Venezuela: los obstáculos del juicio al líder opositor Leopoldo López

Mujer apoya a Leopoldo López Derechos de autor de la imagen BBC World Service
Image caption Desde la cárcel, Leopoldo López se ha vuelto cada vez más popular, según encuestas.

Han pasado nueve meses desde que Leopoldo López se entregó a las autoridades y su juicio parece inmóvil.

El tribunal, que lleva un mes cerrado, solo ha escuchado a 12 de los 108 testigos, las audiencias han sido diferidas cuatro veces y el líder opositor venezolano se ha negado a asistir a las últimas dos sesiones.

Este martes está pautada una nueva audiencia, la undécima en caso de que se realice, para la que una vez más se ha establecido un cordón militar en las calles aledañas al Palacio de Justicia, en el centro de Caracas.

Leopoldo López es el preso -"preso político" o "político preso", según quien haga la evaluación- más importante de Venezuela: arrestado en medio de las masivas protestas antigubernamentales de este año, desde entonces ha ido subiendo en las encuestas hasta convertirse en el político con más aceptación en el país (por encima del presidente, Nicolás Maduro, y el opositor Henrique Capriles).

Pero su popularidad puede no servirle de nada si la justicia lo mantiene preso.

López es acusado de incitar la violencia que dejó tres muertos y varios daños en una protesta opositora el 12 de febrero frente a la sede de la Fiscalía en el centro la capital.

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El caraqueño de 43 años fue uno los políticos que convocaron la movilización. La justicia debe decidir si sus actos tienen vínculo con los daños que ocurrieron ese día, cuando comenzó una ola de manifestaciones que duró meses y se saldó con 43 muertos y más de 3.500 detenidos.

Los cargos de los que la Fiscalía lo acusa son cuatro: instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir.

Aunque los juicios largos e intrincados son comunes en Venezuela y otros países, el de López se ha vuelto un símbolo para quienes en Venezuela se quejan de una "justicia injusta".

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Image caption Juan Carlos Gutierrez, el abogado de López, dice que el juicio contra López está "lleno de vicios legales".

Aislado en una cárcel militar

Durante estos nueve meses el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, se ha vuelto una figura frecuente en los medios por sus constantes denuncias de la supuesta violación del debido proceso en el caso.

El primer elemento, según Gutiérrez, es que López esté recluido en una cárcel militar: Ramo Verde, en las afueras de Caracas, el mismo lugar donde se encuentran los políticos opositores Daniel Ceballos y Enzo Scarano, exalcaldes también arrestados durante las protestas de febrero.

"Que un civil esté en una cárcel militar no es más que una prueba de que son presos políticos", dice Gutiérrez, que añade que tampoco hay razones para que estén en celdas aisladas de los demás reclusos.

López ha estado en esa sección de aislamiento cuatro de los nueve meses que lleva preso como castigo por diferentes irregularidades que, según las autoridades de la cárcel, ha cometido, como hablar con la prensa, realizar protestas dentro de la prisión y dar órdenes políticas a sus compañeros de partido.

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Image caption Cada audiencia, seguidores de López lo acompañan en las calles cercanas de Tribunales.

No son actos prohibidos por una orden judicial concreta, pero al estar en una cárcel militar, López "está sometido a un régimen arbitrario", dice Gutiérrez.

El abogado, por otro lado, denuncia que López, Ceballos y Scarano han sido sometidos a torturas.

Tras una protestas conjunta que hicieron desde sus celdas -una al lado de la otra-, soldados les lanzaron bolsas llenas de excrementos y orines, dice Gutiérrez.

Y añade: "Tenemos una prueba de un cartel que estaba pegado en el cuarto de Ceballos donde quedaron restos orgánicos que la Fiscalía tendrá que analizar", dice a BBC Mundo, mientras sostiene una bolsa cerrada con los restos del supuesto cartel al que hace referencia.

Sin despacho, tras informe de la ONU

El tribunal que lleva el caso cumple un mes "sin despacho", o en cese de actividades, pero no se sabe -de manera oficial- por qué.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dice que es por la ausencia del implicado: "Este ciudadano se ha negado a trasladarse a los tribunales, entonces no es imputable a los tribunales la no realización de la audiencia", dijo.

Y, en efecto, el político opositor decidió no volver a los tribunales hasta que la corte emita una declaración sobre el informe del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que recomendó al gobierno la "liberación inmediata" de López.

Pero la justicia venezolana ha dicho que no están violando ni el debido proceso ni sus derechos humanos. De hecho, en general, los funcionarios han defendido los avances del sistema judicial en el respeto al debido proceso y la garantía de jueces imparciales.

Y desde el gobierno venezolano calificaron el informe de la ONU como un "acto de injerencia".

Durante su reciente participación en la XXII Asamblea General dela Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la fiscal Ortega aseguró que "eso es parte de una matriz de opinión para atacar al Estado venezolano"

Pero la defensa piensa otra cosa: "El documento (de la ONU) certifica que hay una violación de pactos internacionales, por lo que Leopoldo debe ser liberado, porque nuestra Constitución dice que si se vulneran pactos internacionales y hay una persona en la cárcel, esa persona debe ser liberada", dice.

El cierre del tribunal que lleva el caso se produjo poco después de la recomendación de la ONU, y medios locales reportaron de manera extraoficial que la juez, Susana Barreiros, decidió suspender las diligencias mientras emite una declaración sobre el informe.

Sin pruebas, pero optimistas

Otra de las denuncias de Gutiérrez sobre el caso es que ninguna de sus pruebas o testigos fueron aceptados por la Fiscalía ni por el Tribunal Supremo de Justica para ser tratados durante el juicio.

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Image caption El mapa del centro, los expedientes y el informe de la ONU son los documentos de Gutiérrez usa como evidencia.

Según las autoridades, dichas evidencias eran innecesarias.

Por esto, los testigos que se están escuchando en las audiencias vienen del acusador, y la mayoría de ellos son funcionarios de la Fiscalía y la policía.

"El 96% de las pruebas son de la víctima, de quien acusa, lo que resulta en un grave conflicto de intereses que se traduce en faltas a la ética, uno de los principios fundamentales de nuestra constitución", dice Gutiérrez.

Y se queja de otro de los elementos del caso: que los dos analistas que estudiaron los tuits y discursos de López con los que se busca probar su vínculo con las muertes y los daños al edificio de la Fiscalía son defensores públicos del gobierno chavista y militantes de organizaciones asociadas al oficialismo.

Gutiérrez, sin embargo, se muestra optimista: "A pesar de estar jugando un juego absolutamente desequilibrado, todas las pruebas van a demostrar que Leopoldo López no tuvo nada que ver con las muertes del 12 de febrero".

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