Los excesos de la justicia venezolana en las protestas

Guardia Nacional golpea a Marvinia Jimenez Derechos de autor de la imagen BBC World Service
Image caption Las fotos del ataque a Marvinia Jiménez, entregadas a BBC Mundo por la víctima,<br> se usarán en el juicio.

Una agente de la Guardia Nacional la acostó en el piso, se sentó sobre ella y la golpeó con su casco una y otra vez.

La víctima fue Marvinia Jiménez, una venezolana que -por la brutalidad del ataque hace tres semanas que miles vieron por las redes sociales- se volvió un símbolo de las protestas antigubernamentales que en más de un mes han dejado 30 muertos y cientos de heridos en Venezuela.

La costurera de 36 años, que tiene una discapacidad de nacimiento en el lado izquierdo del cuerpo, es actualmente víctima y victimaria ante la justicia venezolana: por un lado se investiga si fue objeto de trato cruel en aquel arresto en la ciudad de Valencia. Y por el otro, es acusada -de intimidación pública y lesiones personales, entre otras- en el caso del saqueo y la destrucción parcial de un edificio estatal en esa ciudad del centro del país.

Su caso, según sus abogados, demuestra las incongruencias y los excesos de la justicia venezolana. Y, para muchos, su ejemplo no es la excepción.

El gobierno ha reiterado que cree en la imparcialidad y los métodos del sistema judicial, pero para los abogados de los detenidos la historia es diferente.

"Todos los casos de detenciones han representado algún tipo de exceso de la justicia", le dice a BBC Mundo Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, una organización que vela por los derechos humanos y ha representado a la mayoría de los detenidos.

"Hay imputaciones, como obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad, que no implican privación de la libertad, pero asociación para delinquir o terrorismo sí, y esas son las que se están usando indiscriminadamente", asegura.

Según cifras oficiales, las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro han dejado más de 1.500 detenidos que, según el mandatario, son en su mayoría "contratados por la derecha" para generar violencia.

Pero para organizaciones como el Foro Penal son víctimas de los abusos de la justicia y las autoridades.

En este mes se ha hablado mucho de los excesos de las autoridades, que han sido­­ acusadas de violar derechos humanos con torturas y maltratos a algunos detenidos.

¿Ha habido también excesos de la justicia?

Foro Penal Venezolano

Para muchos opositores, no solo en lo que se refiere a las protestas, la justicia venezolana es ineficiente y está politizada.

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Image caption Para el gobierno, la mayoría de los manifestantes son "contratados por la derecha" para generar violencia.

Durante los últimos años ha habido varios casos notorios en los que un juez ha sido destituido y reemplazado en un caso por tomar decisiones que no le gustaban al gobierno, coinciden analistas.

Y durante las protestas, según Romero, "se han utilizado las detenciones para atemorizar y amedrentar a los manifestantes para que no vuelvan a manifestar".

De los 1.566 detenidos que ha registrado la organización, 798 han sido liberados bajo medidas cautelares, entre las cuales se encuentra "prohibición de manifestar".

"Ni siquiera se han guardado las formas", asegura Romero, "a cualquier que haya sido detenido se le imponen las mismas penas como si fuera un menú".

El abogado pone como ejemplo el caso de David Urbina, de 30 años, quien fue apresado cuando iba caminando con unas bolsas de comida -como se pudo ver en un video que verificó el Foro Penal- pero lo acusaron de flagrancia (es decir, que lo encontraron cometiendo un crimen).

Los abogados del Foro, más de 200 alrededor del país, han ganado notoriedad durante este mes por su trabajo de investigación, comprobación, registro y defensa de los casos que representan abusos de las autoridades.

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Image caption La Plaza Altamira, en Caracas, fue tomada por las fuerzas de seguridad.

Y, como ellos, no son pocos los que creen que la justicia ha exagerado en las imputaciones.

El martes, por ejemplo, el Comité Interacadémico venezolano, una federación de todas la Academias, dijo que "las detenciones en presunta flagrancia (…) constituyen francos atropellos a los derechos humanos y desconocimiento absoluto de las leyes venezolanas, en un sesgo absolutamente condenable".

"Montajes"

Otro de los abogados del Foro, Luis Armando Betancourt, añade un punto que va incluso más allá del exceso en las acusaciones: el falseamiento de las pruebas.

"La Guardia Nacional o los funcionarios que materializan las detenciones toman a quien encuentran para tener acusados y agarran materiales probatorios -como clavos, armamentos y bombas- que no tenían los manifestantes", asegura.

Un caso en el que se apoya Betancourt es el de Luis Augusto Matheus Chirinos, un estudiante que lleva 24 días arrestado imputado de resistencia a las autoridades, asociación para delinquir, obstaculización de la vía publica y tenencia de armamentos.

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Image caption Las protestas de más de un mes en contra de Nicolás Maduro han dejado más de 1.500 detenidos.

El joven fue arrestado en Valencia en circunstancias sobre las cuales, una vez más, el gobierno y el Foro disienten.

Los primeros detalles del caso los dio en una alocución pública el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien informó que Matheus fue arrestado en posesión de 360 bombas molotov, 20 kilos de pólvora negra y dos cajas de balas, entre otras cosas.

En una nota adicional, Romero dice que el hecho de que Cabello, considerado el segundo al mando del chavismo, esté informando de los casos "demuestra la influencia que tiene y la poca separación de poderes que hay".

La defensa de Matheus, Antonio Marval, presentó a las autoridades un video -que dice haber verificado con su autor, que incluso dará testimonio en la audiencia- en el que se ve que el joven no tenía el armamento cuando lo arrestaron, ni estaba cerca de una manifestación, ni iba en una camioneta blanca, como alega el gobierno.

Las autoridades mostraron el armamento en la camioneta blanca el día de la presentación de Matheus ante la justicia, pero -según le dijo Marval a BBC Mundo- eso "es parte de un montaje mediático que busca mostrar que toman medidas contra la violencia".

"Si no fuera por el video", concluye Marval, "el chamo (joven) ya estaría condenado a años de prisión".

Y, según dice, este no es el único caso de atropello de la justicia. De hecho, asegura, "la mayoría han sido cuestiones montadas".

Funcionarios arrestados

Mientras tanto, el oficialismo ha insistido en que la naturaleza estudiantil de las marchas se perdió y que las protestas están infiltradas por elementos extranjeros "fascistas" que incitan la violencia.

Maduro, por su parte, ha reiterado que su gobierno respeta los derechos humanos y que la justicia está actuando sobre personas de ambos bandos.

El viernes, el presidente dijo que 105 personas permanecen detenidas porque "se les consignó armas de fuego, explosivos C-4, planes criminales, terroristas, porque ya se le están comprobando las redes de financiamiento".

Durante las últimas semanas, los funcionarios del Estado encargados de velar por este tipo de garantías -como la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y la fiscal general, Luisa Ortega- han manifestado su voluntad de investigar los hechos y no dejarlos impunes.

Actualmente hay 21 funcionarios del Estado privados de libertad por su presunta incursión en violaciones de los derechos fundamentales, según Maduro.

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Image caption Un sector importante de la población apoya la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana.

Y eso, para sectores del oficialismo, es la mejor prueba de que la Fiscalía no está politizada.

Según German Saltrón Negretti, agente del Estado venezolano para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, "ni nosotros ni los medios tenemos la responsabilidad de hacer las investigaciones; eso lo debe hacer la Fiscalía, que es el organismo público encargado que ya tiene los casos sobre la mesa".

El abogado desacredita el trabajo de organizaciones como el Foro Penal, porque -según dice- están financiadas por EE.UU. y la Unión Europea en su búsqueda de mostrar al Estado venezolano como presunto violador de los derechos humanos.

"Entidades como la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) dedican miles de millones para financiar organizaciones en todo el mundo", señala Saltrón, algo que además sería ilegal bajo una ley de 2010 que impide la financiación internacional de ONGs en Venezuela.

Sin embargo, Saltrón admite que no hay evidencia para demostrar que el Foro Penal esté financiado por organizaciones internacionales.

"Eso es tan evidente que ya no hay que probarlo", asegura.

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