El Salvador: capturan a 3 de los militares acusados de asesinar a 6 jesuitas en 1989

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Image caption La PNC desplegó un fuerte operativo en la Colonia Arce de la capital.

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador capturó este viernes a tres de los 17 militares acusados del asesinato de seis sacerdotes y dos empleadas domésticas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador.

La PNC desplegó un fuerte operativo en la Colonia Arce de la capital, cercana al Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña y conocida como la "colonia de los militares".

Fuentes policiales confirmaron al diario digital salvadoreño El Faro la captura del sargento Tomás Zárpate de Castillo, del subteniente José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y del coronel Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar.

El arresto tiene lugar un mes después de que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de España reiterara la vigencia de una alerta roja emitida a la Interpol con difusión internacional para su captura.

El 5 de enero Velasco envió una copia de la órdenes de captura a la PNC para que las hiciera efectivas.

Velasco ya había emitido una orden de captura a mediados de 2011, pero en agosto de ese año los militares lograron refugio en un cuartel de la Fuerza Armada Salvadoreña.

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Image caption La captura es un paso previo para que España pueda pedir la extradición.

La detención de los militares es el paso previo para que España —donde hay abierto un proceso contra ellos en la Audiencia Nacional—, pueda pedir una extradición a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

Decisión de la CSJ

Un magistrado de la CSJ— que accedió a hablar solo desde el anonimato— dijo a El Faro que ahora la PNC deberá remitir a los militares a la CSJ, y la Corte Plena (compuesta por 15 magistrados) tendrá que designar a un juez administrador del proceso.

Una vez que España solicite la extradición —algo que aún no ha ocurrido—, la Corte Plena deberá deliberar si esta procede o no.

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Image caption Ahora la policía tendrá que remitir los militares a la Corte Suprema de Justicia. (En la imagen, el abogado defensor Lisandro Quintanilla).

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, rector de la universidad, Ignacio Martín-Baró, vicerrector académico, Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Juan Ramón Moreno, director de la biblioteca de teología, Amando López, profesor de filosofía, y el salvadoreños Joaquín López y López, fundador de la universidad y estrecho colaborador.

Y también las empleadas domésticas salvadoreñas Elba Ramos y Celina Ramos.

La masacre de los "ocho mártires de la UCA" causó una ola de indignación en el mundo y aumentó las presiones de la comunidad internacional para que el gobierno y la guerrilla iniciaran un diálogo para poner fin a la guerra.

Una comisión de la verdad bajo el auspicio de la ONU determinó que el asesinato fue ordenado por militares de alto rango, pero ningún general fue encarcelado.

En 2009 la Audiencia Nacional de España anunció que investigaría el asesinato de los jesuitas, cinco de ellos españoles.

Dio trámite a una querella presentada en noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que acusaba a 14 militares salvadoreños de ser los autores de la masacre.

La acusación, además, incluía a Alfredo Cristiani, quien era presidente de la República por el partido Alianza Republicana Nacinalista (Arena, quien también gobierna hoy) al momento del crimen.

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