir departamento por departamento, a verificar los datos", cuenta.

"Pero llevo 14 años esperando eso. Y si ya esperé 14 años…".

Dificultades

Arteaga, por su parte, cree que el procedimiento adoptado por la Unidad de Restitución de Tierras es necesario para "blindar el proceso frente a los enemigos de la restitución y frente a aquellas personas que quieran aprovecharse del proceso".

"Si no somos muy cuidadosos lo que bien podría ocurrir es que termináramos por esta vía legalizando los despojos", le dice a BBC Mundo.

Y también identifica como problemas importantes la tradición de informalidad en la tenencia de la tierra que caracteriza al campo colombiano y, sobre todo, el hecho de que se está intentando reparar a víctimas de un conflicto que sigue vivo en varias regiones del país.

Orlando Cortés, por ejemplo, no ha regresado a Guaviare en casi 14 años.

Y, por el momento, el retorno no es una opción.

"No puedo regresar, yo soy objetivo militar", le dice a BBC Mundo.

"Pero imagínese, yo siendo un simple cotero (cargador de bultos) invierto 42 millones de pesos (poco más de US$23.000) para darle techo a mis hijos, y de la noche a la mañana me quedo sin nada por un conflicto con el que yo no tengo nada que ver".

El conflicto, que ya dura casi cincuenta años, estuvo en sus orígenes vinculado a disputas por la tierra. Y el tema sigue siendo clave en varias regiones del país.

Y aunque la Ley de Víctimas sólo contempla la restitución de tierras perdidas luego de 1991, se estima que esto suma entre 4 y 6 millones de hectáreas (entre 40.000 y 60.000 kilómetros cuadrados).

Es una meta ambiciosa y una tarea complicada.

"Pero al menos ahora me dieron una luz que voy a recuperar lo mío, que puedo recuperar mi plata", dice Cortés.

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