ONU denuncia impunidad de los crímenes del franquismo

Protesta en España por crímenes durante el franquismo

Tras siete días de reuniones con representantes del gobierno, el poder judicial, la fiscalía, la defensoría del pueblo y asociaciones civiles, las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas refrendan un viejo reclamo de los familiares de las víctimas de la guerra civil y el régimen franquista en España: "Hay impunidad en todos los casos de desapariciones forzadas" y la ley de amnistía de 1977 sigue siendo un obstáculo para las investigaciones.

"Impunidad por la falta total de investigación y sanción judicial”, detalla Ariel Dulistky, miembro del Grupo de Trabajo, en conversación con BBC Mundo, luego de la rueda de prensa que él y su colega Jasminka Dzumhur condujeron para presentar un informe con conclusiones y recomendaciones sobre esta visita.

Era la primera vez, desde su creación en 1980, que este Grupo de Trabajo venía a España. Lo hizo, destacan sus miembros, por invitación del gobierno español y por la demanda de las asociaciones de familiares, con "cientos" de los cuales se reunieron los cinco integrantes de esta comisión en Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía para confirmar que su "constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos".

Entre 1936 y 1977 –cuando se aprobó la ley de amnistía- incluidos dos años de la transición, se estima que ocurrieron, entre otros delitos, más de 100.000 desapariciones forzadas y más de 30.000 robos de niños. Es la cifra que recalca Duliztky en su intervención frente a la prensa y está basada en la investigación del juzgado 5 de la Audiencia Nacional que luego fue archivada con la inhabilitación de su titular, Baltazar Garzón.

En estos números no hay consenso. Ha sido "muy difícil encontrar estadísticas claras, no están unificadas", dijo Jasminka Dzumhur.

Todo este tiempo ha pasado y no ha habido ninguna investigación judicial que conduzca a establecer responsables y a sancionarlos. En febrero de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución, sobre la inhabilitación a Garzón, según la cual estos crímenes son delitos ordinarios que prescribieron, asumiendo la muerte de sus responsables y usando como argumento, entre otros, la ley de amnistía.

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Desaparición forzada: "ficción jurídica"

Esto sentó las bases, opina Dulitzky, para establecer que "la desaparición forzada sea una ficción jurídica y no un delito continuado. Este conjunto de factores no ha contribuido a asegurar el derecho a la justicia en España", indica a BBC Mundo.

El grupo de trabajo recomendó al Estado en este informe preliminar "quitar el efecto jurídico" de la ley de amnistía, es decir, anular su validez, y además, tipificar en la reforma del Código Penal a la desaparición forzada como delito autónomo.

Pero, además, instó al Estado a adherirse a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes Internacionales.

"Las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional y por lo tanto deben ser consideradas imprescriptibles. Creemos que el Estado español debe juzgarlas a la luz de sus obligaciones internacionales y establecer legislativamente su imprescriptibilidad", agregó Dulitzky.

Image caption Se estima que entre 1936 y 1977 ocurrieron más de 100.000 desapariciones forzadas.

El Grupo de Trabajo no será la última instancia de la ONU que hará preguntas sobre el pasado de España. El mes entrante este país tendrá que dar explicaciones al Comité de Desapariciones Forzadas y en 2014 vendrá un relator sobre Justicia Transicional.

Eso, recalca Dulitzky a BBC Mundo, provocará "un debate continuo en los próximos meses distintos actores de Naciones Unidas sobre el proceso español".

"Estamos esperanzados de que en el marco internacional podamos encontrar mayor eco. El grupo de trabajo va a insistir en abrir el diálogo con el gobierno, pero para plantear estos temas. En sus recomendaciones se encuentra la razón de las exigencias de las víctimas", reaccionó, en conversación con BBC Mundo , Jaime Ruiz, coordinador de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, constituida en mayo con más de 100 asociaciones.

Tardanza en recordar

Impunidad es la misma palabra que usó Amnistía Internacional España en sendos informes publicados sobre el tema en 2012 y 2013. Según sus cuentas, hay 47 casos judiciales archivados.

La semana pasada, su director explicó así a BBC Mundo el largo silencio sobre estos crímenes: "Desde el principio de la transición todos los gobiernos han decidido que se podía pasar la página de lo que ocurrió sin leer esa página, con el argumento de la reconciliación. Pero tú logras reconciliación sólo si logras verdad, justicia y reparación. El olvido es imposible".

El rasgo diferenciador que encontró el Grupo de Trabajo en España en relación con otros países fue la tardanza en la aparición de iniciativas por la memoria y la búsqueda de la verdad y eso, por lo que escuchó en las reuniones, es atribuido, entre otras cosas, al miedo inoculado por la prolongada dictadura (1939-1975), por lo cual hubo que esperar una generación para comenzar a exigir respuestas.

"La mayor parte de las iniciativas y la mayor parte de las asociaciones de familiares surgieron 20 o 25 años después del retorno de la democracia; tienen solo 10 o 15 años. En la gran mayoría de los países todos estos debates se comenzaron a dar en la resistencia y en los primeros años de la democracia", comenta Dulitzky a BBC Mundo.

En España fue apenas en 2007 con la ley de Memoria Histórica, promulgada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió la proliferación de más asociaciones, el establecimiento de un mapa de casi 3.000 fosas comunes en todo el país –de las cuales solo se han abierto el 10%–, el otorgamiento de US$35 millones a las organizaciones civiles, la apertura de una oficina de atención a las víctimas, el acceso a ciertos archivos públicos y algunas exhumaciones.

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Jurisdicción universal

Image caption La mayoría de las iniciativas de búsqueda de la verdad ocurrieron unos 20 años tras la muerte de Franco, ocurrida en 1975.

Por otro lado, España tiene, paradójicamente, amplia experiencia en la investigación por parte de sus jueces de las violaciones de derechos humanos en otros países; en la aplicación de la jurisdicción universal. Y aunque una reforma de la ley que regula este principio fue modificada en 2009 y lo restringió, para Dulitzky, esa presencia activa de España en querellas por crímenes de lesa humanidad a escala internacional hizo que la sociedad española se hiciera preguntas sobre lo que pasaba en casa.

Ahora un juzgado extranjero hace pesquisas sobre lo que pasó en España . Desde 2010 hay una causa abierta por la jueza argentina María Servini, que había avanzado con lentitud, hasta que la semana pasada Servini ordenó la captura de cuatro presuntos torturadores españoles.

"Si es que la querella continúa y la jueza ordena detenciones por casos de desapariciones forzadas, hay obligación de la justicia española en colaborar. Si no lo hace colaborar entendemos que tiene que abrir causas judiciales en España", explica a BBC Mundo.

El informe definitivo sobre esta visita lo entregará el grupo de trabajo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU "a lo largo de 2014".

Dulitsky dijo que "es de obligatorio cumplimiento para los estados, incluido el español".

"Pero lo más importante es lo que al final hace la sociedad, además el gobierno y el estado con nuestras recomendaciones".

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